Illa se opone "frontalmente" al desahucio del bloque de Sant Agustí de Barcelona, aplazado al 15 de abril

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subrayado este miércoles su rechazo al desahucio del bloque de Sant Agustí del distrito de Gràcia, que se ha aplazado al 15 de abril ante la movilización ciudadana. El líder socialista, primero en un tuit y luego en declaraciones en persona, ha diferenciado la inversión en construir viviendas de las prácticas "abusivas".

"Nos oponemos frontalmente al desahucio de los vecinos de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia. En ninguna ciudad de Catalunya permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio", ha afirmado Illa a través de las redes sociales esta mañana. "Desde el Govern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa", ha añadido.

Una protesta de varios centenares de personas ha impedido que la comitiva judicial pudiera proceder al desalojo, de manera que la operación ha quedado pospuesta. El Sindicat de Llogateres, que ha organizado la protesta desde primera hora de la mañana, ha informado de que han logrado frenar el desahucio y han denunciado que la empresa propietaria -el fondo New Amsterdam Developments- quiere convertir el edifico en 'colivings', es decir, apartamentos reformados y alquilados por habitaciones para obtener más rentabilidad.

A mediodía, en una comparecencia en Tarragona tras firmar un convenio sobre patrimonio histórico, ha aprovechado para profundizar en su posicionamiento. "La política de vivienda de la Generalitat es clara: todos los ciudadanos de Cataluña deben tener acceso a la vivienda. Quien quiera invertir en vivienda puede hacerlo en vivienda social para la gente vulnerable. No quien quiera invertir para especular, el Gobierno de Cataluña no quiere este modelo de inversión y negocio", ha dicho.

"Insisto, quien quiera invertir tiene alfombra roja para hacerlo en el Plan 50.000, para gente que lo necesita. Acceso a la vivienda como un derecho básico, esta es la política del Gobierno en vivienda. Permítanme que sea muy claro en este mensaje, sea en Barcelona, en Tarragona, en Girona o Lleida. Se trata de proteger también a las personas", ha rematado el president del Govern.

Paneque anuncia un expediente contra el fondo

También ha condenado la actuación la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha explicado en RAC1 que el bloque ha sido inspeccionado ante los indicios de una posible vulneración de la ley de vivienda y que abrirán un expediente para las 23 viviendas del bloque. De confirmarse, la sanción sería grave y podría superar los 90.000 euros, según ha detallado Paneque. "Este tipo de prácticas no solo incumplen la ley sino que no son bienvenidas en Catalunya. El síndic de Barcelona quiere actuar como mediador en esta situación y sería bueno que hubiera margen de negociación con la empresa propietaria", ha apuntado la consellera.

Además, ha revelado que el Govern ha impuesto 22 sanciones a propietarios por incumplir la ley de vivienda que suman 77.000 euros desde la aprobación del régimen sancionador hace más de un año en el Parlament. La normativa se completó el pasado diciembre con la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones -que inicialmente habían quedado fuera- y ha derivado además en la apertura de 480 diligencias previas que la administración está analizando.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, también ha reaccionado en X señalando que "en Catalunya nadie tendría que verse obligado a marchar de casa suya por culpa de la especulación inmobiliaria". "La vivienda es un derecho, no un negocio", ha espetado. Por su parte, la dirigente de los Comuns, Jéssica Albiach, ha subrayado que este es "un caso más que demuestra la necesidad de prohibir las compras especulativas". A su juicio, hace falta más "contundencia" por parte del Govern, al que ha reprochado que trate de hacer una política de vivienda "basada en titulares" porque las sanciones por incumplir el límite de precio de los alquileres llegan "tarde" y "parecen una broma", ya que considera insuficiente que se hayan recaudado 77.000 euros en multas desde el mes de enero.

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