Estas son las penas que pide Anticorrupción en el juicio de la Kitchen

Sin perjuicio de los cambios que pueda hacer una vez celebrado el juicio que comienza este lunes, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, y eleva su petición de pena a 19, para el excomisario José Manuel Villarejo, por los mismos delitos más el de cohecho. El ministerio público atribuye a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy el dispositivo ilícito parapolicial montado en torno al extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle la documentación comprometida para el partido de la que disponía de cara al caso Gürtel. Estas son las claves del escrito de acusación fiscal:

Hechos y penas

La Fiscalía Anticorrupción considera que "en la primera mitad de 2013, desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezada por Fernández Díaz, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad (para el que pide 15 años), y Eugenio Pino, director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía (15 años), se ideó, sin que pueda descartarse la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales -documentos almacenados en cualquier clase de soporte, incluidos dispositivos informáticos y telefónicos- que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional" conocido como caso Gürtel.

Participaron varios comisarios para los que los fiscales piden distintas penas: Marcelino Martín Blas (dos años y medio de prisión), Andrés Manuel Gómez Gordo (15 años) y Sergio Ríos Esgueva (12 años y 5 meses), que era el chófer del extesorero. Enrique García Castaño no será juzgado, tras sufrir un ictus.

Los ausentes

Anticorrupción no menciona a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal más que a la hora de contar que el acercamiento con Ríos fue posible gracias a Gómez Gordo, policía de su máxima confianza y al que nombró director general de Documentación y Análisis de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando ella fue la presidió. Tanto ella como el que era su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quedaron fuera del procedimiento por decisión del juez Manuel García-Castellón, lo que fue refrendado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al negarse a reabrir las actuaciones para imputarles, tras conocerse nuevos audios con Villarejo, pese a la petición en ese sentido de todas las acusaciones personadas en la causa. Su sucesor el Juzgado Central de Instrucción número 6, el juez Antonio Piña, también rechazó imputarla.

La fiscalía no acusa a los policías José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, colaboradores en su día de Pino, al no constar su participación en el dispositivo ilegal. Otras acusaciones, en cambio, sí lo hacen.

Fondos reservados malversados

Contactar con Ríos era importante, porque "en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas" para ella como "acudir a oficinas bancarias, trasladar documentación a abogados o notarios o guardarles en momentos puntuales efectos personales como el teléfono móvil". A cambio de 2.000 euros mensuales de los fondos reservados, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, informó de forma exhaustiva e individualizada a Gómez Gordo, Villarejo y García Castaño sobre "las citas o reuniones que celebraban Bárcenas -mientras estuvo en libertad- y su esposa, Rosalía Iglesias".

A los 54.000 euros que recibió Ríos hay que sumar los 3.242 que cobró el propio Villarejo en concepto de gastos, así como la licencia de armas y la pistola de 700 euros que se regaló al chófer. Lo que no consta, según la fiscalía, es que le introdujeran en el cuerpo de policía. El excomisario, además, dentro del entramado empresarial que mantenía en paralelo, pidió 15 millones de euros a un abogado de la Gürtel por su colaboración profesional.

A los fondos reservados gastados hay que sumar que Pino ordenó a Martín-Blas, al frente de Asuntos Internos, montar un dispositivo policial de vigilancia sobre la familia que se solapó con el que preparó la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de García Castaño. En este último llegaron a participar ocho inspectores jefes de Grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes de la Policía.

Audios de Rajoy y Arenas

Según Anticorrupción, al taller de la calle General Díez Porlier, de Madrid, utilizado por Rosalía Iglesias, Bárcenas trasladó "documentación mercantil, financiera y contable que podía resultar incriminatoria para el PP y sus máximos dirigentes" que hasta marzo de 2013 había guardado en la sede principal del partido.

Los imputados "sospechaban que podían encontrarse los archivos de audio con conversaciones mantenidas con dirigentes del PP, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Bárcenas sugería que había grabado". Por eso García-Castaño se coló en el local, aunque no consta que cogiera algo. Sí copió en un pendrive la información que había en dos teléfonos y una tableta de Bárcenas que le proporció Sergio Ríos y que el comisario entregó a Fernández Díaz y a Martínez.

Villarejo, además, se hizo con "anotaciones manuscritas que Bárcenas había hecho en sus agendas sobre citas con terceros o sobre cifras dinerarias, con facturas emitidas al PP por diferentes conceptos, con contratos celebrados por el PP relativos a servicios aéreos, con cuadros de contabilidad elaborados por Luis Bárcenas, con justificantes de pagos y transferencias e incluso con un presupuesto para una campaña electoral del Partido Popular". La documentación que llegó a su poder la guardaron como medio para protegerse.

Objetivo: salvar al PP

El dispositivo ilegal, según los fiscales, solo tenía un objetivo: impedir que la documentación de Bárcenas llegara al caso Gürtel, para que "tanto el Partido Popular como sus dirigentes no tuvieran que hacer frente a eventuales responsabilidades penales que de los mismos se pudieran derivar". Por eso también se neutralizó un intento de Bárcenas de recuperar información en la nube mientras estuvo preso y ningún dato se trasladó a los investigadores de la trama corrupta. No obstante, los acusados crearon "el artificio de que el sistema de inteligencia criminal detectara que la investigación (se) cruzaba con la investigación" de la Gürtel.

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