Catalunya permitirá la participación política a menores y plantea pagar por votar

El Govern de la Generalitat prevé aprobar este martes el proyecto de ley de participación ciudadana, que regulará por primera vez de manera integral el derecho de la ciudadanía a intervenir en las políticas públicas de Catalunya. El texto reconoce la participación universal, también de los menores y de personas sin derecho a voto, y prevé medidas para favorecerla, como servicios de cuidados, accesibilidad o la posibilidad de compensar económicamente la participación en algunos supuestos. La norma, que posteriormente se enviará al Parlament, también fija obligaciones de transparencia y rendición de cuentas por parte de las administraciones y una evaluación periódica del Síndic de Greuges.

La secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, defiende que se trata de una “ley de consenso” y confía en que pueda superar la tramitación parlamentaria este mismo año.

La nueva norma quiere “acercar las instituciones a la ciudadanía, disponer de todas las opiniones y también con el compromiso de devolver sus aportaciones e incorporarlas a las políticas públicas” para “favorecer la confianza institucional y los procesos democráticos en toda Catalunya”, explica Corral.

Uno de los elementos destacados del proyecto es la ampliación del derecho de participación a colectivos que habitualmente quedan fuera de otros mecanismos políticos. Según Corral, la ley debe favorecer “la participación de todas las personas que estén en Catalunya sin tener en cuenta que sean mayores de edad”, de modo que también se podrán impulsar procesos participativos dirigidos a menores. Corral ha remarcado, además, que el texto incorpora medidas para facilitar esta implicación, como servicios de cuidados durante los procesos, permisos para asistir en horario laboral e incluso remuneración en determinados casos.

“Es incentivar que la participación realmente no sea solo una palabra, sino que sea para todas las personas de la ciudadanía”, ha resumido Corral. En paralelo, la ley quiere ordenar los procesos para que estén planificados, con fases definidas y con mecanismos de seguimiento y retorno.

En el ámbito de la transparencia, el proyecto obliga a la administración a dar una respuesta motivada a las aportaciones ciudadanas y a explicar cómo se han tenido en cuenta. Corral ha subrayado que la norma debe “dar transparencia tanto al proceso como a su retorno” y ha añadido que su aplicación quedará sometida a una evaluación específica del Síndic de Greuges.

El texto también prevé adaptar la aplicación de la ley a la realidad territorial, con un régimen específico para los municipios rurales y los de menor tamaño. El texto se ha elaborado tras un proceso participativo en diversas fases, en el que han participado más de 80 personas y 43 entidades, con 91 propuestas iniciales, un segundo proceso sobre el articulado con 82 aportaciones más y una fase final de audiencia e información pública con más de 140 aportaciones.

Durante el periodo 2023 y 2024 la Generalitat ha impulsado 33 procesos participativos. En 2025 se han iniciado 22 procesos participativos y la previsión actual es poner en marcha 25 más a lo largo de 2026. En cuanto al ámbito municipal, el 46% de los ayuntamientos realizaron 838 procesos participativos en los años 2023 y 2024.