Hacienda ratifica que el pelotazo de Jordi Pujol Ferrusola en México se produjo sin construcción alguna sobre el terreno

El juicio a los Pujol se ha reanudado este jueves con la declaración del perito de la Agencia Tributaria Luis Castelló García Arquimbau, cuya comparecencia fue solicitada por la defensa del expresidente de Isolux Corsán Luis Delso, uno de los nueve empresarios que comparte banquillo con el exmandatario catalán y su familia. Pese a que la incorporación a las actuaciones del acta de liquidación de 2014 que el inspector había firmado motivó que el abogado del Estado José Ignacio Ocio formulara una vehemente protesta, ha sido el propio testigo quien ha dejado constancia de un dato que puede resultar clave para las acusaciones sobre la inversión mexicana de Jordi Pujol Ferrusola y del propio Delso: sobre el terreno no había rastro alguno de villas u hoteles, cuando multiplicaron por seis su beneficio, según se podía comprobar en Google Maps años después de realizarse la operación.

El inspector de Hacienda autor del acta de disconformidad de Juandro Consultores SL -que firmó el fideicomiso por el que se puso en marcha el proyecto de Azul de Cortés en México- ha declarado que las "actuaciones preparatorias, por mucho que sean estudios" sobre viabilidad ambiental o de cualquier otro extremo "suponen una transformación jurídica del terreno, pero no material del mismo y hasta que esta no se da, no se entiende que exista actividad empresarial".

Se ha remitido al Tribunal Supremo para explicar que "la actividad debe ser suficiente para que haya actividad empresarial". Así ha explicado por qué en enero de 2015 firmó un acta de disconformidad respecto a Juandro por "ausencia de actividad empresarial en términos tributarios". Ha añadido que él no tiene "elementos de prueba suficientes para calificarlo de simulación", en una línea similar a lo declarado el lunes por la inspectora que compareció ante el tribunal en relación con la tributación de Jordi Pujol Ferrusola.

2008, prescrito

El testigo ha señalado que si hubiera dispuesto de pruebas de delitos societarios, lo habría denunciado ante la fiscalía, por lo que se limitó a proponer "una regularización de 3,6 millones de euros", que no trasladó al ministerio público, pese a superar con creces los 120.000 euros en los que se fija el delito, porque "las actuaciones correspondientes a 2008 se encontraban prescritas". A preguntas de Ocio, que ha insistido en que pedirá la nulidad de la incorporación de la liquidación a las actuaciones, el inspector tributario ha destacado que varios de los responsables de la empresa que terminó vendiendo Azul de Cortés a Isolux eran también consejeros de esta entidad, algo que tampoco entendió suficiente para considerar que se trataba de una simulación.

En esta operación, según el fiscal, Jordi Pujol Ferrusola ganó 13,4 millones de euros en dos años después de haber aportado solo un peso mexicano. En diciembre de 2008 su empresa IMISA vendió su participación en Azul de Cortés. El Grupo Isolux, presidido por Delso, pagó 126 millones de dólares por el proyecto que debía incluir hoteles, villas y un campo de golf. Según el inspector de Hacienda que lo revisó, cuando se produjo la venta solo se había hecho un pozo.

Préstamo simulado

El que sí apreció simulación fue el inspector que comprobó las declaraciones de IRPF de Josep Pujol Ferrusola en los ejercicios 2009 y 2011, tras la regularización extraordinaria que supuso la amnistía fiscal promovida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ante el tribunal ha explicado que apareció un ingreso de 800.000 euros en su cuenta de Andorra que no se había regularizado y el hijo del expresidente catalán lo justificó diciendo que se trataba de la devolución de un préstamo de un amigo, Jorge Barrigón Lafita, propietario de Cat Helicòpters, y que, por tanto, no debía regularizarse. Hacienda consideró que no había trazabilidad y que se trataba de "una ganancia no justificada".

El inspector ha declarado que "era extraño porque se había retirado en efectivo en 2009" y "se metió en una caja de seguridad durante dos meses" para volver "a ingresarse en efectivo". La explicación que le ofrecieron Josep Pujol y Barrigón es que necesitaban tener el dinero disponible para adquirir unas acciones porque el vendedor tenía un "carácter variable" y que, en el caso de que accediera a la venta, necesitaban disponer "inmediatamente" del efectivo. El propietario de Heliand, la empresa que supuestamente iban a comprar, lo negó con vehemencia ante el tribunal. También lo hizo ante el propio inspector de Hacienda que ha incidido en que no había contrato público ni soporte documental alguno de la operación, pese a su elevado importe. Solo meses después Josep aportó una certificación de la apertura de la caja de seguridad que dijo haber solicitado a la Banca Privada d'Andorra.

El testigo ha dicho que nunca vio la agenda intervenida en el domicilio de Josep Pujol, en la que había plasmado sus dudas sobre la operación: "Qué pasa si no lo creen y piensan que he gastado 900.000 euros y ganado 800.000"; "Cómo los he gastado"; "Documento de préstamo participativo"; "Analizar la posible relación 2009-2010 entre el préstamo y las posibles adjudicaciones a Cat Helicòpters"; "Qué pasa con la pasta que sale del banco"; "Cómo se explican los 200.000 euros que salen en el 2011"; "Qué he hecho con esta pasta"; "Si la he entrado en España, es blanqueo de capitales, ¿verdad?". La última anotación es todavía más explícita: "Puede ser mejor si digo que lo he devuelto a Barrigón. Puede ser delito de blanqueo de capitales".

"Estese tranquila"

Durante la vista también ha declarado Rosa María Manonellas, de 91 años de edad, a la que el fiscal quería preguntar sobre el ingreso de 13 millones de pesetas que recibió en los noventa de Jordi Pujol Ferrusola en la cuenta que tenía en Andorra con su marido, que se encuentra internado en una residencia con la que conectó el tribunal para comprobar que no está en condiciones de declarar. La mujer, que ha negado haber tenido nunca ese dinero, ha querido explicar por qué abrió una cuenta en Andorra, tratando de decir que tanto ella como su marido llevaban trabajando desde los 14 años.

Por su tono, se notaba que no tenía claro por qué la habían citado ante el tribunal y si el haber tenido una cuenta podía suponerle a ella o a su marido algún problema con la justicia. El presidente, José Ricardo de Prada, consciente de ello, la calmó y le explicó que en ocasiones se dirigía a los abogados y a las defensas para cerciorarse de si les quedaba alguna pregunta más por hacer. Al final, al ver que ella dudaba realmente de por qué había sido llamada a declarar, ha sido más directo: "Esté tranquila. Hoy ha prestado usted un servicio a la administración de justicia".

Suscríbete para seguir leyendo