Un juzgado de Madrid imputa por un delito de cohecho al expresidente de Tribunal Económico Administrativo Central

El juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella por cohecho presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el que era presidente del Tribunal Económico Administrativo Central José Antonio Marco Sanjuán, quien dimitió el pasado mes de junio tras aparecer informaciones en las que se le vinculaba con cobros a cambio del archivo de procedimientos fiscales. La magistrada María Inmaculada Lova Ruiz tomará declaración tanto a él como el resto de implicados en el caso entre los próximos días 21 y 22 de mayo, según señalaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

La Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella después de recibir una denuncia de Manos Limpias que se hacía eco de varias noticias publicadas por El Debate consistentes en que un empresario denunciaba haber pagado más de 100.000 euros a Marco Sanjuán para conseguir el perdón fiscal. El departamento fiscal que dirige Alejandro Luzón procedió a abrir diligencias informativas para determinar si, con independencia de las noticias publicadas, había indicios suficientes para proceder a abrir una investigación. Su conclusión ha sido la interposición de una querella, ahora admitida a trámite.

La dimisión de Marco Sanjuán en junio fue utilizada por el PP en el Senado para tratar de vincularla con la ministra de Hacienda. "No es el número tres del Ministerio de Hacienda. Es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión", afirmó entonces María Jesús Montero.

La denuncia de Manos Limpias atribuía a Marco Sanjuán, además del delito de cohecho, los de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función. Sostenía que la información relativa al empresario que admitía haber pagado más de 100.000 euros al entonces presidente del Tribunal Económico Administrativo suponía una notitia criminis que obligaba a abrir una investigación penal para proceder a determinar si lo manifestado era cierto o no, dada la responsabilidad que el denunciado tenía a la hora de "resolver las reclamaciones presentadas por empresas y ciudadanos contra liquidaciones de la Agencia Tributaria"; sus "resoluciones pueden anular o modificar sanciones impuestas por Hacienda".

Tres pagos en una cafetería

El autodenominado sindicato de funcionarios señalaba que Marco había sido nombrado para el cargo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y era una persona de su "máxima confianza". De hecho, el Tribunal Económico Administrativo Central depende de la Secretaría de Estado de Hacienda. La denuncia argumentaba que la presunta mordida se habría abonado en sobres en tres momentos en una cafetería próxima al despacho oficial del denunciado y que este habría contado el dinero allí mismo. Añadía que habría utilizado una empresa de su propiedad, Investment Betancunia, y a testaferros para proceder al cobro de los presuntos sobornos.

También señalaba la existencia de whatsapps con el empresario que, según la denuncia, probarían sus palabras. En la denuncia aparecen estos: "Tengo miedo, porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento" o "Antes me escribía dinero, ahora me dice que cuándo quedan a tomar café". Las empresas que Manos Limpias cita son Hidrocarburos Discomtes Valladolid, sancionada con una sanción de 64.000 euros, y Empresa Refinería Olmedo, con 1,2 millones de euros. Tras anularse ambas sanciones, el denunciado habría cobrado de ambas a través de su empresa.

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