El Gobierno y la Iglesia pactan iniciar las reparaciones a víctimas de pederastia desde el 15 de abril, pero sin fijar cuantías

Con más de mes y medio de retraso sobre el plazo previsto, y en Lunes Santo, el Gobierno y la Iglesia han firmado el protocolo para crear el órgano mixto que se encargará de indemnizar económicamente o reparar a las víctimas de pederastia. Las solicitudes podrán realizarse a partir del próximo 15 de abril, sin embargo, no se fijan unos baremos ni cuantías económicas, como esperaban las asociaciones de víctimas. Sí se determinan en cambio los criterios. "Caso a caso" es la máxima que se repite, aunque si no hay acuerdo, se prevén mecanismos de resolución. Una vez estudiado el caso y escuchadas las partes, según recoge el protocolo, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) "en un plazo máximo de tres meses".

Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si alguna de las partes mostrara su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo. "La última palabra la tendrá el Estado", ha destacado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

La indemnización de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial será asumida por la Iglesia católica, como se ratificó en el acuerdo del pasado 8 de enero, y partirá así de una propuesta integral de los equipos implicados. El protocolo ha sido ratificado este lunes por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia y llega con el horizonte de la visita del Papa León XIV  el próximo mes de junio.

La presión del Vaticano sobre la Conferencia Episcopal ya fue fundamental para forzar el convenio y ahora también lo ha sido para firmar el protocolo. El propio ministro de Presidencia y Justicia ha reconocido que hubo conversaciones con Roma hasta este último fin de semana y también se aprovechó para trasladarlo en la última visita de los Reyes al Papa. De ahí que manifestase su agradecimiento en la Santa Sede "el impulso que ha dado a este acuerdo y que se haya podido firmar".

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha justificado el retraso en la firma por la “complejidad” del asunto y ha resaltado que este mecanismo de colaboración pública es complementario con el que ya puso en marcha la propia CEE. Aunque los hechos están prescritos, Argüello ha defendido que la Iglesia “quiere reconocer su responsabilidad”. Asimismo, ha puesto en valor el acuerdo con Hacienda para que las indemnizaciones estén exentas de tributación, especialmente del Impuesto sobre la Renta. La exención regirá también para las víctimas que ya han recibido indemnización por parte de la Iglesia.

Abierto a las víctimas del plan PRIVA

Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto. A partir del 15 de abril, por tanto, las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.

El sistema acordado es el de un órgano mixto con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. El Defensor del Pueblo será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación. La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en el plazo de un año, prorrogable a otro más.

El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

El protocolo establece que la Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

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