Tragedia ferroviaria
La jueza de Adamuz acepta a Vox y otras acusaciones habituales en casos contra el Gobierno si pagan 3.000 euros de fianza
Entre las organizaciones aceptadas, las que acusan en los casos Koldo, Begoña, Hidrocarburos o contra el hermano de Pedro Sánchez
Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba) / Joaquín Corchero - Europa Press
Por qué confiar en El Periódico Diferentes casos, pero casi las mismas acusaciones populares. La jueza de Montoro (Córdoba) Cristina Pastor, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, ha dictado un auto en el que acepta como acusaciones populares en este procedimiento penal a Vox y otras organizaciones habituales a la hora de ejercer la acción penal en causas que afectan al Gobierno de Sánchez, como son los casos Koldo, Begoña Gómez, Hidrocarburos o el que llevará a juicio en los próximos meses al hermano del propio presidente del Gobierno.
Se trata del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír.ORG y la Asociación Liberum. A ellas se suman en el caso abierto tras la tragedia en Córdoba el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) y la Asociación Víctima de los Políticos, si bien la entrada formal en el caso de todos ellos queda condicionada a la prestación de una fianza de 3.000 euros, según detalla el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Algunas de ellas, como Liberum, ya han manifestado su intención de ingresar la citada cantidad este mismo viernes aunque la jueza les ha dado un plazo de 9 días para hacerlo. "Se constata que comparecen con la postulación adecuada, han manifestado su voluntad de prestar fianza exigible y no se aprecia finalidad espuria ni desviación del proceso penal, por lo que concurren los requisitos legalmente exigidos para su admisión", señala la jueza en su auto.
No obstante, advierte que "a fin de garantizar la economía procesal, la buena marcha del proceso y evitar dilaciones indebidas", seguramente adopte "medidas de coordinación, acumulación o unificación procesal de la actuación de las acusaciones populares".
Acciones rechazadas
Por otra parte, la titular de la plaza Civil y de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro rechaza tener como partes personadas a los Ayuntamientos de Punta Umbría y Huelva, al Sindicato Alternativa Ferroviaria y a otro habitual en las causas contra el Gobierno, el partido Iustitia Europa.
La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press
La mayoría de estas organizaciones solicitaron su personación en la causa apenas pasaron un par de días del siniestro. En el caso de Vox se presentó denuncia propia contra el actual presidente de ADIF y su antecesora, Isabel Pardo de Vera, mientras que Liberum lo hizo contra el director estatal de la Agencia de Seguridad Ferroviaria y dos cargos de ADIF por posibles delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones y un delito contra derechos de los trabajadores.
A lo largo de doce páginas de auto, la jueza alude a la jurisprudencia existente sobre acción popular y concreta sus razones. En el caso de los ayuntamientos, rechazados por falta de legitimación para ejercerla, recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que "un ente público territorial no puede ejercer una acción popular y que la acción pública penal solo corresponde al Ministerio Fiscal". En cuanto al partido y el sindicato que quedan fuera, considera que no cumplen los requisitos que fija la ley.
Querella de Vox
La querella de Vox se presentó el pasado 22 de enero contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera y el actual responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Marco de la Peña, por un total de seis delitos entre los que se incluyen el de homicidio imprudente.
Los de Santiago Abascal consideran a ambos responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, según han anunciado este jueves en un comunicado. Piden a la jueza la declaración de los responsables de ADIF, pero también que cite como testigos al actual ministro de Transportes, Oscar Puente, a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos y también al que fuera su asesor Koldo García.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, de Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press
También quieren que se requiera "al ministro de Transportes y al presidente del Gobierno y al presidente de Andalucía a entregar todas las comunicaciones escritas entre sí, por cualquier medio durante el período indicado, por teléfono, WhatsApp, Telegram, o cualquier otro sistema de comunicación análogo, correo electrónico, así como los oficios remitidos por conducto reglamentario entre ellos" como consecuencia del accidente.
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