El exministro Fernández Díaz y su número dos imitan la estrategia de Ábalos y Koldo de acusar a los agentes de manipular pruebas en su contra

El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y su entonces 'número dos', Francisco Martínez, se coordinaron este lunes para imitar en el primer día del juicio de la Operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional, la estrategia que llevaron a cabo en el caso de las mascarillas que se juzga en el Tribunal Supremo el socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de acusar a los agentes que les han investigado de 'manipular' pruebas en su contra. En concreto, achacaron a los uniformados de la Policía haber incluido en la causa solo los audios que les perjudican, sin facilitar el resto de las grabaciones aprehendidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, algunas de las cuales, sospechan, podrían afianzar su defensa.

El letrado Pedro Colina, que defiende al ex secretario de Estado de Seguridad, apuntó que las defensas no solo han tenido "dificultades" para acceder a los audios en los que se basa la acusación, "sino a todo el material incautado. No hemos accedido a él. No sabemos si en ese material incautado hay algún archivo que favorezca a mi defendido. No lo sabemos ni nunca podremos saberlo", lamentó el defensor del número dos de Fernández Díaz, quien recalcó que "el acceso al material bruto forma parte del derecho fundamental de defensa y hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala esto".

En este sentido, a semejanza de la estrategia desarrollada por Ábalos y Koldo García durante las cuestiones previas del juicio del caso de las mascarillas, cuya vista oral arranca este martes en el Tribunal Supremo, Colina recordó que fue la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, "interesada en esta causa, porque algunos de los acusados pertenecían a dicha unidad", la que seleccionó "los audios que ha considerado conveniente, que le ha dado la gana y ha desechado otros. No sabemos con qué criterios".

Conexión Kitchen-mascarillas

Es precisamente este punto el que conecta las defensas de todos los investigados en el caso Kitchen -excepto la ejercida por el letrado Antonio Alberca en representacion del comisario principal y ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas- con el procedimiento del pelotazo de las mascarillas, en el que tanto el exministro de Transportes socialista como su lugarteniente denunciaron la supuesta indefensión que les produce la negativa del tribunal a facilitar todas las grabaciones que fueron descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda de Koldo García.

De forma idéntica, tanto Fernández Díaz como Francisco Martínez apuntaron a una indefensión por "no poder acceder a todo el material incautado y ver si allí se encontraban archivos que pudieran ser importantes para su defensa", relató Colina, quien secundado por la defensa del exministro completó que la decena de audios que les han facilitado no estaban "en bruto", sino que eran fruto de "una selección policial. Es la policía la que ha cogido párrafos, unos, otros, ha desechado. Este me gusta, este no me gusta. En esos audios se habla de todo, se habla de cosas que también parecen delictivas y, sin embargo, la policía no parece darle importancia".

"¿Qué criterio se ha seguido para esta selección?", se preguntó el propio Colina, quien insistió: "Una selección, además, por parte de alguien que consideramos que es interesado porque está implicado de alguna manera en los hechos o personas que aparecieron en esta Unidad han estado implicadas en los hechos. Eso a esta defensa pues le causa le causa un evidente indefensión", por la "imposibilidad de acceder a todo el material grabado y a este material en concreto grabado que solo hemos podido conocer por la selección aleatoria que ha hecho la policía o bueno, con criterios subjetivos mejor dicho".

Otras defensas

Pero no solo Fernández Díaz y Francisco Martínez pidieron este lunes la anulación de las grabaciones de Villarejo sobre la Kitchen. También secundaron esta reclamación el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el comisario Andrés Gómez Gordo, y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano,

En el mismo sentido, el abogado del ex secretario de Estado Francisco Martínez fue precisamente el que más detalló las, a su juicio, irregularidades cometidas durante la instrucción, que parten desde el momento en que se inició la causa a partir de “un hallazgo casual”. No obstante, añadió que “la policía fue a tiro hecho”, porque la operación Kitchen “ya estaba en la prensa”.

A partir de ahí, en línea con el abogado del exministro Fernández Díaz, lamentó que no hubieran podido participar en los interrogatorios del único imputado que admitió los hechos y que no será juzgado, el comisario Enrique García Castaño, tras haber sufrido un ictus, ya que ello les generó una indefensión que obedece a que “el derecho de defensa molesta”.

Incorporación tardía

También se quejó de que las “grabaciones de Villarejo con Francisco Martínez fueran incorporadas” a la causa a petición del fiscal “después de presentado el escrito de defensa”, Y ello, pese a que la policía certificó, a petición del juez Manuel García Castellón, que no se encontraban entre la “hemeroteca” intervenida a Villarejo.

Estas grabaciones de 2013 y 2014 fueron aportadas al procedimiento por el empresario imputado en el caso Leire y por la quiebra de su firma Zed, el empresario Javier Pérez Dolset, quién explicó que las había descargado del canal de Telegram del eurodiputado de 'Se Acabó la Fiesta' Luis Pérez, conocido como Alvise y con varias causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo. El abogado insistió en que ello supone que se deba entender que tienen un “origen desconocido” y su trazabilidad sea “nula”.

También apuntó que los audios han sido “incorporados a la causa de manera rocambolesca”, pues se ignora quién los grabó y quién los tiene, porque “no es Villarejo” ni su “defendido, sino un tercero conocido por todos”.

Pendrive del caso Pujol

En este punto se remitió al pendrive de origen ilegal que la policía intentó introducir en el caso Pujol, lo que impidió el juez instructor y que terminó con la condena del ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino, que comparte banquillo en Kitchen con Fernández Díez y el propio Martínez. El abogado señaló que en ese caso el Supremo declaró que se trataba de “una prueba que no es válida, por mucho que haya sido aportada por la policía”.

Añadió que “solo pueden ser pruebas válidas si cumplen una serie de requisitos”, entre los que figuran que “se sepa quién hace” la grabación y que “la conversación fluya de forma natural y no mediante interrogatorios dirigidos a obtener determinadas respuestas”, como considera que ocurrió en este caso, al ser Villarejo comisario de policía.

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