La fiscalía reconoce por primera vez un delito de torturas en una detención de la policía franquista

La Fiscalía de Barcelona reconoce que la activista de independentista y de izquierdas Blanca Serra fue torturada en dependencias policiales, tanto en la capital catalana, en la comisaría de Via Laietana, como en Madrid, durante el franquismo. Sin embargo, no se ha podido determinar el autor o los autores de ese delito, cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad. Por esta razón, el ministerio público presentará una denuncia ante un juzgado, pero solicitará su archivo provisional. Serra compareció este jueves en la fiscalía para la notificación de esa resolución, en la que se deja la puerta abierta para que presente una demanda civil. Es la primera vez que el ministerio público abre una investigación por unos hechos de estas características y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

Iridia y Ómnium Cultural valoran positivamente que, por primera vez, una resolución reconoce las torturas en la comisaría de Via Laietana durante el franquismo, aunque la abogada Sonia Olivella alega que la investigación ha sido insuficiente y "evidencia una falta de voluntad de llegar hasta el final, ya que no se ha podido impulsar diligencias para identificar a los responsables" de las acciones, a pesar de que en los expedientes policiales constan los agentes que actuaron. Las dos entidades alertan de que la decisión de la fiscalía "consolida la impunidad de los crímenes del franquismo".

Blanca presentó en noviembre de 2024, en nombre propio y en el de su hermana Eva, ya fallecida, una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la delegada de la Fiscalía de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Gómez Expósito, por las torturas que sufrieron en dependencias policiales, tanto en la capital catalana como en Madrid, durante las cuatro ocasiones en que fueron detenidas durante la Transición. Sin embargo, la fiscalía solo ha investigado el primer arresto en 1977 porque la ley de memoria solo permite hacerlo hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución. El resto de detenciones serán remitidas a la Comisión Técnica de Memoria Democrática.

La fiscalía argumenta que la llamada Brigada Político-Social de la policía española detuvo a la denunciante y a su hermana por "el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura" y les infligió "violencia física y psíquica" con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándoles "secuelas de tipo traumático". Según la resolución notificada por la Fiscalía, los hechos se perpetraron "en el contexto de la persecución y represión política "instauradas por el franquismo y en el marco de un régimen "institucionalizado" de "opresión sistemática y generalizada" y "con la intención de mantener ese régimen".

Las detenciones

El primer arresto de Blanca y su hermana se remonta a febrero de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, y el último tuvo lugar en marzo de 1982, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, por llevar la primera un cartel con el lema "independencia". Estaban fichadas desde septiembre de 1975. "Te pegaban en la planta de los pies. No sabía que hacía tanto daño. Una vez me rompieron los dedos del pie y no me podía poner las zapatillas", recordó en su día esta mujer.

Blanca y su hermana Eva fueron militantes de organizaciones de la órbita independentista y antifranquista. Fueron detenidas en su casa en 1977, 1980, 1981 y 1982 -las tres últimas, ya con la Constitución vigente-. Primero eran conducidas a la comisaría de Vía Laietana, ahora Jefatura Superior de Policía de Catalunya, donde eran torturadas. En dos ocasiones, fueron trasladadas a lo que era la Dirección General de Seguridad del Estado, en la Puerta del Sol de Madrid, donde continuaban los malos tratos y los insultos. Tras su último arresto, en 1982, el juez de guardia de Barcelona decretó su prisión provisional e ingresaron en la antigua cárcel de la Trinitat. "Estuvimos aisladas", ha asegurado. Fue la Audiencia Nacional quien decidió su libertad días después.

La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante ella por una víctima de torturas durante el franquismo. Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales, según el ministerio público. Tras analizar todas las pruebas, ha llegado a la conclusión de que la actuación policial es constitutiva de un delito de torturas.

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