La jueza del espionaje con Pegasus y Candiru anula la imputación del magistrado del Supremo pero escuchará a los empresarios denunciantes

La jueza de Barcelona Julia Tortosa, que abrió causa por presunto espionaje a empresarios con Pegasus y Candiru, ha aceptado los argumentos de la Fiscalía y ha declarado la nulidad parcial del auto que dio inicio a sus pesquisas para eximir a uno de los querellados, el que fuera director general de la Guardia Civil y actualmente magistrado de lo Social del Tribunal Supremo Félix Azón.

En una resolución adelantada por la Cadena Ser a la que ha tenido acceso este diario, la titular de la plaza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona acepta que carece de competencia sobre Azón al tratarse de un "aforamiento sobrevenido", dado que en el momento de los hechos a los que se refiere la querella contra él no ostentaba la condición de juez del Supremo.

De este modo, logra retener la investigación de la causa, pues de entender que Azón debería seguir siendo imputado debería haber dado traslado directamente al Alto Tribunal o bien haber profundizado antes en su posible responsabilidad de cara a valorar la elevación o no de una exposición razonada.

La jueza imputó formalmente a principios del pasado mes de marzo a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelíes por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos de personas del entorno independentista en relación con una querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

Desclasificación

De momento, lo que hace la jueza Tortosa es citar a estos empresarios --Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives-- los próximos 15 y 20 de abril en calidad de querellantes, según la resolución con fecha del pasado 23 de marzo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En esta comparecencia se requerirá que aporten sus dispositivos electrónicos para la realización de una pericial por parte de los Mossos d'Esquadra. Tras ello decidirá si llama a declarar a los imputados, solicita comisiones rogatorias o reclama "la desclasificación de documentos por parte del Consejo de Ministros", según explica en la providencia.

Además de contra Azón, la querella se dirige contra su sucesora en la Dirección General de la Guardia Civil María Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban; los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Yakov Weizman y Eitan Achlow, de cuya citación se resolverá más adelante, según apunta la jueza en su providencia.

En su resolución sobre Azón, la jueza apunta que los hechos a investigar habrían ocurrido presuntamente en 2019 y 2020, si bien en el momento de interposición de la acción penal Azón ya ostentaba la condición de magistrado del Supremo "y, sin embargo, este dato se omitió en la querella".

Así, y en coincidencia con la Fiscalía apunta a la posibilidad de que los querellantes puedan reiterar su acusación contra él ante el órgano competente. A este respecto, y preguntados por esta posibilidad, los querellantes no descartan esta posibilidad.

La querella relata cómo durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, un sistema operativo espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. Tal y como informó en su día esta redacción, la querella documenta también que uno de los querellantes, Jordi Baylina, fue objeto de espionaje mientras se encontraba en territorio suizo. Citizen Lab documentó al menos 78 ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares o asesores, según han denunciado ante la justicia.

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