El Gobierno culpa a las reglas fiscales de la UE de reducir el margen para desplegar ayudas por la guerra

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un plan de respuesta a la guerra con medidas “quirúrgicas” para que sean “proporcionales” al efecto ahora mismo en los mercados y los precios, lejos aún del generado tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en el Ejecutivo reconocen también que las actuales reglas fiscales de la UE limitan el margen de actuación para el despliegue de un paquete de ayudas. De ahí que si se prolonga la guerra y se hace necesario adoptar nuevas medidas ante un repunte de la inflación y su contagio a sectores como la alimentación, en Moncloa presionarán para reabrir el debate entre Veintisiete sobre la activación de la cláusula de escape o incluso las ayudas de Estado.

“Espero que si la guerra se prolonga en el tiempo, que es lo que hace más costosa la crisis, la Comisión cambie de posición sobre las reglas fiscales”, abogaba este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una entrevista este jueves en 'Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE'. Asimismo apuntaba al marco comunitario respecto a la capacidad de la fiscalidad que tienen los carburantes, “que es bastante más limitada”.

Se prevé que el decreto de ayudas esté acompañado de una memoria económica, como han reclamado los agentes sociales, y el coste de las medidas provendrá básicamente de la propia recaudación. La misma titular de Hacienda confirmó que se cerró 2025 con un déficit del 2,5%, en línea con los objetivos comprometidos con Bruselas. Mantener esta rigidez fiscal, por tanto, sería incompatible con un despliegue más amplio del escudo anticrisis por las limitaciones del actual “colchón fiscal”. Todo ello, teniendo en cuenta compromisos como el del gasto en defensa en el 2,1% del PIB, la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la subida salarial de los funcionarios.

Nada de vivienda

El carácter “perimetrado” del plan de respuesta a la guerra hace que las rebajas fiscales se centren en carburantes, especialmente en sectores como transportes, agricultura y pesca, y en la electricidad. También están previstas ayudas para bajar la luz a la gran industria. Lo que no se plantea por ahora es extender rebajas del IVA a la alimentación, a la espera de monitorizar la evolución de los precios, ni tampoco las bonificaciones. Tras la invasión rusa de Ucrania se aplicó una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel, pero ahora se reconoce que los resultados no fueron los esperados.

Aun sin coste fiscal, en el área económica del Gobierno descartan además medidas en vivienda. En este caso, por la incompatibilidad con el PP y socios parlamentarios como Junts. Sumar sigue presionando para se incluyan la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y la prórroga de los alquileres. Desde la parte socialista se abren a valorar medidas como el tope de los alquileres, pero de cara a próximos paquetes de medidas si repunta la inflación.

Medidas estructurales

El decreto constará de una pata centrada en las rebajas fiscales y el escudo social, con la previsión de prohibir cortes de suministros básicos, y una segunda de medidas estructurales. Esta última buscará activar mecanismos regulatorios y fomento de las energías renovables para avanzar en la soberanía energética. Este mismo jueves antes de acudir a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez avanzó que defendería ante los Veintisiete fortalecer las políticas energéticas verdes y la transición ecológica, un concepto ha ido desapareciendo durante los últimos meses del lenguaje bruselense. Esto es, "dar respuesta a lo urgente sin olvidar lo importante”.

La intención pasa así por dar un nuevo impulso a la electrificación de la economía nacional para ir reduciendo el consumo y la dependencia de los combustibles fósiles (precisamente petróleo y gas son los que ahora se han disparado por la escalada bélica en Oriente Medio). Otro de los objetivos es seguir impulsando al despliegue de energías renovables con cambios regulatorios e incentivos.

En este primer decreto del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, el Gobierno estudia combinar medidas de carácter temporal, con un “horizonte mensual”, y otras en función de umbrales en el Índice de Precios al Consumo (IPC) que se desactivarían de forma automática. La duración de la guerra en Oriente Medio y la intensidad y prolongación del bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde transitan en torno al 20% de los productos petrolíferos y de gas natural licuado, especialmente hacia el continente asiático, marcará la evolución a futuro del plan de acción del Gobierno.

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