El PSOE trata de imputar a Cospedal y al PP en Kitchen, mientras Fernández Díaz pide anular el juicio

La abogada Gloria de Pascual, que representa al PSOE en el juicio de la Kitchen, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, ha presentado ante el tribunal, en el trámite de cuestiones previas, un incidente de nulidad, cuya finalidad es "la retracción de las actuaciones" al momento procesal oportuno para poder imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y al empresario que fue su marido, Ignacio López del Hierro, o que se abra "una instrucción suplementaria" al considerar que han surgido "elementos probatorios nuevos", en concreto, grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que les vinculan con el caso. Las defensas, por su parte, han reclamado la nulidad de las actuaciones; en el caso del exministro Jorge Fernández Díaz, por el tiempo que la causa estuvo bajo secreto.

El turno de cuestiones previas ha comenzado con la representación del PSOE, acusación que ha reclamado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y a los magistrados Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló que se considere al Partido Popular partícipe a título lucrativo del supuesto espionaje al que fuera su tesorero Luis Bárcenas para que este no tirara de la manta y no reconociera la existencia de una caja B en la formación política entonces encabezada por el expresidente Mariano Rajoy.

Gloria de Pascual ha argumentado que los audios en los que basa su petición de imputación se han incorporado después del auto de cierre de la instrucción y del que supuso la apertura del juicio oral, motivo por el que ahora los esgrime ante el tribunal para intentar lograr la imputación de Cospedal, pese a que esta pretensión ya se rechazó en instrucción en una decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “Los referidos elementos probatorios nunca han sido valorados por la autoridad judicial”, ha argumentado.

Los audios de Villarejo

La letrada ha insistido en que no ha tenido acceso a esos audios para poder realizar su escrito de acusación, porque no estuvieron a disposición de las partes hasta este mismo año. Su intervención ha sido interrumpida varias veces por la presidenta Teresa Palacios, que la ha instado a evitar leer el escrito que tenía preparado, dada la prioridad de la "oralidad" en los juicios y lo innecesario que resulta en el trámite de cuestiones previas el detalle con el que la abogada trataba de reproducir las fechas y contenido de los audios y otros elementos con los que proponía la imputación de Cospedal.

"Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la misma, desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”, ha afirmado la abogada para señalar que en ellos consta la reunión que Cospedal mantuvo en septiembre de 2014, en su despacho en la sede del PP, con Villarejo en la que se trataron temas como la captación del que era chófer de Bárcenas, el también acusado Sergio Ríos, a cambio de un pago de 2.000 euros al mes.

Una presidenta, muy activa

La presidenta del tribunal no le ha dejado formular una crítica a la Fiscalía Anticorrupción o a la Abogacía del Estado. “Perdone, no es correcto que se dirija así a la Abogacía del Estado, que se sienta justo a su lado”, le ha dicho a la acusación que ejerce al PSOE, después de que la letrada calificara de “sorprendente” que no se investigaran ciertos aspectos, por los que considera que las acusaciones “ha hecho dejación de funciones” y ello ha supuesto que en el banquillo no se sienten todos los que considera que deberían estar.

Después le ha tocado a las defensas, y, en concreto, a Javier Navarro Gonzalo, abogado de Ríos, cuando ha tachado a la Fiscalía Anticorrupción de "muy tosca y muy incisiva". "Como todos los organismos, la Fiscalía Anticorrupción tiene defectos, pero no le voy a permitir dirigirse a ella en esos términos", le ha regañado Palacios.

El tono intervencionista de Palacios se ha repetido con las defensas. "Creo que de las veces que hemos coincidido no puede decir que no se le haya permitido hablar", le comentó al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. También ha adelantado un previsible rechazo de la petición de Antonio Alberca, en representación del que era jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, para que se siente a su lado. "Hasta la fecha no se ha hecho como usted pretende. Que sea bueno y necesario no" significa que sea "preceptivo, porque la ley no nos obliga; distinto es que lo barajemos", le ha indicado.

Fernández Díaz

El primer abogado defensor en intervenir ha sido Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos relativos a la falta de conexidad de la Kitchen con el resto del caso Tándem, en el que se han investigado los encargos realizados al excomisario José Manuel Villarejo a través de su entramado empresarial, Cenyt. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada. Nunca se debió incoar una pieza separada, porque nunca hubo un encargo a Cenyt", ha insistido.

Pero la alegación principal de la defensa del exministro ha pasado por señalar que la causa ha tenido “dos años y siete meses de instrucción y ha estado en secreto total durante dos años y seis meses", por lo que debe decretarse "la nulidad de todos los autos", dictados con "inexistente motivación, al acordar la apertura de la causa y su secreto”, en referencia a que después de levantarse el secreto de la pieza Kitchen se mantuvo todavía en reserva una "subpieza", relativa al chófer de Bárcenas. Ello supondría anular el procedimiento.

En el caso más que probable de que se rechace esa petición, ha reclamado la “nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, por haberse apartado del relato fáctico de los hechos que no se incluyeron en el auto de transformación a procedimiento abreviado”, en referencia a la entrada de un falso cura a la vivienda de Luis Bárcenas que retuvo a su esposa e hijo. Los delitos que deberían ser expulsados del procedimiento, según el letrado de Fernández Díaz, son los de coacciones, amenazas, lesiones y allanamiento de morada.

Audios controvertidos

Pedro Colina, en defensa del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, se ha sumado a las cuestiones planteadas por la defensa del exministro, como también ha hecho a continuación Jorge Hernansanz, en nombre del ex director operativo de la policía Eugenio Pino, y han ido haciendo el resto de defensas, aunque cada uno se centraba en los extremos de la instrucción que más les perjudica.

Colina ha añadido que las tres conversaciones grabadas de 2013 y 2014 que habría mantenido Martínez con Villarejo carecen de "espontaneidad" y en ellas solo habla el excomisario, que por su condición sabe cómo preguntar. Ha alegado que esos audios fueron aportados por el empresario imputado en el caso Leire Javier Pérez Dolset, pero no se incluían entre la abundante "hemeroteca" incautada en el domicilio del principal imputado; solo estaban en el canal de Telegram del eurodiputado Luis Pérez, Alvise. Ello supone que tengan "cero trazabilidad", dada su "rocambolesca" inclusión en la causa, y supone que no reúnan las características necesarias para ser prueba.

El abogado ha recordado la sentencia del Supremo que confirmó la condena de Pino por la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol. "El Supremo dice que no es una prueba válida, por mucho que haya sido aportada por la policía", ha señalado para compararlo con los audios, cuya nulidad plantea: "Es una prueba irregular. Y por mucho que la aporte la policía no se convierte en una prueba válida".

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