El Govern pide una reunión al fondo de inversión que quiere desalojar el bloque de Sant Agustí de Barcelona

El Govern ha solicitado una reunión con el fondo de inversión neerlandés New Amsterdam Developers (NAD) que quiere desalojar a los vecinos del bloque de la calle de Sant Agustí de Barcelona el próximo 15 de abril. Así lo ha revelado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha anticipado también que, por ahora, no han tenido respuesta. El desahucio fue frenado por los vecinos el pasado 25 de marzo, al tiempo que el Executiu ha abierto un expediente sancionador que puede alcanzar cifras millonarias.

El caso de este bloque, ubicado en el barrio de Gràcia, en el que sus inquilinos denuncian que están siendo expulsados para trocear las viviendas y alquilarlas por habitaciones a precios por encima de los topes fijados, ha supuesto un punto de inflexión en la acción del Govern de Salvador Illa ante la acción de los fondos de inversión y una orden judicial de desalojo. No solo el president reaccionó con contundencia para oponerse "frontalmente" a esa expulsión y prometer medidas contra lo que definió como "conductas abusivas", sino que desde la conselleria se ha acelerado la tramitación de un expediente sancionador.

Una tramitación "rápida" de la multa

Paneque ha concretado este martes que en estos momentos están en la fase en la que la propiedad puede presentar alegaciones o responder ante el requerimiento de la Generalitat, pero ha prometido una tramitación del caso "lo más rápido posible". También ha recordado que la sanción mínima a la que se enfrenta el fondo es de un mínimo de 90.000 euros por piso que esté incumpliendo la ley, y que en el bloque hay un total de 23 viviendas.

Dispuesto a implicarse en el proceso para tratar de evitar el desahucio, el Govern ha solicitado ese encuentro con el fondo neerlandés, aunque ha admitido que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ya ha iniciado una negociación que espera que llegue "a buen puerto". Los Comuns ya han exigido, en el marco de la negociación presupuestaria que quieren reabrir, que se multe con 900.000 euros por piso, la cantidad máxima, para dar "ejemplo" con este bloque sobre lo que puede suceder si los propietarios se saltan la ley.

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