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Investigación en marcha

Un juez requiere al Gobierno la desclasificación de documentos del CNI por presunto espionaje con Pegasus a exdiputados de la CUP

El magistrado también solicita que las autoridades de Luxeburgo aporten datos bancarios de la empresa que creó el programa

De Pegasus al CNI: las claves de las primeras querellas por el espionaje

David Fernández.

David Fernández.

J. G. Albalat

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Barcelona
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El juez de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo ha solicitado al Consejo de Ministros que proceda a la desclasificación de documentos, informaciones y datos declarados secretos o reservados que puedan estar relacionados con el presunto espionaje con Pegasus a los exdiputados de la CUP David Fernández, Carles Riera y Albert Botran. El magistrado ha admitido la petición del abogado Benet Salellas, que representa a los exparlamentarios, para que se desclasifiquen los papeles del CNI relacionados con las intervenciones telefónicas de los exdirigentes cupaires en 2019 y 2020.

En otra resolución, el magistrado también ha acordado la emisión de una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo identifiquen las cuentas bancarias de la compañía Osy Technologies Sarl, propietaria de las sociedades Q Cyber Technologies Limited y NSO Group, la empresa que creó y distribuye el programa Pegasus. Una vez identificadas, el juez solicita que se requiera una copia del extracto de los movimientos de dinero realizados entre 2016 y 2022, con el fin de determinar, si es posible, posibles pagadores españoles del programa espía.

Revelación de secretos

En su querella ante la justicia por el presunto espionaje con el software Pegasus, los tres exdiputados de la CUP habían solicitado también al juez que pidiera información sobre estas empresas, alegando que "serían responsables de la confección y comercialización de dicho programa orientado al espionaje, existiendo indicios de que NSO asistiría directamente a los usuarios de su programa Pegasus con servidores específicos bajo su control". En la resolución, el magistrado solicita esta información a Luxemburgo, ya que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento o revelación de secretos por el supuesto espionaje a los tres exdiputados entre abril de 2019 y junio de 2020.

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