Cambio en las políticas de vivienda
El PP propone en Barcelona ayudas y avales municipales para prevenir desahucios y reducir el gasto en alojamientos de emergencia
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El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. / JORDI OTIX
Por qué confiar en El Periódico El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto este domingo un paquete de medidas centradas en la prevención de desahucios, entre ellas ayudas directas de urgencia para cubrir deudas de alquiler y avales municipales temporales que faciliten acuerdos entre inquilinos y propietarios y eviten la rescisión de contratos.
Asimismo, el líder del PP de Barcelona plantea reducir el uso de operadores turísticos privados en la gestión de alojamientos de emergencia con el objetivo de reservar estos recursos para los casos en los que no haya sido posible una intervención previa. En este contexto, Sirera ha reclamado un cambio "urgente" en la gestión de los alojamientos de emergencia, para apostar por un modelo orientado a la prevención y a una mayor eficiencia del gasto público.
Según ha señalado, el Ayuntamiento destina actualmente unos 4.000 euros mensuales por familia (unos 1.000 por cabeza) a soluciones habitacionales de emergencia -en muchos casos gestionadas por operadores privados, denuncia el PP-, pese a que esas mismas familias fueron desahuciadas previamente por no poder asumir alquileres cercanos a los 800 euros al mes. A su juicio, esta situación evidencia una desproporción en el uso de recursos públicos. "Estamos ante una contradicción evidente que refleja un fracaso sistémico en la gestión de los recursos públicos”, ha afirmado.
El dirigente popular ha indicado que el consistorio puede llegar a gastar en un solo mes el equivalente a cinco meses del alquiler original de las familias afectadas. Además, ha advertido del incremento del gasto en este ámbito, que ha pasado de 32,6 millones de euros en 2022 a 38 millones en la actualidad, según sus cálculos, lo que supone más de 100.000 euros diarios.
Sirera ha criticado que el gobierno municipal actúe principalmente después de que se produzca el desahucio, en lugar de intervenir cuando las familias aún pueden conservar su vivienda. En este sentido, ha defendido que la prevención permitiría un uso más eficiente de los recursos disponibles. A su juicio, este modelo es “ineficiente”, no mejora las condiciones de vida de los hogares vulnerables y acaba beneficiando a empresas privadas que gestionan estos alojamientos.
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