El PP alude al ejemplo de Rajoy en 'Gürtel' para exigir que Armegol y Torres declaren presencialmente en el juicio contra Ábalos

La acusación popular en el juicio que se celebrará a partir del próximo 7 de abril contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, cuya dirección letrada corre a cargo del PP, considera que tanto la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por su pasado como presidentes de Baleares y Canarias respectivamente, deben acudir presencialmente al Tribunal Supremo en su condición de testigos. Ambos han solicitado declarar por escrito, pero desde el PP recuerdan el caso de Mariano Rajoy, que acudió presencialmente a uno de los juicios del caso 'Gürtel' en 2017 pese a su condición de presidente del Gobierno.

La declaración por escrito, según argumenta el escrito presentado este lunes por las acusaciones, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "reduce la posibilidad de contrainterrogatorio eficaz y la repregunta según las respuestas del testigo, erosionando la esencia de la prueba testifical".

Rajoy, sin prerrogativas

Así, recuerdan que "ya la Audiencia Nacional reafirmó la preferencia por la comparecencia personal en casos como el que nos ocupa, siendo que precisamente se llegó a requerir la declaración de forma presencial en sede judicial del que fuera presidente del Gobierno de España, sin prerrogativas excepcionales, tal y como han de hacerlo los hoy llamados a declarar como testigos en este procedimiento".

De este modo, la acusación popular discrepa del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que apoya aceptar la petición de Armengol y Torres. No obstante, el fiscal apunta que las preguntas que se les remitan "deberán contraerse, exclusivamente, al conocimiento que ambos pudieran haber tenido de las adjudicaciones de los referidos contratos licitados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears y su relación con las adjudicaciones previamente concedidas a Soluciones de Gestión" (la empresa apuntada por Aldama).

La declaración por escrito se sustenta en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo permite para los miembros del Gobierno y presidentes del Congreso cuando “hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate". Según recuerda la Fiscalía, los hechos por los que se les requiere "guardan relación con los cargos" que ambos desempeñaron "en los años a que se contrae la presente causa" en el Ministerio de Transportes.

En el caso de no se acepte su petición y se les permita declarar por escrito, el PP y el resto de acusaciones populares piden que la Sala imponga una serie de "condiciones procedimentales". La primera, que las partes formulen simultáneamente sus preguntas, evitando que una parte conozca por anticipado las preguntas de las demás; y que se respondan en "presencia exclusiva" del letrado de la administración de justicia.

En cuanto al ámbito de las preguntas, defienden que sea tasado a hechos conocidos por razón del cargo. "Cualquier cuestión ajena a tal límite deberá evacuarse oralmente ante el tribunal", añade el escrito.

Repregunta "dinámica"

Según esta parte, mientras este último escrito no quede debidamente concretado y limitado "no es posible convalidar una modalidad escrita que impide (o limita de forma considerable) la repregunta dinámica, la valoración de la credibilidad del testigo por el Tribunal y la contradicción efectiva por las partes". Argumentan que la práctica forense y el análisis doctrinal han señalado que las declaraciones por escrito dificultan la contradicción y la espontaneidad, incluso cuando se articulan con pliegos de preguntas, "y requieren salvaguardas muy estrictas de llegar a admitirse".

Insisten en que la propia Ley ordena que la citación de ciertos testigos se practique de modo que no perturbe el ejercicio de su cargo, "pero no consagra un privilegio sustantivo para reemplazar la oralidad por la escritura en el acto del juicio".

Por lo que se refiere al contenido sobre el que debe versar la declaración por escrito, Armengol y Torres tienen en común la participación en ellos de José Luis Ábalos" en su condición de ministro de Transporte.

Entre abril y mayo de 2020, la empresa avalada por Aldama, Soluciones de Gestión, resultó adjudicataria de contratos de suministro de material de protección por distintas administraciones públicas, entre ellas el Servicio Canario de Salud y al Servicio de Salud de Illes Balears "al tiempo en que dichas comunidades autónomas eran presididas por Don Ángel Víctor Torres y por Doña Francina Lluc Armengol, respectivamente". De ahí la importancia de su testimonio.

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