El Gobierno frena la intención del PP de obstaculizar la regularización de migrantes

En una práctica cada vez más habitual, la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Sumar- ha suprimido dos enmiendas introducidas por el PP en la ley contra la multirreincidencia durante el trámite en el Senado después de que el Gobierno haya presentado dos vetos constitucionales, alegando que suponen un incremento presupuestario. Una de las modificaciones, pactada entre los populares y Vox, trataba de frenar la regularización de migrantes anunciada por el Ejecutivo exigiendo a los solicitantes la presentación de un certificado oficial de ausencia de antecedentes penales de todos los países en los que hubieran vivido, sin poder sustituirlo por una declaración responsable en el caso de que no haya respuesta de estos terceros países.

Además, la enmienda de los populares establecía que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad debían realizar un informe de cada solicitante para "evaluar si existe una amenaza real para el orden público". El Gobierno se ha aferrado a que para la comprobación de toda esta información sería necesaria la contratación de cerca de 400 funcionarios en la Comisaría General de Extranjería e implicaría un coste de cerca de 17 millones de euros. La otra enmienda suprimida implicaba la creación de nuevos puestos de fiscales, lo que también conlleva un aumento presupuestario.

El Ejecutivo ya vetó ambas modificaciones hace unas semanas en la Cámara Alta, pero la Mesa del Senado, controlada por el PP, desoyó la petición. No obstante, este martes, cuando la norma ha llegado al Congreso para su aprobación definitiva el próximo jueves, el Ejecutivo ha vuelto a registrar el veto a esta enmienda y, en este caso, la Mesa de la Cámara Baja lo ha aceptado, retirando los cambios sin debate en el pleno. Esta es ya la quinta ocasión en esta legislatura en la que se da esta situación, hasta ahora inédita. En los últimos meses, el Senado ha activado varios conflictos institucionales contra el Congreso por este motivo.

En todas las ocasiones, la Cámara Baja ha defendido que actúan en su ejercicio "constitucional y reglamentario", ya que el artículo 134.6 de la Constitución establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". No obstante, los populares denuncian que el Senado tiene autonomía para decidir sobre si el veto del Ejecutivo es válido o no.

Salvar la votación

La decisión del Gobierno evitará, además, otra tensa votación. De no haberse suprimido estas enmiendas, el jueves se votarían en el pleno del Congreso, donde el Ejecutivo hubiera necesitado del respaldo de todos sus socios para eliminarlas del texto. Esto supone contar con el apoyo de Junts. Los posconvergentes, que en ningún momento dieron su respaldo a la iniciativa del PP e incluso pidieron su eliminación en el Senado, tendrían en su mano echar por tierra los planes del Gobierno para la regularización, aunque les situaría en una situación compleja: defienden no aprobar nunca nada que venga de Vox, y la enmienda es fruto de un pacto de los populares y los ultras, pero tampoco están a favor de la regularización de los migrantes.

A esto se suma que los de Carles Puigdemont quieren sacar pecho de la ley contra la multirreincidencia que impulsaron en el Congreso. La norma, que recibirá el visto bueno el jueves, cambia el paradigma de los delitos de hurto. Con el nuevo texto, aquellos que hayan sido condenados por tres delitos y al menos una de las veces por un delito leve, serán condenados a entre 6 y 18 meses. Se elimina el requisito actual de que el valor de lo hurtado sume 400 euros. Además, cuando "los objetos sustraídos fueran teléfonos móviles" la pena agravada de 1 a 3 años de cárcel, quedando excluidos los que estén expuestos para la venta en tiendas.

Por otro lado, el texto habilita a las entidades locales y los entes pertenecientes al sector público local ejercer la acción penal por los delitos de hurto. También se reforma el Código Penal para establecer que en los delitos recogidos en el artículo 57, entre los que están los de homicidio, aborto, lesiones o contra la libertad el juez podrá imponer medidas cautelares para residir o acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.

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