Anticorrupción pidió al juez que descartara informes de la fiscal sancionada, de Hacienda y de los Mossos sobre los correos de Montoro de rivales políticos

El teniente de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, pidió al juez que investiga en Tarragona el caso Montoro, Rubén Rus Vela, que descartara hasta cuatro informes elaborados por la fiscal del procedimiento Carmen García Cerdá, por la Agencia Tributaria y por los Mossos d'Esquadra sobre la relevancia penal de los correos electrónicos relativos al caso Bárcenas, sobre el exvicepresidente Rodrigo Rato, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el expresident catalán Jordi Pujol, entre otros.

Este periódico informó en exclusiva que en el procedimiento se incluye "una pieza reservada y secreta al margen de la principal" con todos los mensajes que fueron entregados al Juzgado por el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria (AEAT), cumpliendo con lo acordado en los autos de 16 de diciembre de 2021. Pero el 22 de julio de 2025, una vez levantado el secreto de las actuaciones, Romeral reclamó "el expurgo de los correos electrónicos", que debían ser "disociados del resto y devueltos a cada uno de los órganos del Estado que los remitieron".

En concreto, el número dos del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, especifica que en "la pieza de expurgo formada al efecto para apartar los correos ajenos a la investigación han de incluirse, además del presente informe [firmado por él], el del Ministerio Fiscal de 18 de enero de 2024 y los correos que se adjuntaron contenidos en 184 páginas; el de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía de 27 de enero de 2025; y el informe de Mossos d'Escuadra de 21 de noviembre de 2022, (disociar las páginas 36 a 49 y los correos contenidos en el CD aportado".

Información sobre Equipo Económico

Además, explica que se debería expurgar "el resto de los correos aportados, con la excepción de los que contienen información sobre Equipo Económico o sobre los concretos hechos que se investigan recogidos en los informes policiales y de la Unidad de Apoyo de la AEAT a la Fiscalía".

En este informe sobre los correos, Romeral propone al instructor el expurgo, "por no guardar relación con los hechos investigados, de los correos electrónicos entregados al Juzgado. Así el teniente fiscal de Anticorrupción recuerda que en un auto de 19 de junio de 2025 se recoge que los hechos objeto de investigación "se centran en las relaciones entre Equipo Económico, el despacho creado por el exministro Cristóbal Montoro, y las empresas gasistas pertenecientes a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriarles y Medicinales (AFGIM), para la obtención de reformas legislativas en sintonía con sus pretensiones". Y estos hechos, prosigue, "son los que determinan qué elementos probatorios son útiles y necesarios para el procedimiento".

En este sentido, recuerda que ya el 18 de enero de 2024, al preguntar el juez Rus Vela "sobre la procedencia o no de incorporar los correos a la causa", emitió "un informe sobre la incorporación a la causa de los correos electrónicos" en el que aseguraba que los organismos públicos habían proporcionado todos los correos en los que habían sido parte, como remitentes o receptores, las personas investigadas en la causa, en los periodos señalados en las resoluciones judiciales, de suerte, que su remisión, masiva, se había realizado sin discriminar entre los relacionados o que pueden ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, del resto, ajenos al asunto".

Rato y Monedero no son perjudicados

Por eso, trasladaba al magistrado que no procedía incorporar a la causa los correos entregados, con la excepción de aquellos que contenían información "sobre Equipo Económico o sobre los concretos hechos que se investigan. Los correos ajenos, como los tratados en este escrito, interesamos que se devuelvan a los anteriores órganos del Estado", reitera. Además, Romeral proponía que no se aceptara la personación de Monedero y de Rato como perjudicados, "pues se fundan en unos hechos que no son objeto de investigación en la causa, además de carecer de relevancia penal".

Se da la circunstancia de que en los correos electrónicos incluidos en el sumario del caso que investiga el juez de Tarragona Rubén Rus Vela se evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas, en el que el representante del Ministerio Público fue Antonio Romeral.

En concreto, esos mensajes ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda sabía que la investigación judicial había detectado “más de 1 millón de entradas al partido [PP] y 1,6 millones de salidas o pagos desde el partido”. Y estos altos cargos alertaron al “ministro” Montoro de que “el juez Pablo Ruz estaba valorando un primer escrito de Hacienda y que podría solicitar otra vez el cálculo de la cuota”. Como respuesta al magistrado, Felipe Martínez Rico relata a Montoro que podían "elevar un conflicto jurisdiccional a una sala especial. La Abogacía nos transmite que el fiscal [Antonio Romeral] cree que no hay delito, y que quiere seguir investigando [un] posible delito fiscal solo de Unifica, y que esta valoración coincide con la de la Agencia Tributaria (AEAT)".

Acusación del fiscal

Estos mensajes de la cúpula de Hacienda se enviaron después de que Ruz hubiera dictado el 25 de febrero de 2015 una providencia en la que encargaba a los peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de Hacienda, que cuantificaran la deuda tributaria del PP “al objeto de determinar la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular por el Impuesto sobre sociedades de 2008 (…)”, si no se consideraran exentos de tributación los pagos en ‘b’ que habían sido descubiertos con los papeles de Bárcenas.

El 8 de abril 2015 Montoro recibe un mensaje en el que le dan cuenta de aspectos relevantes de la acusación contra el PP: “Me comenta David [Mellado], el fiscal del caso (Romeral) va a acusar de delito fiscal al Partido por la parte de Unifica pero no por las donaciones ilegales. Considera el fiscal que, sin meterse a valorar si las donaciones deberían estar exentas o no en el Impuesto sobre Sociedades, el delito fiscal no está concretado (el auxilio de la AEAT ha dejado abiertas opciones en su informe en las que no hay cuota superior a los 120.000 euros). Lo único concreto es el delito fiscal en el caso del estudio de arquitectos, y ahí es dónde va a centrar la acusación. Parece ser que el fiscal va a formular así la acusación. (Unifica y no donaciones ilegales). Y que lo pasará a ok de la AEAT. Si se confirma lo que te he expuesto: la acusación, desde nuestro punto de vista, está bien enfocada; facilita el papel de la AEAT (que no tiene que sugerir cómo formular la acusación, sino simplemente confirmar el criterio del fiscal. Le he pedido información adicional a David sobre esto y sobre el procedimiento de la Infanta), que tendrá disponible mañana, por si te convocan el viernes. Felipe”.

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