La Audiencia Nacional analiza si Igualdad discriminó a una de las redactoras de la ley del Aborto en la etapa de Montero

La Audiencia Nacional analiza la demanda presentada por una jurista contra el Ministerio de Igualdad por vulneración de sus derechos durante la etapa de la ministra Irene Montero tras ser contratada para la elaboración de la ley del Aborto. Alega que su aportación fue "invisibilizada" por razón de su raza y de su nacionalidad guatemalteca y además no se le pagó.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene por formalizada de demanda en nombre de esta abogada, Adilia Mercedes Hernández, y con fecha del pasado 11 de enero acordaba pasar las actuaciones a la Abogacía del Estado para que, en representación del Ministerio de Igualdad, conteste a la demanda de esta jurista. En la respuesta, la administración puede presentar "los documentos en que directamente funde su derecho" ante las pretensiones de la demandante.

Por parte de Igualdad se responde a este periódico que la denuncia se debe a hechos producidos entre 2021 y 2023, correspondientes a una etapa anterior a Redondo, si bien el actual Ministerio ya ha puesto a disposición de la Justicia el expediente completo, sobre la elaboración de la norma señalada y "seguirá colaborando en todo lo que se le requiera".

Desde Igualdad también apuntan que "existe un dictamen del Consejo de Estado que no apoya las peticiones de esa persona". La abogada acudió a este órgano consultivo para sustentar una reclamación de 91.809 euros por un supuesto "enriquecimiento injusto de la Administración", otros 80.000 por daño moral y 8.930 por "daño psíquico".

Entre otros, la abogada considera vulnerado su derecho a la igualdad porque fue objeto de "un trato discriminatorio por razón de origen nacional, raza y motivos ideológicos" por el equipo de Montero en Igualdad, que la había contratado para redactar el borrador de la nueva norma sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Añade que no se le pagó, lo que "la apropiación ilícita del trabajo realizado por la recurrente y su consiguiente invisibilización como autora". Igualmente, considera vulnerados su derecho a la autoría, al honor, a la libertad de expresión e incluso al derecho a la integridad física y psíquica por las consecuencias sufridas en su salud.

Redondo no ha actuado

La demandante, con 20 años de residencia en España y experta en defensa de los derechos de las mujeres, fue contactada a finales de 2021 por el Ministerio bajo mandato de Montero y asegura en su demanda que este equipo ministerial "se dedicó a borrar toda huella de la autoría y participación de la recurrente en dicha legislación estatal, sin que la ministra Ana Redondo haya realizado acción alguna hasta el momento para cesar la situación de discriminación o siquiera para investigar los hechos".

Agrega que Igualdad "persiste en el incumplimiento en el pago de la remuneración correspondiente, la falta de reconocimiento formal por el trabajo realizado y la ausencia de medidas de reparación por el daño causado a la recurrente", por lo que pide a la Audiencia Nacional que reconozca esta vulneración de derechos y la subsane.

Prisas para el proyecto

Según su demanda, se la contrató en octubre de 2021 y que le pagarían 5.000 euros por hacer el esquema técnico de la ley, el "mecanismo de caja fija", dada la premura existente para que Montero presentara la norma antes de Navidades. No obstante, luego se dio cuenta de que se le exigía redactar la norma completa y exigió una "reconfiguración" de su relación profesional con el Ministerio, que fue desoída.

Afirma que después se le comunicó "que no se podría hacer pública la autoría del documento que estaba redactando, bajo la supuesta amenaza de que la extrema derecha nos atacaría porque eres extranjera” y que a partir de ahí se la presionó para que aceptara las "condiciones abusivas" y no denunciara los hechos.

Ya en enero de 2024 la jurista solicitud de revisión de oficio ante Igualdad por el impago de sus honorarios "y también por la nulidad de dos contratos impuestos de forma verbal, como parte del trato discriminatorio". Transcurridos más de seis meses, ante el silencio de la Administración, decidió acudir a la justicia. La resolución conocida este miércoles supone la anulación de una resolución anterior que acordado el archivo al no haberse formalizado la demanda en plazo, aunque el problema pudo ser subsanado y los magistrados ahora reclamaron información al Ministerio antes de decidir sobre este asunto.

Resolución del Consejo de Estado

En cuanto a la resolución del Consejo de Estado, tiene fecha de julio del 2024 y en él se señalaba que la petición de la jurista se fundamenta en la valoración "en todo caso subjetiva- del "precio justo" que de su trabajo realiza" al considerar que el servicio requerido tenía un valor tan superior al acordado.

A juicio de este órgano, "hubiera debido acudir a las vías oportunas para solicitar, en tiempo y forma, la resolución del contrato y la adjudicación de uno nuevo, y en todo caso habría que tener en cuenta que, de ser exacta la estimación del valor que hace la interesada, el contrato estaría muy lejos de poder ser considerado como menor, y hubiera debido someterse a un procedimiento de licitación".

Sobre la existencia de un "plan preconcebido para eliminar completamente la autoría real del anteproyecto", el Consejo de Estado respondió que el objeto de los contratos que firmó con el equipo de Montero no hacen referencia a la redacción de un anteproyecto de ley orgánica, "sino a documentación variada (y, cabe añadir, algo vaga en cuanto a su alcance) para el asesoramiento técnico-jurídico en la materia", por lo que "no puede considerarse probada la efectividad del daño reputacional alegado, ni tampoco su carácter antijurídico".

Por otra parte, si bien de los intercambios de correos que la interesada ha aportado se desprende que "en alguna ocasión se hizo alusión a la doble nacionalidad española y guatemalteca de la interesada", de ello no cabe deducir que haya sido objeto de un trato discriminatorio por razón de su origen, ni tampoco, como alega, por su raza. La abogada había presentado informe psicológico en el que se constata que padece "trauma racial", si bien el Consejo de Estado incidió que ello "no permite concluir que este se haya derivado de la actuación de la Administración".

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