Figueres da de baja del padrón municipal a 872 personas tras detectar irregularidades

El ayuntamiento de Figueres sigue con su política de 'desempadronamientos'. En 2024, el alcalde Jordi Masquef, de Junts, puso en marcha una campaña de "verificación" para evitar posibles irregularidades que acabó con 804 personas dadas de baja del censo municipal. En 2025, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la cifra se eleva a otras 872 personas.

De ellas, 554 son rechazadas del censo por "inscripción indebida", eso es, casos en los que el ayuntamiento ha enviado a agentes a revisar su situación y han considerado que había fraude. Otras 310 personas han sido eliminadas del padrón por "caducidad anunciada", lo que se aplica a los extranjeros no comunitarios sin residencia permanente y que, por lo tanto, deben renovar su inscripción cada dos años. Si no lo hacen, tras recibir un aviso de la administración, se les da de baja automáticamente del padrón. Las ocho personas restantes corresponden a duplicidades detectadas en el registro.

Al margen de estas cifras, a las que ha tenido acceso este diario y que el pleno municipal de este lunes deberá validar, también se han producido otras 395 bajas por defunción y 2.106 por cambio de localidad comunicada, que nada tienen que ver con irregularidades detectadas por la administración local.

La verificación de los datos

El proceso de verificación del Ayuntamiento de Figueres consiste en que unos agentes se personan en el domicilio en cuestión dos veces con al menos tres días de diferencia y en horarios diferentes –por la mañana o por la tarde– y, si no se les encuentra en el lugar, se les envía una notificación antes de darles de baja del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero, al no poder comprobar todas las altas, ¿cuáles son los criterios del ayuntamiento para decidir a qué lugares acudir? Según explican fuentes municipales, se decide revisar aquellos casos que hacen saltar las alarmas, como "varios cambios de residencia en un mismo año", casos en los que hay "muchas personas en un mismo domicilio" o aquellas viviendas "que cambian frecuentemente" de habitantes.

El ayuntamiento asegura haberse encontrado con casos en los que "se falsean separaciones de convivencia" para obtener "ayudas sociales" simulando que se trata de una madre que vive sola con niños. Las mismas fuentes apuntan que hay casos de ciudadanos que realmente no residen en la capital del Alt Empordà, pero que también "se empadronan allí para poder solicitar ayudas municipales".

La obligación por ley

La ley obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos, también a los que por su situación de vulnerabilidad residan en infraviviendas o no tengan domicilio. El Gobierno considera empadronables las "infraviviendas", como "chabolas, caravanas o cuevas", e incluso la "ausencia total de techo". Así lo apuntó en una resolución en 2020, en la que también que en caso de duda sobre la titularidad de la vivienda, prevalece el derecho al padrón. Esto es así porque estar inscrito en el padrón municipal es un trámite necesario para poder acceder a servicios básicos como lo son la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Sin embargo, Junts hace tiempo que apuesta por endurecer los requisitos del padrón municipal y propone vetar la inscripción en inmuebles ocupados o acabar con la posibilidad de empadronarse en equipamientos municipales o en el espacio público. Reclaman que no se pueda aceptar ningún empadronamiento sin un "título habilitante", lo que es equiparable a tener escritura del inmueble, un contrato de alquiler o un permiso del dueño de la finca; y proponen que haya un "padrón social" de la Generalitat para atender a los vulnerables.

Figueres no es el único ayuntamiento que aplica esta política, también lo hacen municipios como Sant Cugat o Martorell.

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