El Govern impone 22 sanciones que suman 77.000 euros por vulnerar la ley de vivienda

El Govern ha impuesto 22 sanciones a propietarios por incumplir la ley de vivienda que suman 77.000 euros desde la aprobación del régimen sancionador hace más de un año en el Parlament. La normativa se completó el pasado diciembre con la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones -que inicialmente habían quedado fuera- y ha derivado además en la apertura de 480 diligencias previas que la administración está analizando.

Los datos los ha hecho públicos la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una entrevista en RAC1 este miércoles, coincidiendo con el desalojo previsto de un vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona, que finalmente se ha aplazado al 15 de abril por la presión vecinal. Hasta el inmueble se han concentrado unas 200 personas, convocadas por el Sindicat de Llogateres, para tratar de frenar la actuación. La orden llega después de que la propiedad del edificio, New Amsterdam Developers (NAD), adquiriera la finca en 2023 e iniciara un proceso para no renovar los alquileres y reconvertir los pisos en 'colivings', según denuncian los vecinos, el Sindicat de Llogateres y el propio afectado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado a través de sus redes sociales su "oposición frontal" al desalojo y ha asegurado que el Govern ha activado "todos los mecanismos legales" para proteger a los afectados. Paneque ha explicado que el bloque ha sido inspeccionado ante los indicios de una posible vulneración de la ley de vivienda y que abrirán un expediente para las 23 viviendas del bloque. De confirmarse, la sanción sería grave y podría superar los 90.000 euros por cada una, según ha detallado Paneque. "Este tipo de prácticas no solo incumplen la ley sino que no son bienvenidas en Catalunya. El síndic de Barcelona quiere actuar como mediador en esta situación y sería bueno que hubiera margen de negociación con la empresa propietaria", ha apuntado la consellera.

El inquilino afectado asegura que paga 800 euros por su vivienda, mientras que en el mismo bloque se están alquilando habitaciones por unos 900 euros, con una media de tres por piso. En este caso concreto el propietario sería un gran tenedor, pero la también portavoz del Executiu ha dicho que entre las sanciones impuestas hay "todo tipo" de propietarios. "Este Govern quiere dejar claro que el uso de la vivienda es preferentemente residencial", ha declarado Paneque.

En un mes y medio, la administración ha impuesto unas 10 multas más, pues a principios de febrero el Executiu ya anunció que había puesto las primeras 13 multas por esta cuestión. "Los datos pueden cambiar de una semana a otra", ha advertido Paneque, que ha subrayado que, además de las denuncias recibidas, el Govern ha desplegado un centenar de inspectores en todo el territorio que también vigilan el cumplimiento de la ley. Las inspecciones las realizan la Agència Catalana de Consum y la Agència de l’Habitatge de Catalunya, los dos organismos con capacidad para abrir expedientes.

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