Sumar acusa al PSOE de "parapetarse" en PNV y Junts para no incluir la prórroga del alquiler: "Que aclaren si están a favor"

Las negociaciones entre PSOE y Sumar para el decreto antiflación ante los efectos de la guerra de Irán llegan a su máximo voltaje. Las posturas siguen enconadas en un punto: la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que vencen a lo largo de 2026 y que el ala minoritaria del Gobierno quiere incluir en el paquete de medida, al considerar que la firma de nuevos contratos elevará aún más las rentas y se sumará a la inflación derivada del conflicto bélico. Moncloa descarta su inclusión, y defiende que llevará al Congreso propuestas que tengan mayoría asegurada. Mientras, en Sumar se eleva la tensión y acusan al ala socialista de "parapetarse" en PNV y Junts para evitar despejar la posición del PSOE: "Que aclaren si están a favor", insisten en las últimas horas.

En las filas de Sumar empiezan a desconfiar del PSOE y creen que el argumento de apelar a las mayorías no es otra cosa que una excusa para no incluir la medida, y le exigen definición de sus posiciones. "Todavía no he escuchado un solo argumento para oponerse a ello", defendió el ministro Pablo Bustinduy en un mensaje en la red social BlueSky este miércoles.

En Sumar se malician sobre la verdadera posición de los socialistas. "La pregunta es: ¿al PSOE le parece necesario prorrogar los alquileres?", señalan fuentes de la coalición a EL PERIÓDICO. Recuerdan que tanto PNV como Junts ya apoyaron diversas prórrogas extraordinarias de alquiler, incluidas dentro del escudo social frente al Covid y más tarde en su prolongación cuando estalló la guerra de Ucrania.

El ala izquierda del arco parlamentario está activamente a favor de esta medida, y fuerzas como ERC o EH Bildu han reclamado al Gobierno incluir la prórroga en el escudo social dentro de la ronda de contactos liderada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Otras fuerzas como Podemos o BNG también se han mostrado a favor.

En las últimas horas la falta de avances en las negociaciones están dando alas a la desconfianza en Sumar, donde ahora dudan de las verdaderas posiciones de su socio mayoritario de coalición. "¿El PSOE votaría sí o no?", exigen saber. Todo ello, después de una legislatura en la que el ala minoritaria ha venido proponiendo multitud de medidas en relación con la vivienda, que han sido sistemáticamente desatendidas por los socialistas, que son los que tienen la competencia en esta materia en el Gobierno. Uno de los máximos puntos de tensión se produjo hace unos meses, cuando la portavoz parlamentaria de Sumar llegó a pedir la salida de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Sumar evita aclarar su voto

Las tensiones vuelven ahora en plena negociación, y en el ala minoritaria del Gobierno evitan aclarar si apoyarán el decreto de medidas si no incluyen su exigencia de una prórroga de estos contratos. Una prórroga que fuera de carácter "automático" y con una duración de al menos tres años, como pide IU en su propuesta de medidas a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "No contemplamos otro escenario a la prórroga", señalan desde Sumar.

En los últimos días se han publicado informaciones sobre un tope a la subida de contratos de alquiler del 2%, una medida que Moncloa no confirma pero que Sumar también ve insuficiente, porque a su juicio no entra en el verdadero problema de la renovación masiva de contratos, que implicarán la firma de nuevas rentas que podrían aumentar entre el 25% y el 70% de la renta anterior, según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales.

Las conversaciones entre socialistas y Sumar se vienen produciendo en los últimos días para pactar el paquete de medidas anticrisis. El equipo negociador pertenece al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, aunque el departamento de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy es quien defiende en esas negociaciones la prórroga de los contratos de alquiler.

Esta semana se han producido también ciertas disonancias en el ala minoritaria. Mientras desde el entorno de la vicepresidencia segunda han llegado a defender que "la vivienda no es el principal problema" en este decreto, y que los esfuerzos estaban puestos en medidas de carácter energético de la vicepresidencia de Sara Aagesen -el Gobierno prevé reducir la fiscalidad del sector-, en el departamento de Bustinduy creen que la crisis de Irán hace aún más necesaria esta medida, puesto que la inflación disminuirá el poder adquisitivo y dificultará aún más el poder hacer frente a un alquiler al alza.

Informe Oxfam

Uno de los argumentos en los que se apoyan es el último informe de Oxfam sobre la vivienda, donde se consolida como uno de los principales ejes de desigualdad en España, por encima del empleo o los salarios. Según el informe, la crisis habitacional afecta directamente al 45% de la población, en un contexto en el que el mercado del alquiler actúa como una transferencia de renta desde los hogares con menos ingresos hacia los más acomodados. No en vano, los inquilinos presentan ingresos medios cercanos a los 22.000 euros, frente a los casi 47.000 de los propietarios, lo que amplía la brecha social y concentra la riqueza en los tramos más altos.

Lejos de afectar a un tramo específico de población, el informe apunta a que el alquiler se ha convertido en un problema estructural que se prolonga en el tiempo y afecta mayoritariamente a personas mayores de 34 años. La presión económica es notable: el 38% de los hogares en alquiler cae en situación de pobreza severa tras afrontar el coste de la vivienda, y el 85% de los inquilinos se encuentra en situación de sobreesfuerzo económico. Esta carga, apunta el documento, limita de forma significativa la capacidad de ahorro, hasta el punto de que seis de cada diez inquilinos no logran ahorrar a final de mes.

En paralelo, el informe alerta de un déficit estructural en la oferta de vivienda asequible. La vivienda protegida ha pasado de representar más del 50% en los años 80 a apenas un 10% en la última década, mientras que el parque de vivienda social en España (3,3%) se sitúa muy por debajo de los estándares europeos. Esta escasez contrasta con la existencia de 3,4 millones de viviendas vacías y se traduce en un aumento de los desplazamientos forzosos: uno de cada tres inquilinos ha tenido que mudarse en el último año por motivos económicos, en muchos casos abandonando su entorno habitual o regresando al hogar familiar.

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