Los 8 choques de PSOE y Sumar en el Gobierno esta legislatura

La pugna entre PSOE y Sumar por abanderar la causa palestina en los primeros meses de 2024 llevó a un sonado choque en la coalición de Gobierno. En febrero de 2024, tras la durísima ofensiva de Israel sobre Gaza por los atentados del 7 de octubre, Sumar presionaba al ala socialista por emprender acciones contra Israel y Yolanda Díaz llegó a anunciar que estaba preparando un viaje a la Franja de Gaza, algo que fue rápidamente desmentido por el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares. "Desde Exteriores no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda", afirmaban desde el ministerio. Díaz llegó a insistir en que haría el viaje pese a no contar con el apoyo diplomático de Moncloa. El viaje nunca se realizó. Más tarde, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también de Sumar, envió misivas a las empresas españolas con presencia en Israel para requerirles información y determinar si contribuían "directa o indirectamente" en las "graves violaciones de los derechos humanos". Aquellas cartas también fueron rechazadas por el ala socialista: "No actúa en nombre del Gobierno", vinieron a decir. En mayo, finalmente, Pedro Sánchez hizo un reconocimiento del Estado de Palestina

En enero del año pasado, Yolanda Díaz ya ultimaba la que era su medida estrella, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, media hora menos al día. Un decreto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no quería aprobar en Consejo de Ministros hasta que se negociara con el resto de aliados, para garantizar después su apoyo parlamentario. Esta circunstancia, unida al retraso a la aprobación de la medida en el Gobierno, llevó a uno de los encontronazos más fuertes entre ministros cuando Díaz entró en el terreno personal y aseguró, en referencia a Cuerpo, que era "casi de mala persona" no impulsar la medida, quejándose de una "invasión de competencias" por parte de Economía. "Le digo lo que va a pasar. La jornada se va a reducir y la parte socialista del Gobierno va a presumir como presumió después del salario mínimo, igual que pasó con la reforma laboral, con los ERTE y con los riders", dijo entonces. El decreto estrella de Díaz se aprobó en Consejo de Ministros sin acuerdo de los socios, y fue Junts quien tumbó la medida meses después en el Congreso. Los ministros del PSOE plantaron a Yolanda Díaz en aquella votación parlamentaria.

En febrero del año pasado, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba una subida del salario mínimo interprofesional, pero el anuncio quedó empañado por la decisión de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de hacer tributar a estos nuevos salarios mínimos. Es decir, no elevar la franja de renta exenta de pagar el IRPF. Una decisión de la que Díaz se enteró en directo durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde denunció que la ministra socialistas no le había comunicado previamente la decisión. La tensión se hizo evidente en la comparecencia ante la prensa, con un choque entre Díaz y la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La titular de Trabajo amenazó con llevar al Congreso una ley para corregir el criterio de Hacienda, que finalmente dio su brazo a torcer y elevó el mínimo exento para impedir que los perceptores del SMI tuvieran que pagar impuestos.

Uno de los motivos de más fricciones esta legislatura ha sido precisamente la vivienda, donde el ala socialista ha desatendido por sistema las peticiones que ha venido lanzando Sumar. La falta de medidas concretas ha llegado a desesperar al ala minoritaria del Ejecutivo en más de una ocasión, y ha llevado a algunas de las escenas más surrealistas de la política española: la portavoz parlamentaria del socio de Gobierno, Verónica Martínez Barbero, reclamando la salida de un ministro del ala socialista, la titular de Vivienda Isabel Rodríguez. El malestar en las filas del PSOE se incrementó exponencialmente, y algunos ministros socialistas no ocultaban su enfado hacia la máxima dirigente de Sumar en el Gobierno.

Otro de los choques más sonados fue a cuenta de al subida del gasto en Defensa que el ala socialista llevó al Consejo de Ministros y que suponían una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, por importe de más de 2.000 millones de euros. El ala minoritaria presentó objeciones en al reunión de Gobierno, en lo que supuso elevar el tono. Aquel gesto político estaba cargado de simbolsimo, al ser la primera vez en que las distintas posiciones sobre el gasto militar se trasladaban del plano dialéctico a una deliberación del Gobierno. 

El decreto para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas diseñado por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, tras un pacto con ERC anunciado por su líder, Oriol Junqueras, despertó ciertas dudas en Sumar, que presentó una serie de alegaciones en el Consejo de Ministros para mejorar la situación financiera de la Comunidad Valenciana e introducir mecanismos contra el dumping fiscal. Después de que el PSOE rechazara estas propuestas en la reunión del Gobierno, Sumar anunció que llevaría su discrepancia al Congreso y llevaría sus propuestas en forma de enmiendas a la ley de Hacienda. La ley a día de hoy todavía no se ha votado en sede parlamentaria.

La corrupción ha sido el último año uno de los mayores focos de fricción entre PSOE y Sumar. En verano, tras la detención del secretario de Organización Santos Cerdán en el marco del caso Koldo, Sumar aumentó la presión sobre el ala socialista, llegando a solicitar una reunión de la comisión de seguimiento de la coalición que se reunió finalmente el pasado julio con la presencia de varios ministros. La cita no llegó a buen puerto y Sumar denunció el "inmovilismo" de Pedro Sánchez. "No son conscientes de la gravedad de la situación",defendió el ministro de Sumar, Ernest Urtasun, que denunció que no había "ningún avance". Sánchez presentó después un paquete de medidas donde se incluyeron las propuestas de Sumar, pero en diciembre se reabrió la disputa, las la detención del expresidente de la SEPI y el registro de varios ministerios por parte de la UCO en relación al presunto amaño de contratos. Todo ello, sumado a los escándalos conocidos en el seno del ala socialista del Gobierno tras varias acusaciones anónimas a Francisco Salazar, del Gabinete de Presidencia en Moncloa. Por entonces, Sumar reclamó una reunión, que el PSOE finalmente concedió pero reduciéndola al mínimo y situando de interlocutora a Rebeca Torró, precisamente una de las figuras más próximas a Salazar. Yolanda Díaz llegó a estallar y pidió una "remodelación de Gobierno" con cambios de ministros. La petición fue cuestionada por varios partidos de Sumar y rechazada por el PSOE.

El plan anticrisis para evitar los efectos de la guerra de Irán ha sido el último de los desencuentros públicos entre socios. Sumar llevaba meses presionando al PSOE por una prórroga de los 600.000 contratos de alquiler que vencen en 2026 y tras el estallido del conflicto pidió su inclusión en el decreto social, alegando que era un motivo más de aumento del coste de la vida en plena deriva inflacionaria. El PSOE rechazó la petición apelando a los números y la falta de apoyo claro por parte de PNV y Junts, y Sumar llegó a acusarle de "parapetarse" en sus socios para no posicionarse en este asunto. La tensión llegó al máximo este viernes, cuando los cinco ministros de Sumar no entraron a la reunión de Gobierno y forzaron una negociación in extremis que se saldó con la aprobación de la prórroga en un nuevo decreto separado del paquete de medidas, y la aceptación de la bajada de IVA a carburantes y electricidad, condicoinado al control de los márgenes empresariales.