La inmigración, de cerca: los alcaldes explican cómo blindar la convivencia a un año de las elecciones

Un año. Este es el tiempo que queda para que los vecinos catalanes acudan a las urnas y decidan qué futuro quieren para su localidad. Unas elecciones municipales que se celebrarán en pleno auge de la extrema derecha y con la sensación de que el debate sobre cómo integrar a la población extranjera sigue sin resolverse. Ante una realidad cada vez más diversa, los alcaldes -los gobernantes que trabajan en primera línea- ya están aplicando fórmulas para preservar la convivencia frente al crecimiento sostenido de discursos de odio y en un clima de alto voltaje político: en los plenos municipales, en el Parlament, en el Congreso y, especialmente, en las calles.

EL PERIÓDICO se ha propuesto acercarse a la realidad municipal para que los ediles y los vecinos relaten sus experiencias ante el fenómeno migratorio, pero también los principales desafíos sociales de sus ciudades que lastran la convivencia y el día a día de sus residentes, como la falta de vivienda o los problemas de movilidad. En enero, este diario publicó cinco entrevistas a los alcaldes de Vic, Mataró, Amposta, Sant Cugat del Vallès y El Vendrell, acompañadas de una serie de reportajes sobre el terreno -con la voz de los vecinos- que permitían aportar el contexto necesario de la realidad que allí se vive.

'La inmigración, de cerca', este ciclo de artículos, amplía ahora su radio para mirar de cerca la realidad de Granollers, El Prat de Llobregat, Manresa, Santa Coloma de Gramenet y Figueres, entrevistar a sus responsables y escuchar a sus vecinos. Todo ello el mismo mes que dará inicio la regularización masiva del Gobierno que permitirá que medio millón de personas sin papeles puedan poner en regla su situación legal en España.

Un debate equilibrado

Todos los ediles consultados reconocen que sus censos han crecido de forma notable en los últimos años y que ello debe ir acompañado de más recursos, pero también de una labor pedagógica que ponga límites a los discursos que señalan a la inmigración como responsable de todos los males de la sociedad y que se trasladan en un crecimiento de partidos como Vox y Aliança Catalana en las encuestas. El último barómetro del CEO refleja que una mayoría de catalanes (68%) percibe la inmigración como un problema, una opinión especialmente extendida entre jóvenes y votantes de extrema derecha. Sin embargo, gran parte de la población reconoce la contribución positiva de la inmigración (68%) y considera exagerado el discurso alarmista (70%), lo que lleva a muchos alcaldes a pedir un debate más equilibrado y sin prejuicios.

"Las ciudades metropolitanas nos hemos hecho gracias a la inmigración; el dato mata el relato", declara Alba Bou (Comuns), alcaldesa de El Prat. En la misma línea, Marc Aloy (ERC), de Manresa, reconoce que los servicios sociales "están tensionados", pero descarta que la causa sea la llegada de nuevos residentes. Mireia González (PSC), edil de Santa Coloma de Gramenet, se propone ser "útiles para los ciudadanos" como antídoto frente a la extrema derecha, mientras que Jordi Masquef (Junts), alcalde de Figueres, apuesta por gestionar con más "pragmatismo" la llegada de inmigrantes y defiende un mayor control sobre el uso del padrón desde los entes locales.

A la espera de los presupuestos

Diferentes realidades y un desafío común: hacer prevalecer la convivencia en sus calles. Pero para lograrlo es necesario acelerar la respuesta a los problemas que deterioran el día a día de los vecinos y aumentan su malestar y desconfianza con las instituciones. "Resolver temas como la vivienda es la mejor manera de hacer frente a la extrema derecha", apunta, por su parte, Alba Barnusell (PSC), alcaldesa de Granollers. Todos ellos sitúan el mayúsculo problema de la vivienda -primera preocupación de los catalanes, según el CEO- como la piedra angular de la crisis social que atraviesan sus municipios. Una inquietud que, si bien ya señalaban los alcaldes entrevistados en la pasada edición, cobra aún más relevancia en este nuevo ciclo ante la retirada de los presupuestos de la Generalitat -que se estaban tramitando en el Parlament- el pasado mes de marzo.

Alcaldes de todos los colores políticos y territorios de Catalunya esperan ahora que PSC y ERC logren un acuerdo que permita actualizar las cuentas y dar un respiro a unos municipios que deben hacer frente a la falta de vivienda. Sin embargo, el retraso de los presupuestos -sin garantías aún de que se acaben aprobando- ha reabierto una herida que hace tiempo que supura en el mundo local. "Los ayuntamientos están infrafinanciados", denuncian los alcaldes a EL PERIÓDICO. Y, aunque difieren en el papel de la Generalitat a la hora de apoyarlos, coinciden en urgir a los partidos del Parlament a alcanzar un acuerdo que permita inyectar recursos, acelerar políticas públicas y dar respuesta a una carencia estructural de vivienda.

No solo eso. También reclaman garantizar el transporte público en sus municipios. Desde la última entrega de ‘La inmigración, de cerca’, la crisis de Rodalies ha irrumpido de lleno en el debate político y social, especialmente tras el accidente de Gelida del pasado enero. La red ferroviaria, infrafinanciada por parte del Estado y con carencias arrastradas durante años, es una de las prioridades de alcaldes de todas las siglas, que reclaman inversiones, mantenimiento y una mejora urgente del servicio. Rodalies es la columna vertebral de la movilidad pública en Catalunya para muchos vecinos que, expulsados por el elevado precio del alquiler en la gran Barcelona, buscan alternativas residenciales en el extrarradio.

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