Las mesas electorales deberán tener lector del DNI digital desde abril, pero la Junta Electoral no lo prevé aún para las andaluzas

Siguiendo la ley sin excepciones, las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo no deberían celebrarse sin que cada mesa electoral tenga a mano un dispositivo para identificación de ciudadanos que quieran utilizar el DNI digital para votar. Se abre ahora para la Junta Electoral Central (JEC) el dilema de cómo salvar los escollos técnicos que implica ese mandato legal.

El desafío está planteado -que no originado- desde este jueves por la tarde. Fue el momento en que Interior hizo llegar a la JEC un informe redactado por especialistas de la Policía Nacional, confirman a este diario fuentes de ese ministerio. Es una respuesta técnica al debate planteado sobre la seguridad o vulnerabilidad de la aplicación MiDNI -y su hermana MiDGT- para acreditar la identidad como ciudadano con derecho al voto. El informe asevera la "plena seguridad" de MiDNI, pero, además, contiene un recordatorio que no se había tenido en cuenta al convocar las elecciones andaluzas: a partir del próximo jueves 2 de abril, todas las administraciones deberán disponer de herramientas técnicas para verificar la identidad de quien muestra su DNI en el móvil.

Las entidades oficiales han tenido un año para cumplir esa obligación, que está contenida en una disposición transitoria, la tercera, del Real Decreto 255/2025, el que, desde el 1 de abril, regula el DNI digital. Esa disposición dice: "Las entidades pertenecientes al sector público y privado deberán adoptar, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto, las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del Documento Nacional de Identidad".

De ese enunciado se desprende, en opinión de la Policía, que se podrá exigir a las entidades públicas y privadas que dispongan de lectores del QR que genera MiDNI, para enfocarlo y, al hacerlo, pedir a Interior verificación -es casi instantánea- de la identidad de quien muestra su documento digital.

De momento, la excepción son las elecciones: si no hay dispositivos suficientes para colocar en las mesas electorales, los comicios andaluces serán el primer gran acto político y administrativo en el que no se cumpla el Real Decreto.

De dónde venimos

Es el cuarto capítulo, pero no el último, de una polémica que se sembró en septiembre de 2025, que ha ido enredándose como la hiedra y que tiene esta cronología:

El 18 de septiembre de 2025, cinco meses y medio después de la implantación del DNI digital, La Junta Electoral Central admitió la app MiDNI como medio para acreditar la identidad ante la mesa electoral, siguiendo una doctrina adoptada en febrero de 2023.

El pasado 24 de enero, el presidente de la Junta Electoral de Aragón emitió una resolución considerando que, para acreditarse al votar, bastaba con mostrar el DNI digital en la pantalla del móvil con la foto del usuario, sin necesidad de generar el QR de verificación que permite esa aplicación.

El 5 de marzo, la JEC no admitió una petición del Partido Popular de cara a las elecciones autonómicas de Aragón, considerando los populares que no basta con mostrar la foto en la pantalla del teléfono. De hecho, se pueden falsear -por ejemplo, con inteligencia artificial- los pantallazos que hasta ese momento se exigían para ejercer el derecho al voto.

Las elecciones de Aragón se celebraron, llegó la convocatoria de las andaluzas y este jueves, tras otra petición del Partido Popular, la JEC acordó suspender la identificación digital de los votantes ante las urnas, cambiando de opinión, "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura", dice la resolución.

Unas horas después, Interior hacía llegar el informe de la Policía que recuerda la inminencia del plazo del 2 de abril.

A dónde vamos

De momento, el uso de MiDNI está suspendido si es para votar. O sea, hay una excepción a la ley creada por el órgano superior electoral de España. Un esfuerzo tecnológico, logístico y presupuestario se presenta por delante si se quiere eliminar esta excepción al cumplimiento del Real Decreto del MiDNI.

En los comicios autonómicos de 2022, hubo que habilitar 10.187 mesas en 3.796 colegios electorales en toda Andalucía. Estas magnitudes serán muy similares el próximo mes de mayo, en el que están llamados a las urnas más de 6,8 millones de andaluces. Para poder hacer efectivo el derecho al voto con documento digital de identidad será necesario que cada mesa cuente con un dispositivo apto para leer el QR que muestre el ciudadano en su móvil.

