La CUP busca forzar que se debata su nueva ley para blindar el catalán en la escuela durante el próximo pleno

La decisión del TSJC de anular parcialmente el decreto que blindaba el catalán en la escuela será una de las cuestiones que se encontrarán los diputados cuando regresen al Parlament este martes, después del parón de Semana Santa. A pesar de que el Govern ya ha confirmado que no tendrá "ninguna afectación inmediata" ni "alterará la actividad ordinaria" de los centros, como mínimo hasta que se pronuncien sobre la cuestión el Supremo y el Constitucional, la Junta de Portavoces convocada esta mañana deberá abordar almenos dos peticiones relacionadas con este asunto. Por un lado, la petición de Junts de que el president Salvador Illa comparezca en el pleno para explicar cómo actuará la Generalitat ante este fallo y, la segunda, la ley presentada por la CUP para reforzar el modelo de inmersión lingüística.

Se trata de una norma que los anticapitalistas registraron en julio de 2025 y que, desde entonces, está guardada en un cajón. Ahora, sin embargo, quieren forzar su votación en el pleno y, en la reunión de este martes, los representantes de la formación prevén pedir que se incluya en la próxima sesión, que debe celebrarse entre el 14 y el 16 de abril. Fuentes de la CUP consultadas por EL PERIÓDICO reconocen tener negociaciones abiertas con los grupos partidarios del modelo de inmersión lingüística para que, al menos, permitan el debate.

De momento, cuentan con el apoyo de Junts, pero esperan tener el visto bueno de PSC, ERC y los Comuns para incluir la norma en el orden del día. Precisamente, los posconvergentes y anticapitalistas son los dos partidos independentistas que se desmarcaron del Pacte Nacional per la Llengua -que sí firmaron PSC, ERC, Comuns y otras entidades como Òmnium-, en parte, porque no se incluía un plan para hacer frente a sentencias contrarias a la inmersión.

Otra cosa es que el texto legislativo prospere. De momento, PSC, PP y Vox han presentado enmienda a la totalidad, por lo que la norma no lograría superar ni el primer trámite. Estos tres partidos suman 68 diputados, el umbral que marca la mayoría absoluta de la Cámara. Sin embargo, los cupaires aún no dan la ley por perdida y confían en poder convencer a los socialistas para que retiren el veto. Esto no garantizaría un apoyo posterior, pero sí permitiría empezar a trabajar con una nueva norma.

Derogación de la ley de 2022

La principal discrepancia que existe en estos momentos entre los partidos es que la propuesta de la CUP deroga la ley que aprobaron en 2022 PSC, ERC, Junts y los Comuns. "No quieren que se derogue porque es reconocer que esta norma fue un error, pero está claro que no ha servido", advierten las mismas fuentes anticapitalistas. Los cupaires aseguran estar dispuestos a negociar con la mayoría parlamentaria para lograr que la ley prospere, pero advierten que suprimir esta parte desvirtuaría la norma y el objetivo que se perseguía con ella.

"Proponemos un cambio de marco jurídico porque este está impugnado al TC, si no existe la ley no se puede emitir sentencia", justifican desde el grupo parlamentario. Aseguran que se trata de una "ley preventiva" redactada conjuntamente con letrados de Plataforma per la Llengua y que tiene como objetivo principal evitar una sentencia del Constitucional contra la vehicularidad del catalán. La voluntad inicial de la CUP era tramitarla por vía de urgencia y por lectura única para adelantarse al tribunal, pero ante la falta de apoyos, están de acuerdo con ceñirse al procedimiento legislativo habitual.

La ley aprobada en 2022 ya buscaba, justamente, encajar la primera sentencia del TSJC que fijaba en un 25% la actividad lectiva de las aulas que se tenía que hacer en castellano. La respuesta de PSC, Junts, ERC y los Comuns, tras varios tira y aflojas, fue aprobar un texto que establecía el catalán como lengua vehicular, pero calificaba el castellano de lengua curricular y educativa. Apostaban por no fijar porcentajes, pero obligaban a los centros a elaborar su propio proyecto lingüísticos adaptándose a la realidad de cada centro. Posteriormente, el Departament d'Educació debía validarlos.

La norma de la CUP busca derogar este planteamiento, pero incorpora algunos elementos de él que considera positivos, especialmente del decreto posterior a la ley, y que ya no contó con el apoyo de los socialistas. Por ejemplo, se mantienen los proyectos lingüísticos diferenciados por centros, aunque con más supervisión, o la prueba acreditativa de nivel al terminar la ESO. Según la formación, más allá de contrarrestar las sentencias judiciales que cuestionan la inmersión lingüística, la nueva ley debería "blindar" también el conocimiento y uso diario de la lengua por parte del alumnado.

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