El Supremo rebaja a la mitad las costas que el ex fiscal general tendrá que pagar al abogado de González Amador tras lograr su condena

El Tribunal Supremo ha estimado la impugnación por indebidas de la tasación de costas procesales de la causa seguida contra el exfiscal general del Estado, y las rebaja desde los 79.942 hasta un total de 39.000 euros. La decisión, adoptada mediante decreto por la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Alto Tribunal, supone una estimación parcial de los recursos presentados tanto por la Abogacía del Estado en nombre de Álvaro García Ortiz (que proponía que el pago se redujera a 2.240 euros) como por la Fiscalía, que consideraban excesivo el primer cálculo.

Este dinero se destinará a pagar los gastos del abogado del empresario investigado por fraude Alberto González Amador por todo el proceso que concluyó con la condena del exfiscal general, por revelación de sus datos reservados en relación de un pacto que pretendía alcanzar con la Fiscalía de Madrid.

García Ortiz también impugnó el cálculo por "falta de imparcialidad objetiva" del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerció la acusación popular contra él. Por esta razón, y pese a aplicar por el momento la rebaja, el decreto acuerda la remisión de las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española, para que se emita por el mismo el preceptivo informe del artículo 246.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil o, designe a otro Colegio de la Abogacía para la realización conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

La estimación parcial de la impugnación por indebidas, con la consiguiente reducción del importe tanto de la minuta del abogado como del procurador, se debe a la exclusión aceptada por la letrada de la imposición de las costas de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa, y que solo cabría imponer de haber mediado mala fe o temeridad.

La primera estimación de las costas fue consecuencia del escrito presentado por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El letrado Gabriel Rodríguez Ramos argumentaba que las costas a abonar por el condenado, en este caso García Ortiz, deberían ser proporcionales al "esfuerzo" realizado durante el procedimiento. "Esfuerzo que resulta innegable en el procedimiento que nos ocupa, el cual presentaba una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal", agregaba el letrado. Entre ellas, cita el hecho de que García Ortiz mantuviera "hasta su condena el máximo cargo de la institución, alineando todos sus medios" con la defensa.

Otros elementos para reclamar pasan por el hecho de que el procedimiento se haya sustanciado "con presencia continua en los medios de comunicación" y haya tenido "usos políticos", a los que se añaden los "dirigidos y continuos artículos frente a los miembros del Tribunal y las partes". "Nunca antes un Fiscal General del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada", añadía el letrado.

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