Denuncian el "bloqueo sistemático" de la justicia a investigar a fondo el espionaje con Pegasus

El mes que viene se cumplirán cuatro años desde que estalló el caso Pegasus, por el que se desveló que más de 60 líderes y activistas independentistas fueron espiados por el CNI con este programa de fabricación israelí que se infiltra en los teléfonos móviles. Transcurrido este tiempo, este miércoles, el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia ha denunciado que la mayoría de las investigaciones judiciales que se abrieron en su día están paralizadas en los tribunales. El problema, aseguran, es que la justicia en España no está tramitando como debería las órdenes europeas de investigación, conocidas como euroórdenes.

La encargada de explicar la situación ha sido la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, en un acto celebrado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Allí ha expuesto que tienen constancia de que, en al menos 10 casos, las euroórdenes han quedado paralizadas por una "inacción" del juzgado responsable en España. "Denunciamos públicamente esta indefensión, denunciamos este bloqueo sistemático y exigimos que se tomen en serio la justicia", ha dicho.

En relación con estas euroórdenes, Irídia se ha encontrado con tres tipos de problemas. Por ejemplo, Olivella ha criticado que hasta en tres ocasiones el juzgado no ha llegado ni siquiera a tramitar la orden en sí, pese a que los afectados lo han solicitado con insistencia, y ha acabado archivando las denuncias. En dos casos más, se ha emitido la euroorden de forma pertinente, pero tras activarse el proceso, "no se ha realizado ninguna actuación más" y el "procedimiento ha quedado congelado". Finalmente, en cinco ocasiones más, las euroórdenes han sido enviadas y aceptadas por los juzgados de destino en Luxemburgo que, cuando han respondido pidiendo más documentación a la justicia española para avanzar con la cuestión, no han obtenido respuesta.

La importancia de Luxemburgo

¿Por qué son tan importantes las euroórdenes y por qué se envían a Luxemburgo? Irídia identificó en su día que tres directivos de la empresa israelí NSO Group -Shalev Hulio, Omri Lavie y Yuval Somekh- podrían estar detrás del escándalo o, como mínimo, arrojar luz sobre el caso. La filial europea de la compañía está en Luxemburgo y por eso las órdenes tienen ese destino. Son órdenes que reclaman que se aporte información, que se requieran pruebas periciales, que se preste declaración o que se notifiquen las querellas presentadas en España, pero que sistemáticamente van cayendo en saco roto. "Es una clara dejación de funciones que tiene un impacto directo tanto en la justicia española como en el derecho a la tutela efectiva de las víctimas", ha dicho Olivella. Uno de los casos que lleva Irídia es el del espionaje al móvil del abogado de ERC Andreu Van den Eynde.

La especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, ha explicado que, a diferencia de España, en otros países europeos como Polonia y Grecia sí se han conseguido avances judiciales que han acabado con imputaciones a miembros del Gobierno y de los servicios secretos. También ha expuesto que es importante avanzar en las investigaciones para poder seguir pidiendo "la prohibición" de una tecnología invasiva como Pegasus por "vulneración de los derechos humanos".

Parálisis en otros juzgados

El espionaje con este programa israelí no solo afectó al independentismo. También se espió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros, además de dirigentes de Podemos. Tampoco por este lado han avanzado demasiado las pesquisas. En enero de este año, la Audiencia Nacional acordó por segunda vez el sobreseimiento provisional de la causa alegando "impotencia investigadora". El problema de fondo en ese caso es que, para avanzar, se necesita la colaboración de la justicia israelí a través de las conocidas como comisiones rogatorias y no se está consiguiendo.

Las pocas certezas que se tienen hasta ahora sobre el caso son que las infiltraciones en los móviles de los afectados con el programa Pegasus fueron ejecutadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En su día, la exdirectora de los espías Paz Esteban argumentó que en 18 casos relativos al independentismo catalán tenían autorización judicial. No aclaró por qué se espió al resto y con qué mandato. Tampoco lo más importante: quién lo ordenó. Por ahora, las investigaciones arrojan que muchas de las incógnitas siguen encontrando su respuesta en el CNI, en Israel y en Luxemburgo. Sin embargo, cuatro años después, los avances han sido a cuentagotas.

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