El despacho que fundó Montoro reclama a la Audiencia de Tarragona paralizar el análisis de las cuentas a las que aún no ha accedido Hacienda

Equipo Económico, el despacho que el exministro Montoro fundó en 2006, ha recurrido la decisión del juez de Tarragona que investiga a esta entidad por tráfico de influencias de extralimitarse en sus funciones al requerir el acceso a sus cuentas bancarias, después de que el perito de Hacienda lo reclamara al no haber podido analizar todos sus movimientos bancarios cuando elaboró su informe, que cifra en 35.5 millones los ingresos obtenidos por el despacho. La defensa considera "irracional" y "extravagante" que se requiera información de hasta 18 años atrás.

"No es que sea una manifestación más de lo irracional que supone remontarse a hace dieciocho años, que también. Todo eso resulta extravagante", señala el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Lamenta igualmente la defensa que se requieran estos datos "pese a que las contundentes conclusiones de dicho informe deberían haber determinado, por sí mismas, que se descartase la existencia de indicio alguno de criminalidad", y por ello reclama a la Audiencia Provincial de Tarragona que anule la orden del juez del caso, Rubén Rus.

Amortización de hipoteca

El informe de cuyo contenido dio cuenta en su día esta redacción revela otros datos relevantes, como la "llamativa amortización de una hipoteca" por parte del que fuera responsable de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy en relación con los ingresos conocidos. Para ahondar en las pesquisas, solicitó el acceso a varias cuentas que tienen "como titular o autorizado" a Montoro, su esposa, miembros de Equipo Económico y a otros investigados, algo que desde el órgano judicial se ha concedido y ahora se recurre.

"Es evidente que la reiteración en la solicitud de dicha información, por muchas veces que se produzca, difícilmente podrá arrojar un resultado distinto del ya obtenido, por mucho que éste no le guste al Tribunal, y ello en la medida en que las entidades bancarias han facilitado todos los datos de los que disponen conforme a sus registros", señala por su parte la defensa Equipo Económica.

Inciden por ello en que "la eventual emisión de nuevos mandamientos no alterará el contenido de la información previamente remitida, que, por su propia naturaleza, es completa en los términos en que puede serlo, por lo que insistir en su requerimiento supondría una actuación redundante sin virtualidad práctica para el esclarecimiento de los hechos".

Postura del despacho

Inciden en que los ingresos en cuentas de Equipo Económico (que después pasó a llamarse Afteli) procedentes de fondos dimanantes de empresas gasistas -- a cambio presuntamente de influir en Hacienda en favor de sus intereses fiscales-- se obtuvieron mediante transferencia bancaria y "fueron declarados a la AEAT".

Y agregan que su recurso que Hacienda ya realizado "una trazabilidad de cada uno de los 29 ingresos en las cuentas corrientes de Equipo Económico" llegando a la conclusión de que no existe "una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas" al mismo despacho.

Rechazan también un acceso indiscriminado a las cuentas porque el propio perito de Hacienda "no todos los fondos investigados pueden rastrearse hacia los socios de Equipo Económico/Global Afteli o sus sociedades vinculadas.", pues existen "numerosos movimientos relacionados con gastos operativos generales, pagos a terceros y disposiciones en efectivo" que "carecen de que relevancia directa para el objetivo de la línea de investigación".

Para esta parte, el propio informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que ahora impugnan era ya "reiterativo e innecesario", al haber informado sobre las cuentas en un análisis propio la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Reprocha también la defensa al titular de la plaza número 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona que, tras siete años de investigación bajo secreto de sumario, "es un desatino" que el juez autorice el acceso de los investigadores al Fichero de Titularidades Financieras a la Unidad Central Anticorrupción de Mossos d'Esquadra respecto de personas que no están investigadas, como es la pareja del exministro Montoro y otras. "O se trata de un evidente error (...) o queda en evidencia la finalidad última de lo pretendido que es hacer una absoluta investigación prospectiva de personas que no tienen la cualidad de investigados".

Se refieren al interés del juez para requerir a diferentes entidades financieras "los productos bancarios en los que figuren vinculados" hasta 11 personas físicas y diez empresas. Además de las cuentas que pudiera tener Cristóbal Montoro, se solicitan las relacionadas con su esposa Beatriz Blázquez y con su hermano Ricardo.

Se reclaman también las cuentas de varios acusados, entre los que se encuentran Pilar Platero ( subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016), Felipe Martínez Rico (subsecretario de Hacienda y Función Pública nombrado por Montoro en 2016) Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez y Francisco Piedras (socios de Equipo Económico) y Covadonga Gómez Garrido . Esta última fue trabajadora en el departamento de administración de Equipo Económico y, entre 2009 y 2017 recibió ingresos de las empresas del resto de socios y figura como apoderada o representante en prácticamente todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho.

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