Joan Ridao: "El PSOE y el PP no tienen voluntad política para regular los lobis"

Joan Ridao (Rubí, 1967) es profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) y letrado del Parlament. Atesora una larga experiencia como diputado de la Cámara catalana y del Congreso. Recientemente ha publicado 'El Caso Sloane. Una lobby story' (Tirant lo blanc), un thriller político que, a partir de una trama en el Capitolio, analiza el papel de los lobbies en Estados Unidos -su funcionamiento, su regulación y sus límites- como vía para entender el sistema y sus mecanismos de influencia.

¿Qué es un lobby y qué hace?

Un lobby despliega una actividad de influencia o ejerce presión para operar cambios en las políticas públicas o en las normas, tanto las que adopta el Gobierno como las leyes que aprueban los parlamentos. Un elemento importante es la nota de profesionalismo, porque es una actividad formal y reglada. No solo intervienen corporaciones o grupos con intereses, sino también despachos y expertos en 'public affairs', es decir, gente que actúa como intermediaria y ejerce esa influencia por cuenta de otros.

Usted también habla del "lobbismo informal".

Sí. De hecho, en España funciona mucho, sobre todo cuando hay mucho potencial económico. Por ejemplo, las empresas del Íbex acuden directamente a dialogar con los poderes públicos. Por eso aquí faltaría, insisto, esa nota de profesionalismo. Una cosa es hacer lobby y otra cosa es ser lobista, que es el profesional que se dedica a esto. Luego hay que entender que no es lo mismo el lobbismo en Estados Unidos o en el mundo anglosajón que en Europa continental, y en particular en el caso español y catalán.

Como explica en el libro, en Estados Unidos el lobby está muy regulado. ¿Esto hace el sistema más transparente?

De entrada, en Estados Unidos el mundo del lobby está vinculado a un sistema político muy diferente del nuestro, en el que hay elecciones con mucha más frecuencia que aquí. Por ejemplo, en noviembre se renuevan casi 376 representantes y dos tercios del Senado, es decir, el país está permanentemente en campaña electoral. Además y, aunque hay algunos límites, no existen los que hay en Europa sobre la financiación de los partidos, de modo que el lobby está muy vinculado también a las campañas electorales.

¿Por qué ese modelo sería difícil de trasladar a España?

Porque la ley de patrimonio de 2003 prohíbe donaciones a las administraciones públicas y la ley de financiación de partidos impide a las empresas donar y limita las aportaciones de particulares. Por tanto, el lobbismo aquí debe entenderse de otra manera. Tenemos elementos similares, como el registro obligatorio, pero los incentivos son distintos. Aquí se trata más de facilitar el contacto con los decisores públicos, el acceso a instituciones o la participación en actividades, aunque eso no siempre incentiva que las empresas se registren y favorece que exista lobby al margen de la regulación, lo que hablábamos del lobbismo informal.

España no ha regulado su actividad, pero Catalunya sí, en 2014.

El caso español es especialmente doloroso porque ya en la Transición, con Manuel Fraga, se intentó regular los lobbies en la Constitución. Después ha habido iniciativas durante años, incluso proyectos de ley, pero la de integridad pública, que regula muchas cuestiones como la transparencia o los alertadores, está ahora encallada en el Congreso. No hay una ley estatal a pesar de que el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) lo ha pedido insistentemente.

Catalunya fue pionera en 2014, pero otras autonomías han avanzado con sistemas más modernos, como Asturias

¿Por qué cuesta tanto sacarla adelante?

No parece que haya voluntad política. El PP lo bloquea y el PSOE arrastra los pies, parece que tiene un interés muy relativo en que vea la luz. De hecho, está bloqueada por los partidos mayoritarios mediante prórrogas constantes que impiden que avance la tramitación, y todo apunta a que no se desbloqueará esta legislatura. Y es una lástima, porque no solo responde a compromisos internos, sino también a directrices de la Unión Europea y del Consejo de Europa, que llevan tiempo insistiendo en la necesidad de regularlo. Catalunya fue pionera en 2014, pero otras autonomías han avanzado con sistemas más modernos, como Asturias.

¿Por qué son más modernos?

Su regulación es más precisa y, sobre todo, incorpora lo que se llama la huella normativa. Es decir, no basta con saber que ha habido reuniones, sino que hay que ver qué impacto han tenido. La huella normativa implica que, en la tramitación de normas, se indique qué cambios o aportaciones se han incorporado como resultado de esa influencia. Lo mismo debería aplicarse al ámbito legislativo, de modo que el expediente de una ley refleje cuál ha sido esa incidencia. No basta con conocer los contactos, sino que hay que transparentar su impacto real y así poder valorar la naturaleza de la actividad de influencia.

No basta con conocer los contactos, sino que hay que transparentar su impacto real

Usted, como letrado del Parlament, elaboró un informe para la Mesa en el que recomendaba incorporar estas mejoras en el reglamento de la Cámara catalana y en su Código de Conducta, que ya prevé la obligación de hacer públicas las reuniones de los diputados con lobbies.

Hay que poner en valor que Catalunya fue pionera en este tema. La Ley 19/2014 ya incorporó una regulación explícita sobre los grupos de presión, a diferencia del Estado, que en 2013 la omitió. Además, esa regulación tenía dos vertientes, porque se extendía al Parlament -que ejerció su autonomía reformando su reglamento- y también al ámbito de los gobiernos locales. A partir de ahí, se han hecho cosas positivas, pero hay aspectos a mejorar, como el ámbito subjetivo, el sistema de incentivos y, sobre todo, la cobertura normativa. El código ético del Parlament, para que se cumpla, debe tener rango legal e incorporarse al reglamento. En esa línea iba el informe, y me consta que hay iniciativas en marcha para hacerlo.

El código ético del Parlament, para que se cumpla, debe tener rango legal e incorporarse al reglamento

Usted fue durante un tiempo diputado en el Parlament y en el Congreso. ¿Vivió este contacto con el lobbismo?

Desde mi experiencia en el Congreso, sobre todo en la etapa de la crisis financiera, la presión del mundo económico y de las entidades financieras era muy grande. Además, en Madrid, por este vacío normativo tan clamoroso, hay un lobbismo informal muy importante, donde grandes empresas tienen acceso directo a los despachos. Y eso se nota especialmente cuando se traduce en normas. He visto cómo determinadas entidades financieras impulsaban cambios legales favorables a sus productos. Insisto, es una realidad muy heterogénea y, además, en España, el lobby profesional es todavía una dinámica bastante reciente.

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