La Síndica de Greuges investigará los abusos sexuales de los jesuitas en Bolivia

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, investigará a partir de ahora los abusos sexuales cometidos por sacerdotes catalanes enviados a Bolivia. Son religiosos como Francesc Peris, un profesor del colegio Casp, que a principios de los 80 fue enviado al país andino y allí agredió sexualmente a menores de la escuela Juan XXIII de Cochabamba. O como Lluís Tó, un docente del prestigioso colegio Sant Ignasi de Barcelona que, después de ser condenado en 1992 por la Audiencia Provincial, también fue destinado a ese país hasta su muerte, en 2017. Los delitos de ambos sacerdotes quedaron expuestos en el documental ‘La Fugida’ (2024). Tras la emisión de este reportaje, este diario además tuvo acceso a correspondencia interna entre jesuitas que demostró que Tó siguió abusando de menores en Bolivia, y que la congregación religiosa, al contrario de lo que había manifestado hasta la fecha, lo sabía.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Síndica de Greuges ha decidido incorporar esta vertiente boliviana a la investigación de oficio que mantiene abierta sobre los abusos en los Jesuitas de Casp, en Barcelona, tras haberlo solicitado mediante un informe la comunidad boliviana de supervivientes de esos abusos. La actuación de oficio se puso en marcha en 2023 a raíz de las acusaciones y denuncias policiales presentadas por antiguos alumnos contra varios religiosos que ejercieron como profesores entre los años setenta y los 2000. La novedad ahora es que el foco deja de limitarse a los centros catalanes y se amplía para analizar la parte de esa trama que continuó en Bolivia, país donde algunos de esos casos ya están judicializados. La Fiscalía boliviana condenó a dos años de prisión a dos jesuitas españoles por encubrir pederastia en 2025.

Un informe con testimonios y documentación

La decisión de la Síndica da respuesta a la petición formal de la comunidad boliviana de supervivientes, que ha remitido al organismo un informe con testimonios, documentación interna de la orden y un relato articulado de cómo, a su juicio, funcionó durante décadas una dinámica de traslados, silencios y encubrimientos entre Catalunya y Bolivia. El escrito, incorporado ya al expediente de la Síndica, sostiene que no se trata de "episodios aislados", sino de una estructura de decisiones adoptada desde la antigua Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús, con sede en Barcelona. En el documento, al que ha accedido EL PERIÓDICO, las víctimas piden "esclarecer las causas y los desastrosos daños de los hechos delictivos", en referencia a "atroces violaciones de los derechos humanos y de la infancia cometidas en Bolivia por la Compañía de Jesús de Catalunya de manera sistemática desde los años cincuenta hasta la fecha".

Las víctimas piden "esclarecer las causas y los desastrosos daños de las atroces violaciones de los derechos humanos y de la infancia cometidas en Bolivia por la Compañía de Jesús de Catalunya de manera sistemática desde los años cincuenta hasta la fecha"

Ese es precisamente el núcleo de la nueva investigación. Determinar si hubo sacerdotes que, tras ser denunciados, investigados o apartados de facto en Catalunya, fueron destinados a centros educativos bolivianos y siguieron allí en contacto con menores como modo de encubrimiento. El informe remitido a la Síndica de Greuges reconstruye esa conexión a partir de fuentes diversas. Por un lado, recoge testimonios de víctimas y denunciantes; por otro, ordena documentación eclesiástica, resoluciones, cartas internas y otras piezas que, según sus autores, muestran que la jerarquía jesuita conocía desde hacía décadas los abusos y gestionó los casos mediante traslados y mecanismos de ocultación. El documento defiende además que Bolivia funcionó durante años como destino de religiosos problemáticos enviados desde Catalunya, una tesis que articula a lo largo de más de treinta páginas.

Una comisión en el Parlament

En paralelo a la petición ante la Síndica, la comunidad boliviana de supervivientes ha trasladado el mismo informe al Parlament para reclamar la creación de una comisión de investigación. Su objetivo es que la Cámara catalana estudie la dimensión transnacional del caso y dilucide si desde Catalunya se dirigieron, toleraron o encubrieron traslados de sacerdotes que acabaron ampliando el número de víctimas en Bolivia. El propio documento pide una "respuesta institucional" tanto del Síndic como del Parlament ante unos hechos que presenta como una "red de pederastia" con origen en Catalunya y ramificaciones en América Latina, por lo que pide esclarecer si fue resultado de la "inacción de las administraciones públicas catalanas" ante los casos de abusos que ya se conocían.

Fuentes de la sindicatura confirman que la información ya ha sido incorporada a la actuación abierta y que se ha pedido documentación a la Compañía de Jesús, aunque precisan que todo se encuentra todavía en una fase muy inicial, mientras que en el Parlament la petición se ha derivado a la comisión de peticiones, que es quien debe activar los pasos a seguir.

Alejandro Klock Varas, abogado y activista que ha canalizado la petición de la comunidad boliviana, considera que la decisión de la Síndica supone "un primer paso" para sacar del ámbito exclusivamente boliviano una trama que, a su juicio, no puede entenderse sin mirar a Barcelona. "Espero que la investigación no se limite a recibir documentación, sino que entre en el fondo de una red que dejó miles de niños afectados Bolivia", ha declarado Klock a este diario, quien espera que en el Parlament también se pueda crear un espacio para investigar este tema. Deben ser los partidos, el Govern o la Mesa quienes impulsen su constitución, según el reglamento del hemiciclo. El abogado y activista espera que, con todas estas vías abiertas, pueda elevarse el caso hasat llegar a judicializarse en España con la mirada puesta en un futuro proceso restaurativo.

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