El PSOE ve riesgo de fuga en el número 2 de Interior en tiempos de Rajoy y pide que ingrese en prisión de cara al juicio del lunes

La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen -- por el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas organizado por el comisario Villarejo-- que comenzará a ser juzgado el próximo 6 de abril en la Audiencia Nacional, ha pedido al tribunal que decrete prisión preventiva para dos de los procesados al ver riesgo de fuga antes de que comiencen las sesiones del juicio oral. Solicita esta medida para el que fuera secretario Estado de Seguridad bajo presidencia de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y también para el comisario Andrés Gómez Gordo.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para estos dos procesados --la misma petición que pesa sobre exministro Jorge Fernández Díaz-- que además tienen pendientes otras causas con la justicia.

Según la acusación popular que ejerce el PSOE, no se ha realizado un estudio del patrimonio de ninguno de ellos, que podrían tener fuentes de financiación ocultas que facilitaría su vida si huyen de España. La acusación popular señala también que el exsecretario de Estado está casado con una mujer de nacionalidad mexicana a donde suele realizar viajes periódicos.

Trayectoria delictiva

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, recuerda que Martínez está también acusado de integración en organización criminal por su relación con una red que se dedicaba al hackeo de bases de datos de la Administración, y por estos hechos la estuvo en prisión preventiva, entre el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 2025. También esta imputado por la actuación de la llamada 'policía patriótica' en contra de Podemos. "De este modo, puede trazarse, presuntamente, una trayectoria delictiva que abarcaría desde el año 2013 hasta 2026, fecha de su última detención e ingreso en prisión", agrega el PSOE

En el juicio de Kitchen, Martínez está acusado de organizar y coordinar el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con un entramado parapolicial que se pagó presuntamente con fondos reservados del Ministerio del Interior. Se le imputan litos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, si bien actualmente continúa ejerciendo como funcionario público, en concreto como Letrado de las Cortes.

A juicio del PSOE, "resulta difícil de explicar cómo se compatibilizan los frecuentes viajes transnacionales, las cargas familiares y el coste de la defensa letrada en tres causas penales de especial complejidad (ejercida, además, por un despacho de abogados de reconocido prestigio y elevada minuta profesional) con la percepción de un sueldo público que, conforme al régimen de incompatibilidades, difícilmente puede complementarse con actividades privadas".

Por su parte, el ex comisario Gómez Gordo llega al juicio como presunto responsable de haber captado como informador al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, con el objetivo de que se hiciera, además, con la información sensible sobre el partido que pudiera estar en su poder. Según el PSOE, "la previsión de una pena de inhabilitación, ya concretada en una resolución judicial, comporta la práctica anulación de su vínculo profesional con el territorio nacional" como miembro de la Policía.

GGómez Gordo ya fue condenado en el caso 'Ciudad de la Justicia' como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada. Está a la espera de que la sentencia adquiera firmeza, lo que hace, según el PSOE, que su horizonte judicial sea oscuro. Como en el caso de Martínez, la acusación popular sospecha que Gordo podría tener fuentes de ingresos ocultos porque, pese a su situación en varias causas, sigue pagando aún un bufete de abogados de reconocido prestigio para que le defienda.

Según el PSOE, no consta en autos que se hayan incoado las piezas de responsabilidad pecuniaria o de responsabilidad civil respecto a ninguno de ellos. "En ese sentido, salvo error de esta parte, o falta de acceso, tampoco consta que se haya procedido a realizar investigación alguna sobre la capacidad económica de los procesados", incide el escrito.

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