Anticorrupción asegura que la bajada de impuestos que logró el bufete que creó Montoro perjudica a la Hacienda catalana

La Fiscalía Anticorrupción asegura que las reformas legislativas impulsadas por medio del Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, perjudican a Hacienda catalana y a las arcas del Ayuntamiento de Tarragona debido a la disminución de impuestos que conllevaban, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La fiscal Carmen García Cerdá responde de esta manera al recurso presentado por un imputado en la causa que instruye el juez de Tarragona, Rubén Rus, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, en la que está investigado el exministro del PP. Además, refuerza la tesis de que el proceso debe ser instruido por el juez de esta ciudad catalana y rechaza de plano el argumento de la defensa de que no es competente, y, en todo caso, debería remitirse el caso a la Audiencia Nacional.

El abogado de José María Buenaventura Zabala, exdirector de gabinete del exsecretario de Estado de Hacienda durante la etapa de Mariano Rajoy, presentó en el juzgado un recurso contra la resolución en la que el juez Rubén Rus levantaba el secreto de las actuaciones y detallaba las imputaciones de cada uno de los implicados en esta trama. El letrado sostenía que los hechos que se atribuían a su defendido estaban prescritos y, por lo tanto, procedía al archivo. Sin embargo, la fiscal García Cerdán se opuso, negó que los delitos estuvieran prescritos y dejó patente que el auto del magistrado contiene "una motivación que supera las exigencias legales", dado el estado en que se encuentra la investigación y sin haber interrogado todavía a los imputados.

La fiscal califica de "exquisito" el auto del juez y precisa que "no solo dedica varios puntos a ilustrar sobre cómo se inician las actuaciones, sino que recoge, en un relato extenso, ordenado y contextualizado en el tiempo", los acontecimientos que se investigan, para luego concretar de forma resumida la participación de cada uno de los implicados. Es en este punto donde García Cerdán detalla que el relato del juez "permite conocer los conciertos diseñados por las empresas gasistas que operaban en Tarragona para obtener, previo pago de comisiones, reformas legislativas con las que disminuir su gasto tributario a costa de perjudicar las arcas de la comunidad catalana" por la reforma de los Impuestos Especiales (IIEE), y del propio Ayuntamiento de Tarragona, por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Pagos por servicios

Para la fiscal, los investigados habrían venido "indiciariamente" actuando en organización, poniendo "la función pública ejercida por algunos de sus miembros al servicio de los intereses de la trama". De esta "organización", subraya, "se habrían servido las empresas del sector gasístico en Tarragona, aceptando realizar los pagos solicitados para poner en marcha la maquinaria legislativa a favor de los intereses que buscaban sus directivos en cada momento". En este entramado, señala la acusación pública, se encuentra Buenaventura Zabala, que, según el juez, en 2014 se habría reunido con las gasistas en la sede del Ministerio de Hacienda. En ese encuentro, solicitó la ayuda de las empresas para la redacción del artículo que debía incluirse en el proyecto de ley que se iba a tramitar en breve y que iba a beneficiarlas. Además, consta que ha percibido retribuciones de Equipo Económico y de empresas vinculadas, un hecho que aún se está investigando.

El auto del juez se complementa con los atestados policiales y los informes de la Unidad de Apoyo en Anticorrupción de la Agencia Tributaria. La fiscal recuerda que, tras el análisis de los correos incorporados en la causa, ella fue quien requirió que se tuviera como investigado a Buenaventura Zabala, ya que los correos electrónicos revelaban que este entonces alto cargo había participado en las maniobras. "De esta forma, dichos funcionarios no solo habrían realizado o dirigido con complacencia los informes, decisiones y la redacción del texto legal, que conformaba el expediente" de la reforma analizada, sino que "habrían procurado los medios necesarios para que el beneficio fiscal investigado no fuera alertado por los organismos fiscalizadores de la tramitación".

Suscríbete para seguir leyendo