Peinado sostiene que el acceso a la Presidencia de Sánchez "produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez"

El juez Juan Carlos Peinado asegura en su último auto que el acceso a la Presidencia del Gobierno (2018) de Pedro Sánchez "produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez". Así se expresa en una resolución en la que insiste en llevar a la esposa del jefe del Ejecutivo ante un jurado popular a pesar de que el pasado 23 de febrero la Audiencia Provincial de Madrid anuló su decisión inicial al respecto al exigirle antes "una mínima verificación" de sus acusaciones contra Begoña Gómez.

En un auto conocido este viernes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, acuerda una nueva convocatoria de la comparecencia prevista en la Ley de Jurado "debiendo convocar a la misma, a los investigados, Begoña Gómez Fernández, Juan Carlos Barrabés Cónsul y María Cristina Álvarez Rodríguez, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personada", para la que ha fijado el próximo día 1 de abril 2026 a las 12.00 horas, en plena Semana Santa.

El pasado 17 de septiembre, a la primera convocatoria, ninguno de ellos acudió, solo lo hicieron sus abogados. Además, el titular de la plaza de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid acumula a la investigación principal la pieza separada por malversación de caudales públicos por el papel de Cristina Álvarez en las gestiones de la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigió en la Complutense.

En su nuevo auto, Peinado concluye que existe “la verosimilitud exigida por el legislador […] para percibir que, respecto de los investigados María Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez se les puede atribuir la imputación de diversos delitos, en concreto, el de tráfico de influencias, el de malversación de caudales Públicos, que son los atribuidos a la competencia de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado”

"Trascendental" Presidencia de Sánchez

En lo que puede asimilarse a un auto de procesamiento que ahonda en los indicios tras el 'tirón de orejas' que le dio la Audiencia Provincial, el juez Peinado recuerda que Gómez contrajo matrimonio con Pedro Sánchez el 27 de julio de 2006 y que este después fue nombrado secretario general del PSOE -hecho que se produjo primero en 2014 y luego en 2017 - y asumió la Presidencia del Gobierno en junio de 2018, un hecho que considera "verdaderamente trascendental" para colegir "la relación personal" que exige el artículo sobre tráfico de influencias del Código Penal en cuanto "a la posible influencia para la posible toma o adopción de decisiones de las que dicho tipo penal, prevé".

“A partir de ese momento, se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”, completa el auto.

Para este magistrado, “tras la investidura de Pedro Sánchez se produce un cambio radical en la trayectoria de Begoña Gómez. Apenas dos meses después de abandonar la entidad mercantil, Inmark, en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center, estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la Hub/StartUp Wakalua SL, ámbito en el que coincide con Juan Carlos Barrabés”, otro de los investigados.

Seleccionada para la universidad

En el auto, el instructor destaca que ignora “el proceso de selección que se siguió” para que Begoña Gómez colaborara con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “cuando es notorio que esta Universidad, al igual que otras, de carácter público, siguen un riguroso proceso de selección, incluso para la adjudicación de las plazas de profesor asociado, con escasa retribución”, explica Peinado, que precisamente ejerce una de estas plazas en la misma universidad.

Y en 2020, prosigue el auto, Begoña Gómez impulsó “una nueva línea de actividad profesional” en el ámbito de la Complutense, pues promovió la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), para lo que “hizo uso de su relación con Juan Carlos Barrabés y de la y de la intervención operativa de María Cristina Álvarez”, su asistente en Moncloa.

Y el propio Barrabés, continúa Peinado, reconoció en su declaración que se reunió con Pedro Sánchez Pérez-Castejón “una vez o dos en la Moncloa, en presencia de Begoña Gómez. Todo ello sitúa los primeros contactos profesionales entre ambos en el ámbito mismo de la residencia oficial del Presidente del Gobierno”. En este punto, el juez destaca “la concurrencia de actuaciones que vinculan el desarrollo de los proyectos profesionales impulsados por Begoña Gómez con la adjudicación de contratos públicos en favor de empresas vinculadas al entorno empresarial de Barrabés”.

Durante la tramitación de dichas adjudicaciones, la empresa de Barrabés aportó a las mesas de contratación una carta firmada por Begoña Gómez, en la que “expresaba de forma abierta su apoyo a la propuesta de la UTE y manifestaba incluso su disposición a colaborar en la ejecución del programa, firmando el documento en calidad de “Codirectora del Máster Propio de la UCM”.

Para Peinado, la relevancia de este documento reside en que “la carta fue aportada por una UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés, con quien Gómez ya mantenía relación profesional, y se presentó en el marco de una licitación promovida por una entidad pública dependiente del mismo Gobierno que desde dos años antes presidía su esposo”.

Además, para el instructor “no resulta irrelevante que la iniciativa relativa a la creación de la cátedra no se canalizara por los cauces ordinarios internos desde un primer momento, sino que viniera precedida de, al menos, una reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa -"situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano" añade en otro pasaje del auto-- residencia oficial del Presidente del Gobierno, esposo de la investigada, tras la que el Rector trasladó al Vicerrector la instrucción, en términos literales, de que ‘tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente”. Esta secuencia de hechos “refuerza el indicio de tráfico de influencias derivado de la posición institucional de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno”.

La labor de la asistente

En cuanto a la asistente en Moncloa, a lo largo de sus 47 páginas la resolución desgrana una por una las actuaciones realizadas por Álvarez deteniéndose en los correos electrónicos en los que manifestaba actuar “en nombre de Begoña.", Concluye así que "la secuencia de comunicaciones descrita" permite señalar que Álvarez "intervino de forma reiterada en gestiones- realizadas mediante correos electrónicos relativos a la organización de actos, tramitación de convenios, seguimiento de patrocinios y gestión documental vinculada a la cátedra, apareciendo dichas comunicaciones en diversos momentos remitidas o gestionadas desde su cuenta institucional de Presidencia del Gobierno".

Se basa para concluir así en lo aportado por los diferentes testigos que ha llamado a declarar, cuyas declaraciones resume en la resolución. A lo largo de estos años, tal y como se observa en el informe remitido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Álvarez habría cobrado la cantidad total de 401.802,40 euros brutos.

Destaca la declaración del exvicerector Juan Carlos Doadrio, quien llegó a indicar que mantuvo reuniones a solas con ella en relación con las cuestiones universitarias y de creación del 'software' para la cátedra. "Este extremo resulta especialmente significativo, pues revela que la intervención de Cristina Álvarez no se limitaba a actuar como mero cauce de comunicaciones de Begoña Gómez, sino que asumía una posición propia en la gestión y seguimiento del proyecto".

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