La complicada conciliación de los abogados pese a la reforma legal

La amputación de una pierna, un embarazo de riesgo, quemaduras de segundo grado, la enfermedad de un familiar. Situaciones que pueden presentarse en cualquier momento a cualquier trabajador, pero que son especialmente problemáticas para los abogados --especialmente en los bufetes pequeños o unipersonales-- a pesar de la reforma de julio de 2023 que regula las suspensiones de juicios por nacimiento de un hijo o la paralización de los plazos procesales cuando concurren incidencias de carácter personal, como puede ser la enfermedad o fallecimiento de un familiar directo.

Este lunes, 23 de marzo, se celebra el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, una fecha que el Consejo General de la Abogacía Española, el órgano que integra a todos los colegios de abogados del país, aprovecha para alertar de que la reforma no ha sido suficiente: los plazos de suspensión son muy cortos y en muchos casos jueces y letrados de la administración de justicia --antiguos secretarios judiciales-- aplican criterios muy restrictivos para evitar que sus señalamientos decaigan.

"En el año 2023 se introdujeron causas de suspensión como enfermedad, maternidad o paternidad, pero la realidad es que en la práctica seguimos viendo resoluciones dispares. No hay un criterio uniforme y desde luego no es automático, depende del juzgado concreto", señala a EL PERIÓDICO Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados. Es decir, aunque sobre el papel la situación de los letrados haya mejorado, en la realidad del día a día el problema no se ha eliminado.

"Sufrí un episodio especialmente duro con mi tercer hijo, Alejandro, que falleció en enero del 2025 y habíamos tenido dos semanas de hospitales muy intensos y nivel personal fue muy duro, a nivel profesional fue un parón auténtico esas dos semanas y claro, una vez ya pudimos enterrar al pequeño, sinceramente, habría necesitado un periodo de duelo", señala el abogado a EL PERIÓDICO. En este caso, él vio que después de dos semanas sin trabajar, con todos los plazos acumulados, al día siguiente tenía que asistir a juicios. "Es un poco una locura ¿no?", señala.

Reforma insuficiente

La mejora se introdujo en el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que señala que "podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos durante un plazo de tres días hábiles cuando por los Colegios de Abogados o Procuradores o por las partes personadas se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor". Estas son las de "nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral certificada por la seguridad social o sistema sanitario o de previsión social equivalente".

A los profesionales les parece insuficiente que, según esta norma, por enfermedad propia del abogado, las suspensiones del procedimiento se limiten a 30 días naturales, ya que esperaban que la situación se igualara a los 90 días establecido para las bajas laborales de los trabajadores. También critican que la norma aún deje al criterio de los letrados de la administración de justicia la calificación de acreditada de alguna de las circunstancias para suspender las diligencias judiciales.

A esta reforma se sumó la regulación del denominado "amparo colegial" urgente ante jueces que denieguen estos derechos en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa de 2024, aunque desde los colegios insisten que siguen encontrando obstáculos derivados de decisiones discrecionales en los juzgados.

Otro ejemplo. En junio de 2025, ya con la reforma en marcha, una abogada con embarazo de riesgo vio rechazada la suspensión de una diligencia judicial, recibiendo como única alternativa la comparecencia telemática desde su domicilio. Ante su imposibilidad de asistir por motivos de salud, el juzgado abrió incluso un expediente sancionador por incomparecencia. La situación fue analizada por la Abogacía Española por posible vulneración de derechos fundamentales.

Amparo por embarazo.

Este no es un hecho aislado. En diferentes provincias se han registrado denegaciones de suspensiones pese a hospitalizaciones, Una reciente encuesta realizada entre los Colegios de la Abogacía arroja datos significativos: los casos médicos específicos (enfermedad, accidente y hospitalización) concentran la mayoría de las peticiones de amparo, con un 67 %. La maternidad y el embarazo de riesgo son otros supuestos generales relevantes (18 % y 9 %, respectivamente), pero menos frecuentes.

En Barcelona, con 49 casos de amparo registrados en los dos últimos años destacan las denegaciones de suspensión, a pesar de que el abogado ha acreditado estar de baja por incapacidad temporal”, señalan desde el Colegio. Entre todos los ejemplos, destaca uno especialmente duro: un juzgado denegó la suspensión a un letrado al que “le acababan de amputar una pierna”.

En Valencia, con 12 incidencias documentadas, los ejemplos son igual de elocuentes según informa el Consejo de la Abogacía. “Una letrada, operada de urgencia y con prescripción de reposo absoluto, vio cómo no se suspendía su señalamiento”, afirman. Y, en Santa Cruz de Tenerife, dos abogados que se encontraban de baja por enfermedad justificada, seguían recibiendo notificaciones de vistas por parte de los juzgados.

Concienciar al abogado

La Abogacía Española ha reforzado recientemente el amparo colegial y ha impulsado iniciativas como la campaña “Derecho a conciliar” y la Guía de conciliación, con el objetivo de visibilizar estos derechos y facilitar su ejercicio. Se trata, según la presidenta de la Comisión de Conciliación, Desconexión Digital y Bienestar de la Abogacía Española, Blanca Ramos de realizar una labor de conciliación entre los propios abogados. "Aún no han calado suficientemente en el colectivo los derechos que nos asisten", afirma. Pone el ejemplo del fallecimiento de un padre, que en ese justo momento en el que se produce es muy difícil poder acreditarlo documentalmente para que se acceda a la suspensión de una diligencia judicial.

"Además, en una situación así nadie sabe dónde tiene la cabeza, y tu cliente merece la defensa más adecuada", continúa Ramos en conversación con este diario. "No son solo nuestros derechos, sino los de la ciudadanía", agrega. Reconoce que desde algunos juzgados se intenta mantener las diligencias, por ejemplo proponiendo que el abogado intervenga 'on line', pero en muchas ocasiones esto no es posible. En Pamplona, donde ella ejerce recuerda el caso muy reciente de un compañero en una "situación muy penosa", que tuvo que acudir al juzgado enfermo y con una bolsa de drenaje.

"Hay que llamar la atención sobre esa sensibilidad que hace falta, es una cuestión irrenunciable", insiste la presidenta de la Comisión de Conciliación. Lamenta que la ley contemple periodos de suspensión que no son demasiado largos y recuerda que a ningún abogado le gusta estar de baja porque "si no trabaja no tiene ingresos, no está de baja por gusto".

Para el abogado Palomar, las medidas para mejorar la situación actual pasaría por la suspensión automática en caso de ciertos supuestos. "Que si tienes una baja médica, informando al juzgado la suspensión sea obligatoria, sin necesidad de que el juzgado tenga que tramitarla", propone.

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