El juez Pedraz archiva la investigación a Ambulancias Egara al no apreciar indicios de la presunta financiación ilegal de CDC

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el archivo provisional de la causa en la que investigaba si se había producido algún tipo de financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la adjudicación del concurso, celebrado en 2014, para la gestión de los servicios de transporte sanitario urgente y no urgente en Catalunya, excepto el territorio de Aran, con validez durante el periodo plurianual 2015-2021. El magistrado considera que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

Con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción -promotora de las pesquisas inicialmente-, el juez Pedraz ha procedido a archivar la causa abierta por los delitos de cohecho y prevaricación administrativa, contra diversas personas físicas, sociedades y sus órganos de administración, entre ellas, la empresa que daba nombre a las actuaciones, Ivemon Ambulancias Egara.

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia explica que, tal y como expone el Ministerio Público, pese la investigación desarrollada en los últimos tres años, no ha quedado acreditado ni el concierto previo, ni la resolución arbitraria para la concesión de la adjudicación, que sería imprescindible para entender cometido el delito de prevaricación que se investigaba. Añade que se trata de una concesión que fue avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y por un informe del Tribunal de Cuentas.

Sin contraprestación

“Tampoco ha quedado acreditada ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”, señala el magistrado. Tampoco se desprende, en su opinión, que los responsables del concurso hayan llevado a cabo actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los intereses públicos.

Únicamente se observan, apunta Pedraz, “meras irregularidades administrativas subsanables, o no, por actos administrativos complementarios o de subsanación o incluso de anulación de los actos administrativos, no teniendo estos actos una gravedad y relevancia que comporte una clara injusticia del mismo a sabiendas de que lo es y no habiéndose ocasionado un deterioro de la imagen de la función pública que haya causado un grave trastorno y perjuicio de la Administración Pública”.

En el mismo sentido, señala que no se puede llevar a cabo una “criminalización del derecho administrativo” cuando ante una mera acción de la autoridad o funcionario público de poca entidad o relevancia se pueden iniciar los mecanismos previstos de impugnación o anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa porque se carecen de elementos subjetivos y objetivos que conforman el tipo penal de la prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal. Añade que tanto imputados como testigos relacionaron lo ocurrido con "una decisión familiar derivada de [un] conflicto familiar y sucesorio".

Desglosada del 3%

Esta pieza partió del caso 3%, en el que se investigó la presunta financiación de CDC a través de las fundaciones del partido y por el que se sentarán en banquillo quienes fueron sus tesoreros. Continúan en instrucción la del presunto 'pitufeo' de altos cargos del partido y la relativa a la productora Triacom, para cuya apertura resultó clave el empresario ya fallecido Joan Manuel Parra, quien aportó una conversación, grabada de forma oculta, con el 'exconseller' y extesorero de la formación Germà Gordó, en la que este le dijo: "Cada vez que te presentes a alguna cosa [un concurso público], me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente".

Lo que denunciaba Parra coincidió con lo que declaró en un primer momento Carlos Simón, de Ambulancias Egara, en relación con que los empresarios David Madí y Joan Albert Arqués les propusieron quedarse con el 60% de Egara a través de ICAT Desenvolupament; a cambio, la empresa resultaría adjudicataria en los concursos de la Generalitat. Simón matizó después su declaración, al asegurar que la había hecho presionado por los mossos que le interrogaron.

Para entonces, su hermano Óscar Simón ya había negado ante el juez Pedraz cualquier irregularidad en la adjudicación sospechosa y atribuyó la donación de 30.000 euros a una de las fundaciones de CDC, Catdem, a su padre, aunque le restó importancia señalando que era una entre muchas en distintos países.

Óscar Simón explicó que en un momento determinado Egara necesitaba inversores y Juan Luis Gallardo, que trabajaba con ambulancias vascas, les puso en contacto con el grupo inversor ICAT, de Madí y Arqués. Según el empresario, la opción de compraventa de las acciones de Ambulancias Egara en 2012 que realizaron no se llegó a ejercitar. Arqués declaró que porque se desvinculó de ICAT Desenvolupament y Simón que porque no le convencía Madí.

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