El empresario detenido en Aruba por el caso Plus Ultra facilitará su extradición a España

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama continúa investigando bajo secreto el caso Plus Ultra, reserva que prorrogó por un mes más esta misma semana. Una salvaguarda que este viernes ha adquirido todo su sentido al conocerse que se había procedido al arresto en la isla caribeña de Aruba del banquero Luis Felipe Baca Arbulu, afincado en Suiza, por la intervención que pudo tener en la concesión del préstamo que permitió el rescate de la aerolínea, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

De esta forma, Baca Arbulu, que ya aparecía con su hermano en una querella inicial de Anticorrupción que fue rechazada, se ha puesto ya a disposición del titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que asumió el caso como juez de la Plaza 2, a la que había correspondido la causa por antecedentes, pero cuyo titular, el magistrado Ismael Moreno, se abstuvo. Las fuentes consultadas apuntan a que la intención de Baca es facilitar su extradición a España para colaborar con la justicia como lo ha estado haciendo tanto en Suiza como en Francia, donde hay dos investigaciones abiertas a las que ha acudido a declarar cada vez que se le ha llamado.

Según publicó ya este diario, este empresario, junto a su hermano Enrique, utilizaron la empresa creada en España Trowbridge para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor, circunstancia por la que la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente apunta a un posible delito de blanqueo de capitales. Se trata de una sociedad creada en diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros que unos meses después lo amplió a 970.000 euros. Según las pesquisas, los hermanos habrían contratado los servicios de un abogado español para crear las empresas Trowbridgeet, Lagundri y Capital de Kaimana, que habrían sido utilizadas por la presunta organización criminal en la concesión de los créditos a Plus Ultra.

Los préstamos bajo sospecha los habría negociado uno de los antiguos accionistas de Plus Ultra, en concreto el empresario venezolano Rodolfo Reyes, ante la falta de liquidez de la compañía tras la pandemia. De forma reciente, Reyes se habría desprendido de sus participaciones en la aerolínea, que han ido a parar a Julio Martínez Sola, que habría pasado de poseer poco más del 1% a tener el 65%. Martínez Sola fue uno de los detenidos en la operación desarrollada el año pasado junto al empresario Julio Martínez Martínez, cuya empresa, Análisis Relevante, figura entre los clientes de Whathefav, de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que declarar en la comisión de investigación abierta sobre el rescate en el Senado.

Organización criminal

Además, la Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe a la fiscalía helvética alertando de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habrían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Concretamente, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019 por 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020, según la documentación a la que tuvo acceso este diario.

Este aviso originó la apertura de una investigación por parte del ministerio público suizo, que finalmente acusó a estos empresarios, entre ellos los Baca Arbulu, de "organización criminal" del lavado "a gran escala" de importantes sumas de dinero "de personas sujetas a sanciones internacionales".

Fue esta investigación previa la que propició la entrada de España en la investigación al empresario, al reclamarse la cooperaciónjudicial para la entrada y registro en las viviendas de los hermanos, ubicadas en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Como consecuencia de estas pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en octubre de 2024 ante la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo en Francia, Suiza y España de fondos procedentes del negocio del oro y del dinero destinado a luchar contra la pobreza en Venezuela.

Las acciones legales se dirigieron contra Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu, Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español. Pero esta querella fue rechazada inicialmente por la Audiencia Nacional, que la derivó a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que ya había cerrado una causa por la concesión del rescate a Plus Ultra. No obstante, la magistrada, tras comprobar el entidad de las pesquisas y sus conexiones internacionales, se inhibió finalmente en favor de la Audiencia Nacional, que asumió definitivamente las pesquisas el pasado 3 de marzo.

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