Aldama aporta al Supremo los correos y pagos que documentan que su socio sufragó el alquiler del piso para Jésica Rodríguez

El empresario Víctor de Aldama, que será juzgado a partir de la próxima semana como comisionista de la trama Koldo, ha aportado este martes al Tribunal Supremo determinada documentación para acreditar las presuntas mordidas de las que se benefició el exministro José Luis Ábalos a través del pago de un piso de lujo para su entonces pareja, Jésica Rodríguez.

La documentación acredita que el pago de la renta, que superaba los 2.900 euros mensuales, se realizó por uno de los socios de Aldama, Alberto Escolano, hasta el momento en el que éste dejó de hacerlo a finales de diciembre de 2021 y la empresa amenazó con desahuciar a la estudiante. La investigación ha acreditado que Rodríguez no abandonó el piso hasta marzo de 2022 tras hacerse cargo de los pagos el asesor del entonces ministro Koldo García. A través de Escolano se pagaron hasta un total de 82.248,40 euros.

En su escrito ante el alto tribunal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa del comisionista que ejerce el abogado José Antonio Choclán recuerda que la Sala acordó en su día no reclamar estos documentos aunque "sin perjuicio" de que pudieran ser entregados voluntariamente por el propio Escolano, que ahora lo ha hecho, siete días antes de que comience la vista oral.

Concretamente, se aporta el correo electrónico de la agencia inmobiliaria que confirma la reserva del apartamento de Torre de Madrid entre el 3 de abril de 2020 y la misma fecha de 2022; así como los mensajes que acreditan los pagos de las mensualidades por parte de Escolano. Un tercer bloque incluye la relación de correos electrónicos remitidos por la agencia inmobiliaria al empresario abordando la situación de impago, los contactos con la propia Jésica y el posible desahucio.

Rodríguez mantuvo una relación con José Luis Ábalos desde octubre de 2018 y se benefició del alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de la capital pagado por el socio de Aldama, donde era visitada por el ministro mientras mantenían su relación, aunque permaneció en la vivienda hasta marzo de 2022.

Durante su declaración en el Supremo en febrero del pasado año manifestó que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron, lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.

Esta confesión ha sido acreditada por las investigaciones internas realizadas en ambas empresas. La más reciente fue entregada por Tragsa al tribunal el pasado 18 de marzo, y atribuye a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez en su puesto de trabajo, que cubrió entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

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