El Supremo reclama personal para atender su biblioteca, que recibe unas 140 consultas mensuales, muchas sobre la Guerra Civil

El Tribunal Supremo quiere potenciar su biblioteca con más personal -o al menos, recuperar el perdido- y más libros para dar una mejor respuesta a la media de 140 consultas mensuales que recibe sobre distintos asuntos jurisprudenciales o relacionados con la justicia en general. En los últimos tiempos, estas consultas se han centrado especialmente en el periodo de la Segunda República y la guerra civil española para distintos trabajos, como una novela sobre una matanza de frailes del 36, una tesis sobre qué ocurrió con las últimas promociones de jueces republicanos o el devenir profesional de un fiscal, cuya trayectoria se quiere investigar

En los acuerdos de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se conceden todas las peticiones con una serie de condiciones que pasan por que la consulta se realice en la Sala de Lectura de la propia biblioteca del Tribunal Supremo, a través del ordenador habilitado para consultas del archivo, un aparato que "no tiene ningún tipo de salida al exterior, al tener bloqueada la conexión a USB". De esa forma, si el solicitante desea una copia, "la obtendrá mediante la aportación por él mismo, y a su costa, de un soporte digital original y precintado (pendrive, CD o DVD) para que el personal o servicio designado por la Dirección del Archivo" la realice y se la entregue.

De las peticiones que recibe mensualmente, un 23% proviene de organismos externos. "En 2025, se han servido casi 2.500 documentos, se han prestado 744 libros en formato físico y se han gestionado unos 187 préstamos interbibliotecarios". Su colección está compuesta de tres grandes bloques: un fondo moderno, con unos 46.000 títulos, que constituyen el núcleo de consulta habitual; una hemeroteca de unos 620 títulos de publicaciones periódicas, y un fondo antiguo, que unas 1.500 monografías y 51 títulos publicaciones periódicas anteriores a 1901.

Leyes castellanas

El ejemplar más antiguo que conserva es una recopilación de leyes castellanas, manuscrito en el siglo XV que fue donado en 1917, y una edición en pergamino de las 'Siete partidas' (s. XVI), así como "diversas ediciones del célebre impresor Joaquín Ibarra". "Por su rareza y antigüedad" todas ellas están inventariadas en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico del Ministerio de Cultura. Además, "se han iniciado trámites para ampliar la colección histórica del tribunal con la primera edición española del Tratado de los delitos y las penas de Beccaria, de 1774", señala el acuerdo publicado.

Reformas

La biblioteca, que forma parte de la Red de Bibliotecas Judiciales que coordina el CGPJ, reúne cerca de 240.000 registros bibliográficos y da servicio a más de 300 bibliotecas judiciales distribuidas por todo el territorio. Pese a ello, ha visto reducida su plantilla a la mitad en los últimos años, por lo que plantea la necesidad de reforzarla y recuperar los efectivos perdidos, porque la falta de personal le impide "retomar servicios esenciales como el vaciado regular de revistas" y "dificulta tareas estructurales imprescindibles", como el "expurgo y reorganización de una colección dispersa por distintas salas, actualización de las colecciones las saletas, envíos a depósito externo para liberar espacio, mantenimiento de la colección histórica y catalogación ágil de nuevos ingresos y donaciones". De ahí que "para garantizar la continuidad y calidad del servicio", el Supremo considere "necesario recuperar el puesto perdido y garantizar la estabilidad de la plantilla actual".

También quiere que su personal tenga "formación cualificada tanto en Derecho como en Biblioteconomía y Documentación", para lo que promoverá "la participación en cursos especializados y se incentivarán iniciativas de formación en nuevas tecnologías". Además, busca tener más visibilidad tanto interna como externa, como con la participación en las Jornadas de Puertas Abiertas, que organiza el Supremo en octubre, o "el desarrollo de actividades complementarias de difusión dirigidas a la ciudadanía y a la comunidad jurídica y el fortalecimiento de la presencia en los canales institucionales".

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