PP y Vox logran que el Congreso y el Senado analicen la regularización de migrantes del Gobierno por "riesgo a la seguridad nacional"

PP y Vox han logrado aprobar una iniciativa para que el Congreso y el Senado analicen la regularización de migrantes que anunció el Gobierno a finales de enero en el marco de un acuerdo con Podemos. Populares y ultras han aprovechado su mayoría en la comisión mixta de Seguridad Nacional para crear una ponencia de estudio sobre esta iniciativa alegando que supone un riesgo claro para la seguridad de España y de la Unión Europea. En concreto, apuntan a que este procedimiento podría dar papeles a "cualquier delincuente o terrorista".

"Este proceso es, además de ilegal por la forma, temerario y pone en riesgo nuestra seguridad nacional y la del conjunto de la Unión Europea y por eso hemos solicitado la creación de esta ponencia", ha sentenciado el diputado del PP Rafa Hernando, defendiendo la iniciativa impulsada por su grupo parlamentario. A lo largo de su intervención, ha recordado que los "flujos migratorios irregulares" son una de las amenazas recogidas en el informe anual de Seguridad Nacional al ser "aprovechados por grupos terroristas".

Así, Hernando ha adelantado que la regularización de cerca de 500.000 migrantes dará vía libre a "cualquier delincuente o terrorista" para introducirse en Europa. Incluso, ha acusado al Gobierno de convertir España en "un coladero" y un "paraíso en el que las mafias que trafican con personas han hecho su agosto", llegando a denunciar que el Ejecutivo ha colaborado con ellas al trasladar personas de Canarias a la Península Ibérica en lugar de devolverlas a su país de origen.

Y en la misma línea se ha expresado el diputado de Vox Alberto Asarta que ha dicho que la seguridad nacional de España está siendo "cuestionada por una política migratoria errática, improvisada y profundamente irresponsable". Así, ha dicho que se pierde cualquier control sobre quién entra y en qué condiciones al país y que "el efecto llamada es evidente". "Cada decisión de regularización masiva lanza un mensaje claro: entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa", ha sentenciado.

"Criminalizar" a las personas

En frente, el diputado socialista Víctor Ruiz de Diego se ha mostrado extrañado ante las palabras de Hernando al recordar que el expresidente José María Aznar impulsó dos regularizaciones de migrantes. A este respecto, ha criticado a ambas formaciones por intentar "criminalizar o poner en tela de juicio a un número tan importante de personas" que ya residen en España. Además, ha defendido que el proceso iniciado por el Gobierno busca "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente".

Los reproches a PP y Vox también han llegado de los parlamentarios de ERC y EH Bildu. El republicano catalán Jordi Gaseni ha lamentado el "discurso de odio" que han desplegado, aunque también ha avisado al Gobierno de sus incoherencias con respecto a su política en Europa, donde ha defendido el pacto europeo de migración y asilo. Y el diputado abertzale Jon Iñarritu ha tildado de "xenófoba" la propuesta de los populares, al ligar la "situación irregular de personas con delincuencia y con la seguridad, lo que es falso, injusto y tremendamente irresponsable". Además, ha explicado que la regularización aumenta la seguridad, ya que se tiene controlada a todas las personas que hay en el país.

Los próximos pasos

Con el 'sí' de PP y Vox, la comisión mixta de Seguridad Nacional pondrá en marcha esta ponencia en la que se deberá aprobar primero un listado de comparecientes para después escucharles a puerta cerrada y elaborar unas conclusiones. Dado que ambas formaciones gozan de mayoría absoluta en este órgano, es casi seguro que saldrá adelante un informe contrario a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

A mediados de marzo, PP, Vox, Junts y UPN ya aprobaron una moción en el Congreso para exigir al Gobierno que renuncie "con carácter inmediato" a la regularización. Las cuatro formaciones dieron el visto bueno a la iniciativa, también de los populares, en la que se reclamaba al Ejecutivo que ejecute "de manera efectiva las órdenes de retorno" que estén pendientes.

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