Interior ya ha dejado claro que no le corresponde a ese departamento pagar el despliegue. En su informe de este jueves especifica que es la administración que convoca las elecciones la que debe dotar a las mesas electorales de los medios -según la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG)-, por lo que esta vez es la Junta de Andalucía la que debe pagar y distribuir más de 10.000 móviles, tablets o lectores QR... si da tiempo.

Las fuentes consultadas por este diario en la Seguridad del Estado dudan de que vaya a ser posible en mes y medio licitar la compra de los dispositivos, recibir los aparatos, certificarlos y distribuirlos por los colegios electorales. Técnicamente, se podría hacer con el móvil del presidente de cada mesa, pero legalmente no se puede obligar a quien desempeña esa labor por sorteo a, además, aportar a su cargo el medio de verificación. "Eso es una chapuza impensable", descarta una de las fuentes mencionadas.

La JEC, formada por jueces y juristas, ha reaccionado con un cadencioso y analógico paso ante las premuras de la revolución digital, pese a que ha habido un año para adaptarse.

Pero, en opinión de otra de las fuentes policiales consultadas, se abren más incógnitas que giran en torno al peligro, temido como una vulnerabilidad en la Seguridad del Estado, de agitadores tratando de desacreditar el prestigio del proceso electoral. "Llega un votante a la mesa, presenta su DNI digital, el presidente lo comprueba con su lector QR... pero ¿y si un vocal o un compromisario de un partido sentado en la misma mesa no se fía y exige el derecho a verificar él también con su móvil?", pregunta.

No está contemplado el caso en una legislación electoral creada antes de la digitalización generalizada de España.

Tarde o temprano llegará una licitación de aparatos comprobadores de DNIs digitales para los procesos electorales, pero esos aparatos podrían ser auditables por alguna entidad que lo exigiera con el pretexto de comprobar la limpieza de las elecciones. "El proceso manual no ofrece dudas, pero el electrónico sí. Podrían tener derecho a pedir ver qué lleva por dentro el cacharro, destriparlo para ver si realmente envía los datos a la Policía", explica el experto policial.

Ojo con el censo

De nuevo llegan al calendario unos grandes comicios, y se abren entre las mismas fuentes los habituales temores en torno al censo. La lista de votantes es una de las más cotizadas bases de datos de España. En ella se contienen los nombres completos de sus ciudadanos, sus DNIs, su sexo y nacionalidad, sus domicilios... Cruzada con otras bases de datos, permite elaborar listados especializados que interesan, y mucho, entre los hackers y delincuentes que comercian con información personal.

Una copia del censo se facilita a cada fuerza política que consigue presentarse en una circunscripción, por extraña e inopinada que sea, según lo manda la LOREG. Se le ha de proporcionar al representante de ese partido como mucho a los dos días de su proclamación. Los distritos electorales suelen coincidir con las provincias, salvo en las elecciones europeas, que se celebran con distrito único, o sea, toda España.

De las formaciones políticas más raras suelen desconfiar los agentes policiales de Información. En pasados comicios no han faltado agentes considerando que ciertas listas pueden representar vulnerabilidades en la custodia de esa delicada información personal y que son maquinarias que se presentan no tanto para ganar un escaño como para conseguir una copia del censo. "Aunque también puede hacerse con ella un colaborador de un partido grande e importante, y venderla por su cuenta", matiza uno de los policías consultados.

Las más recientes preocupaciones por los datos censales provienen del pulso policial contra los independentistas catalanes en el procés, cuando una línea de investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado se centró en el hurto de datos de ciudadanos en poder de la Generalitat de Catalunya para elaborar el censo del intento de referéndum de independencia del 1-O.

En 2021 trascendió que una de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo poseía una copia del censo electoral, si bien lo habría conseguido sobornando a un agente de Policía.

En julio pasado, tras la publicación en internet de información personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros por parte, supuestamente, de dos jóvenes de Gran Canaria que traficaban con datos robados, trascendió a este diario que, entre las fuentes de información que manejaban, había información procedente del censo electoral.

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