El PP recurre al TC la ley catalana que regula los alquileres de temporada

El Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones aprobada por el Parlament el pasado diciembre, una vía de fraude que algunos propietarios habían encontrado para eludir el tope de alquiler que fija la ley de vivienda en las zonas tensionadas, es decir, con fuerte demanda.

La norma catalana no solo regula los alquileres temporales, sino que también incluye medidas como la ampliación de los derechos de tanteo y retracto y la extensión de la protección de viviendas sociales que corrían el riesgo de pasar al mercado libre. Desde el PP sostienen que el conjunto de la ley "ahoga a propietarios y familias" y rompe el equilibrio competencial del mercado inmobiliario. Los populares también tienen intención de recurrir regulación de la compra especulativa que el Govern pactó con los Comuns, pero que aun se está tramitando en el Parlament y para la que se necesita también el 'sí' de ERC.

El partido ya había avanzado durante el debate parlamentario su intención de recurrir la norma, que fue rechazada por PP, Vox y Aliança Catalana. En su recurso, los populares cuestionan varios artículos de esta ley y argumentan que vulnera "derechos fundamentales" y excede las competencias autonómicas. Por ello, denuncian la obligación de que las administraciones accedan a datos de contratos de alquiler para tareas de inspección, al considerar que supone una medida desproporcionada que afecta al derecho a la protección de datos.

En su escrito, el PP también cuestiona la limitación a los ayuntamientos en la ordenación de usos de vivienda, al imponer el carácter de residencia habitual en determinados municipios, así como la regulación de los contratos de alquiler -especialmente los de temporada y por habitaciones- que, según los populares, invade competencias estatales en materia civil .

Otro de los aspectos recurridos es la ampliación del periodo de protección de las viviendas de protección oficial (VPO), con efectos retroactivos, lo que, a juicio del PP, vulnera el "principio de seguridad jurídica" y afecta a derechos ya consolidados. El recurso también rechaza que programas administrativos puedan fijar precios máximos y la creación de un registro de grandes tenedores con efectos jurídicos en el mercado, al entender que son ámbitos reservados al Estado. EL PERIÓDICO ya avanzó que esta herramienta de control permitirá buscar a partir del nombre o el DNI del propietario con más de cinco inmuebles en Catalunya o si suman 10 en todo el país.

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