El Parlament recurre una sentencia del TSJC que rechaza que se exija el nivel intermedio de catalán a sus chóferes

El Parlament recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que rechaza que la Cámara catalana pueda exigir el nivel intermedio (B2) de catalán a los chóferes de su cuerpo de funcionarios, después de que la entidad 'Convivència Cívica Catalana' impugnara este requisito lingüístico en la última convocatoria para estos puestos. La resolución, cuya notificación ha recibido la Mesa esta misma semana, no anula el resultado del proceso ya realizado, pero sí cuestiona este requisito de cara a futuros procesos de selección.

Ante esta situación, la Mesa ha decidido presentar un recurso de casación con el objetivo de evitar que el fallo siente precedente. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha defendido tras conocerse el dictamen que el proceso se llevó a cabo "de forma adecuada, legal e impecable" y ha subrayado la voluntad de preservar la autonomía de la institución en la fijación de sus criterios de contratación, especialmente cuando se trata de proteger derechos lingüísticos.

Además del recurso, el Parlament impulsará una reforma de los estatutos de régimen interior (ERGI) -la norma que regula el funcionamiento del personal de la Cámara catalana y que tiene rango de ley- para blindar la exigencia del B2 de catalán. Este nivel lingüístico equivale al que adquiere un alumno al finalizar la educación secundaria obligatoria (ESO) en Catalunya, por lo que desde el Parlament consideran que se trata de un requisito razonable para el desempeño de funciones públicas.

Coordinación con el Govern

Esta modificación de los estatutos ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa, con miembros de Junts, PSC y ERC, pero no es la única medida que se impulsará para dar respuesta a este dictamen. Rull también prevé abordar esta cuestión con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, con el objetivo de coordinar una respuesta institucional. Según el presidente del Parlament, la sentencia podría tener efectos más allá de la Cámara catalana y afectar al conjunto de la administración de la Generalitat, al abrir "una vía que genera una inseguridad extraordinaria".

En este sentido, desde el Parlament advierten de que el fallo judicial introduce incertidumbre en materia lingüística y lamentan que, a su juicio, responde más a un enfoque político que estrictamente jurídico. "Tiene más elementos políticos que jurídicos", ha criticado Rull, quien considera la resolución "una mala noticia" y alerta de que se entra en "un terreno altamente complejo y delicado". La Cámara catalana defiende que el recurso busca no solo "dar solidez" a su posición, sino también contribuir a frenar posibles efectos en cascada sobre otras administraciones públicas en Catalunya.

La semana pasada, el TSJC también emitió una sentencia que obliga al Parlament a colgar la bandera española en su fachada, tras aceptar parcialmente una petición cautelar impulsada por la entidad 'Impulso Ciudadano', que denunciaba una supuesta vulneración de la normativa vigente sobre símbolos nacionales. Por el momento, fuentes parlamentarias aseguran que aún no han recibido la notificación del tribunal.

Suscríbete para seguir leyendo