El Constitucional estudiará la última reforma del Reglamento del Senado

En el haber del PP en esta legislatura hay una docena de conflictos institucionales abiertos desde el Senado, donde tienen la mayoría absoluta, con el Congreso y el Gobierno. Los populares inauguraron esta herramienta, nunca antes usada para confrontar entre Cámaras, con la tramitación de la ley de Amnistía. Desde entonces, no han parado. Tanto es así que reformaron el reglamento del Senado para recoger esta figura como elemento para chocar con el Congreso. Este miércoles, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del PSOE contra esa modificación.

A mediados de noviembre del año pasado, echando mano a la mayoría absoluta que tienen en el Senado, el PP reformó el reglamento de la Cámara Alta. En concreto, uno de los cambios planteaba que el Senado pudiera elevar un conflicto de atribuciones si las leyes que impulsaba se retrasaban después en el Congreso. En lo que va de legislatura, todos los proyectos de ley que han presentado los populares en esta Cámara han acabado olvidados en un cajón de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar han usado su mayoría para prorrogar sine die el plazo de enmiendas.

Los socialistas consideran que "el Reglamento no puede ampliar por sí mismo los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni invadir la autonomía normativa y funcional del Congreso de los Diputados", por lo que presentaron un recurso ante el TC. Este miércoles, el Constitucional ha aprobado por unanimidad la admisión del recurso de inconstitucionalidad.

Otros casos

Este es el tercer recurso interpuesto en esta legislatura por los socialistas ante el TC por reformas del Reglamento del Senado. El primero se resolvió en marzo del año pasado, cuando el TC anuló por inconstitucional la reforma con la que el PP pretendía retrasar la tramitación de la ley de amnistía.

La modificación, aprobada en noviembre de 2023, ralentizaba el paso por la Cámara Alta de la medida de gracia, estableciendo que fuese la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el PP, quien determinase si una proposición de ley proveniente del Congreso debía tramitarse o no por la vía de urgencia. La diferencia era significativa ya que, de los 20 días que establece el trámite de urgencia podían ampliarlo a dos meses, que es el máximo que establece la Constitución.

Y el segundo fue contra una reforma posterior del Reglamento también referida a la tramitación de leyes que proceden con el carácter de urgentes desde el Congreso, el cual fue admitido a trámite por el TC el pasado noviembre.

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