Peritos de Hacienda admiten "dudas" sobre el importe cobrado por Pujol Ferrusola por su intermediación, pero sin "pruebas" de que fueran simulaciones

El juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley ha entrado en la semana decisiva con las declaraciones de los inspectores de la Agencia Tributaria que levantaron las actas que han permitido a la Fiscalía Anticorrupción acusar al primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer, Mercè Gironès, y Josep Pujol Ferrusola, de fraude a Hacienda. La primera perito en comparecer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol y a nueve empresarios que presuntamente le ayudaron a blanquear dinero presuntamente ilícito ha destacado que los abundantes importes cobrados por las empresas del hijo mayor del matrimonio Pujol-Ferrusola por labores de intermediación y asesoramiento generaron "dudas" internas, pero no dispusieron de "pruebas" de que esos trabajos fueran simulaciones.

De ahí que su labor se limitara a las regularizaciones de los ejercicios 2008 a 2011, en las que lo tributado por las sociedades de Pujol Ferrusola y su exmujer, Iniciatives Marketing i Inversions (IMISA) y Project Marketing, se consideró que en realidad debía haberlo tributado el hijo mayor del expresidente catalán, como persona física, puesto que esos ingresos presentaban un "carácter personalísimo". Se trataba de empresas sin empleados, que compartían secretaria, sede y hasta los ordenadores. Así, se entendió que lo que se pagaba era una intermediación personal, que debía haberse tributado por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades.

En cuanto a las distintas cuantías cobradas por Pujol Ferrusola, la testigo ha insistido en que intentaron corroborar la existencia de los trabajos solicitando a las distintas empresas información sobre la operación, como correos o contratos, lo que fue difícil. La poca información que obtuvieron procedía de las empresas pagadoras, que admitían que Pujol Ferrusola les ayudó de alguna forma y que por eso le retribuyeron por distintos proyectos: la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia), un parque fotovoltaico en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), un club de golf en Ronda (Málaga) o una planta de residuos en México e instalaciones eléctricas en Gabón.

Valor de mercado

La experta tributaria de la Agencia Tributaria en Catalunya ha señalado que en este tipo de casos se intenta acudir el precio de mercado para un servicio, pero en ciertas actividades, como ocurre con los artistas a la hora de acudir a determinados programas, es complicado determinar cuánto cobran, porque no se siguen normas fijas, sino que se paga en función de cada persona, de su peso y de la situación. Ello hace que la cuantía sea muy diversa. De ahí que en el departamento, de puertas para dentro, se comentaran las "dudas" que les planteaba el importe cobrado por Pujol Ferrusola, ya que en algún caso superó el millón de euros, mientras en otros era de 135.000 euros o no llegaba a los 20.000.

Con lo que nunca contaron fue con pruebas de que se tratara de trabajos simulados, porque, entre otras razones, no tuvieron acceso al procedimiento judicial. "Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio", ha llegado a puntualizar en un momento al admitir que en su informe realizado con fecha de 2015 no tuvieron acceso a las diligencias judiciales.

Ha explicado que el ejercicio de 2008, en función de su criterio, estaría prescrito, pero que eso lo dejaba en manos de los abogados, que son los expertos en el procedimiento penal. Ha indicado que, cuando supieron de la existencia de un procedimiento penal por las operaciones cuya inspección tributaria estaban realizando, se pusieron a disposición del juzgado, que les indicó que siguieran adelante con los trabajos.

Incremento injustificado

Por su parte, el funcionario tributario que examinó la inversión de Azul de Cortés, en México, se ha ratificado en el informe que realizó en el que elevó un "acta de disconformidad", al detectar "fines espurios" por parte del expresidente de Isolux Corsán Luis Delso -que también está siendo juzgado- y del que fuera su vicepresidente, José Gomis, quienes terminaron vendiendo a su propia compañía la participación que tenían en el proyecto urbanístico mexicano, lo que les supuso multiplicar por seis su inversión. El testigo ha explicado ante el tribunal que la revalorización del proyecto, que pasó de 12 millones de dólares a 126 en un par de años, era "infundada", porque se trataba de "una revalorización" muy elevada "en un corto periodo de tiempo" para la que había "muy poca información y los datos de las sociedades en ese momento difícilmente podían soportar tener beneficios", ya que llevaban "dando pérdidas año tras año entre 2008 y 2010".

El fiscal sostiene que los acusados utilizaron un entramado de sociedades mercantiles que operaban como meras pantallas con el objetivo, a su entender, de que sus patrimonios y ganancias personales se confundieran con los de las empresas, para tributar a través del Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo por el IRPF, bajo un principio de "unidad de caja" que buscaba reducir su carga tributaria.

El juicio continuará este jueves con la declaración de nuevos peritos. Uno de ellos, propuesto por la defensa de Luis Delso, lo hará después de que las partes puedan analizar el informe pericial en el que se basa y que ha sido admitido por el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, durante la vista, lo que ha llevado al abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ejerce la acusación en nombre de la Agencia Tributaria, a protestar con vehemencia y a advertir de la posibilidad de plantear también la inclusión de nuevas pruebas documentales.

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