Junts, ERC, Comuns y CUP exigen al Govern que rectifique sobre los incentivos a las altas médicas en los CAP: "Es una mala praxis"

El nuevo sistema de incentivos impulsado por la Conselleria de Salut para reducir la duración de las bajas médicas en los CAP mantiene abierto el frente político en el Parlament. Junts, ERC, Comuns y la CUP han vuelto a cargar contra el Govern, al que acusan de "pervertir" el sistema sanitario y de incurrir en "mala praxis" al vincular financiación y objetivos a las altas médicas. Incluso el partido liderado por Jéssica Albiach ha puesto como condición para su apoyo a los presupuestos que se revierta el modelo.

El programa, ya en marcha, prevé destinar un 5% adicional de recursos a aquellos centros de atención primaria que logren reducir los tiempos de baja en patologías especialmente frecuentes, como las musculoesqueléticas y las de salud mental. La medida se enmarca en una estrategia más amplia del Govern para contener el aumento de las incapacidades temporales, que en Catalunya alcanzaron los 2,3 millones en 2024, casi el doble que hace una década.

Desde el Executiu defienden que los incentivos no responden a criterios económicos y subrayan que los fondos se destinan exclusivamente a financiar pruebas diagnósticas en los centros, no a retribuir directamente a los profesionales. También recuerdan que pagar pluses por altas médicas ha sido considerado ilegal por los tribunales en otras comunidades autónomas. Sin embargo, las explicaciones del Govern siguen sin convencer ni a la oposición ni a sus socios de investidura, con los que Salvador Illa negocia los presupuestos.

Los Comuns han advertido de que la Generalitat está en "alerta roja" por esta cuestión y han condicionado su apoyo a las cuentas a que se revierta el modelo. ERC, por su parte, aunque con un tono menos contundente, también ha criticado la medida y ha acusado al Govern de "mala praxis". Su portavoz, Ester Capella, ha confiado en un cambio de rumbo, pero ha lanzado una advertencia: "Es una exigencia, no pueden hacer lo que están haciendo. Si no rectifican, haremos lo que tengamos que hacer".

Los Comuns lo vinculan a los presupuestos

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha recordado que su formación ya pactó con el Govern -en el marco de unos presupuestos finalmente retirados- que las condiciones económicas de médicos y CAP no estarían vinculadas al número o duración de las bajas, algo que consideran que no se está cumpliendo con este plan. "No toleraremos un incumplimiento. No nos pueden dar gato por liebre; sabemos lo que pasa en los CAP, somos usuarios”, ha afirmado.

Cid sostiene que los incentivos sí acaban impactando en los salarios a través de mecanismos como los contratos programa o los objetivos de dirección, y ha instado a la consellera de Salut, Olga Pané, a "dejar de enredar", tanto a los grupos parlamentarios, como al propio president Illa. Algo que también ha solicitado Laure Vega, de la CUP, quien ha pedido al jefe del Govern que diga si "mintió" cuando afirmó el pasado 17 de febrero en el pleno que las altas se daban "solo por criterios médicos" o si fue "engañado" por Pané.

El Govern seguirá su hoja de ruta

En respuesta, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que el plan seguirá adelante porque, a su juicio, cumple con los compromisos alcanzados con los Comuns. Aun así, ha abierto la puerta a retomar las negociaciones para "acotar" las discrepancias y ha asegurado que la consellera escuchará las "reflexiones" de los grupos. "Lo que se busca es poner recursos para que las pruebas médicas sean lo más rápidas posibles, pero las bajas solo obedecen a criterios médicos", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del consell executiu.

Sin embargo, las críticas van más allá de sus socios de investidura. Junts también ha criticado el enfoque del Govern y ha señalado que el problema de fondo no son las bajas, sino las listas de espera. "Incentivar altas es pervertir el sistema; lo que hay que hacer es reducir los tiempos para acceder a un traumatólogo o a un psicólogo", ha apuntado el portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés. Vega, de la CUP, también ha acusado al Govern de "mercantilizar" el derecho a la salud de los ciudadanos con los incentivos y de hacer "chantaje" a los profesionales para que faciliten las altas. Juan Fernández (PPC) y Joan Garriga (Vox) se han limitado a trasladar la "confianza" hacia los profesionales sanitarios.

El malestar trasciende el ámbito político. Parte del colectivo sanitario y los sindicatos mayoritarios han expresado su rechazo al programa, al considerar que puede generar competencia entre centros y favorecer decisiones clínicas condicionadas por objetivos. En cambio, las patronales han respaldado la medida.

Suscríbete para seguir leyendo