El Congreso aprueba reformar la ley de memoria y ERC pacta con el Gobierno aumentar las indemnizaciones a víctimas del franquismo

El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que modifica la ley de memoria democrática para poder indemnizar a víctimas como el sindicalista andaluz Manuel José García Caparrós, mientras el Gobierno se abre a aceptar cambios propuestos por sus socios, como la ampliación de casos hasta 1983.

El real decreto ley ha sido convalidado con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP, Vox y UPN, que han votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.

Además, el pleno ha aceptado tramitar ahora esta iniciativa como proyecto de ley, tal y como se había comprometido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para así permitir a los grupos introducir cambios a través de enmiendas.

Lo ha hecho después de que socios de investidura del Gobierno como ERC, Bildu, Podemos o el BNG hayan mostrado una postura muy crítica en sus intervenciones en el pleno, al denunciar que el real decreto ley es insuficiente y que el margen temporal previsto en el texto original, fijado entre 1968 y 1978, se queda corto.

Una vía para indemnizar a la familia de Caparrós

Esta iniciativa ha sido la vía que ha encontrado el Gobierno para poder indemnizar a la familia de Caparrós, muerto por un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, después de que el Ministerio del Interior rechazara considerarlo víctima del terrorismo de Estado.

El propio Torres ha informado de que la comisión creada para analizar posibles indemnizaciones ha recibido en una primera tanda 18 solicitudes y ha aceptado 15, entre ellas la de la familia de Caparrós.

La indemnización a las víctimas que perdieron su vida en defensa de la democracia estaba recogida en la anterior ley de memoria histórica, de 2007, con un periodo concreto comprendido entre el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, pero la familia de Caparrós no solicitó esta reparación en su momento, según han confirmado a EFE fuentes socialistas.

El Gobierno acepta ampliar el plazo hasta 1983

Con el real decreto ley que acaba de ser convalidado en el Congreso el Gobierno modifica la nueva ley de memoria democrática, de 2022, para introducir expresamente el derecho a indemnización a las víctimas y ampliarlo un año más, hasta el 29 de diciembre de 1978, coincidiendo con la entrada en vigor de la Constitución.

Sin embargo, el Gobierno está dispuesto a ampliar este margen temporal en la futura tramitación como proyecto de ley.

De hecho, ERC ha anunciado este jueves en una nota de prensa que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para extender las indemnizaciones hasta el 31 de diciembre de 1983, además de ampliar el plazo para presentar solicitudes de uno a tres años y flexibilizar los criterios para la consideración de víctimas.

El caso de Salvador Puig Antich

"Si no corregimos el real decreto, no se podría acoger a los beneficios de las indemnizaciones la familia de Salvador Puig Antich", ha señalado en el pleno el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, en alusión al activista que fue el último ajusticiado a garrote vil en el franquismo, en marzo de 1974.

En este sentido, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha denunciado que la ley "opta por hacer una definición restrictiva de víctimas, excluyendo a quienes estaban vinculados a acciones violentas contra el franquismo".

Por su parte, el PP ha acusado al Gobierno de usar la ley de memoria como "cajón de sastre para dar salida a situaciones que legalmente no son viables", y Vox ha reprochado al Ejecutivo que "indemnizan con muchísimo menos dinero" a las víctimas de la dana y del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

La iniciativa del Gobierno reconoce a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su defensa de la democracia y amplía la cuantía de las indemnizaciones contempladas en la anterior ley de memoria.

En concreto, recoge el derecho a una indemnización de 250.000 euros para las personas beneficiarias de quienes fallecieron, de 180.000 euros en caso de incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros en caso de gran invalidez.