El abogado de la víctima del ex DAO y un ex juez implicado con Leire Díez en una estafa procesal, entre las acusaciones del caso Montoro

El caso Montoro --en el que se investiga al exministro del PP junto a otros excargos de Hacienda y a los socios del despacho Equipo Económico por influir en reformas legales a cambio de precio-- no es muy diferente de otras causas de trascendencia política en lo que acusaciones populares se refiere. También en este asunto están personados partidos (Vox, PSOE y Podemos) y otras organizaciones habituales en procedimientos penales por corrupción.

Entre las acciones populares aceptadas por el juez de Tarragona Rubén Rus también se encuentran personajes que han aparecido en los últimos meses vinculados a casos mediáticos como es el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, investigado junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por un intento de estafa procesal en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez o (a través de su asociación de víctimas) el abogado Jorge Piedrafita, que acusa - en distintos casos- al ex DAO de la Policía Nacional y al ex diputado Íñigo Errejón por agresión sexual. El juez aceptó sus personaciones el pasado 28 de julio sin necesidad de que presentaran querella propia contra Montoro ni pagaran fianza alguna.

Junto a ellos, otras organizaciones como el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa -- ambos habituales en causas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez como los casos Koldo, Begoña o contra el hermano del presidente-- la Confederación General del Trabajo e incluso un asesor fiscal que se siente perjudicado por las normas fiscales aprobadas durante el mandato del ex ministro del PP.

La aparición de todos ellos en el caso Montoro ha dado lugar, por otro lado, a la única adhesión hasta el momento por parte de las defensas a la postura de la Fiscalía Anticorrupción, en el sentido de pedir al titular de la plaza número 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona que agrupe a todos ellos bajo una misma dirección letrada. La petición se cursó en julio del pasado año, pero el juez aún no la ha resuelto, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.

Un ex juez condenado

Sáenz de Tejada es un personaje polémico. Fue expulsado de la carrera en 2019 tras ser condenado por violencia machista y el pasado mes de julio un juez abrió diligencias contra él y Leire Díez tras un intento de personación del primero en la causa que ha llevado al banquillo al hermano de Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por tráfico de influencias. Se presentó denuncia contra ambos por un intento de sabotaje de la causa contra David Sánchez mediante una trama para apartar a la jueza instructora Beatriz Biedma, una operación fallida en la que la también ex concejala socialista en un pueblo de Cantabria habría podido tener alguna intervención.

Por lo que se refiere a Piedrafita, es el responsable de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), que ejerce la acusación popular contra Errejón en la causa por la que se le ha abierto juicio oral por presuntamente agredir sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá. En las últimas semanas se ha vuelto habitual en los medios como abogado de la víctima que ha acusado de violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González.

En su escrito de personación ante el juez de Tarragona, Adive asegura tener como objetivo "la defensa integral de los intereses de las víctimas que hayan sido afectadas por cualquier tipo de delito mediante el ejercicio de la acusación particular o popular según corresponda, siendo los acusados en esta causa (Montoro) presuntamente responsables de delitos de corrupción, cohecho, contra la hacienda pública que son pluriofensivos que afectan a la ciudadanía entre otros que puedan surgir a resultas de la instrucción".

El caso Montoro

El juez mantiene abierta una investigación desde 2018 en relación con la actividad del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por quien fue hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por una docena de supuestos delitos de corrupción. El secreto se levantó el pasado mes de junio, cuando Montoro y el resto de implicados fueron imputados formalmente por presuntamente intervenir de forma decisiva en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM).

Tras intervenir los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, en un registro realizado en su sede en Vila-Seca (Tarragona), los investigadores encontraron correos que les hicieron sospechar de que el 'modus operandi' del despacho para lograr influencias en la Administración que beneficiaran a sus clientes iba más allá de los productores de gas.

EL PERIÓDICO ha venido informando de que los investigadores tuvieron acceso a numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, según las diferentes fuentes de la investigación consultadas y documentos a los que ha tenido acceso esta redacción. En su caso, no tanto para beneficiarles como en el caso de las empresas gasísticas, sino más bien para perjudicarles, y esta documentación se encuentra en una pieza separada de la causa principal.

Suscríbete para seguir leyendo