Tragsa aporta al Supremo una auditoría que atribuye a la "presión" de Adif la falta de control sobre las ausencias de la pareja de Ábalos

La empresa pública Tragsa ha remitido al Tribunal Supremo el resultado de dos investigaciones internas que atribuyen a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez (que fue pareja del exministro Ábalos) en su puesto de trabajo en esta entidad, donde fue contratada en relación con un encargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Cubrió este puesto entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO ha sido aportada al Tribunal Supremo de cara al juicio que se celebrará a partir del próximo 7 de abril contra Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por el 'pelotazo' en los contratos de compra de mascarillas para el Ministerio de Transporte a cambio de dádivas y los "enchufes" de los que fue pareja del primero tanto en Tragsa como en Adif. En la auditoría también se apunta cómo en los correos electrónicos de la empresa se referían a Jésica como "sobrina ministro".

Como ejemplo de estas presiones se cita un correo enviado en primer semestre de 2021 por Ignacio Zaldívar, que era el director e interlocutor del encargo por parte de Adif, en el que indicaba al 'controller' de la Gerencia, Sergio Bote Laguna, que "dejara de molestar a Jésica Rodríguez García en relación con la necesidad de fichar todos los días". A partir de la recepción de este correo "el control de los fichajes de esta persona no fue tan exhaustivo, más aún, sabiendo que trabajaba directamente con Presidencia de Adif (...) que su contrato se extinguiría a los pocos meses".

En la relación de mensajes también destaca otro de Virginia Barbancho, la jefa del proyecto, en el que dice textualmente: "Por otra parte Ignacio me ha contado que ya han llamado a la presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jésica a hacer muchas cosas'". La superior de la entonces pareja de Ábalos añade: "Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le da ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto".

Trabajador '204074'

La auditoría interna se desarrolló entre octubre y diciembre de 2024, con el fin de evaluar "los riesgos e incidencias derivados del proceso de selección, contratación y desempeño laboral del trabajador JRG con código 204047", que es el que se atribuyó a Rodríguez. En dicho informe se concluyó que "no consta en el sistema de control de presencia KELIO registro alguno de fichajes realizados por el trabajador JRG durante el período de vigencia de su contrato, ni se ha presentado, a través de la aplicación justificación de incidencia, ni causa alguna que justifique dicha ausencia de fichajes".

Dada la gravedad de los hechos, se procedió a trasladar la situación a la Responsable de Cumplimiento para su correspondiente investigación. Así, en enero de 2025, se dio inicio a la investigación por parte de la Unidad de Cumplimiento, la cual incluyó entrevistas al personal de la Unidad Organizativa responsable de la actuación en la que fue contratada Jésica.

Además de la presión de Adif, se constató "una comunicación insuficiente con los niveles superiores de la organización y que a pesar de que existía conocimiento sobre una posible irregularidad, esta no fue debidamente reportada", continúa el informe, que se refiere igualmente a la declaración de la propia Rodríguez como testigo en el Supremo en febrero de 2025, donde manifestó "que no había acudido a trabajar en las dos entidades públicas en las que fue contratada durante el mandato del entonces ministro Ábalos: Ineco y Tragsatec.

A raíz de esta declaración judicial, el 4 de marzo de 2025, el presidente del Grupo Tragsa solicitó a la Unidad de Cumplimiento la elaboración de un nuevo informe que profundizara en los hechos y además de la investigación interna se contrató una auditoría forense de la que ahora se conocen los resultados completos

Tragsa ha aportado una abundantísima documentación al Supremo en relación con la contratación de Jésica Rodríguez, entre la que figuran los correos electrónicos de su superior en los que les señalaba a quién dirigirse durante sus vacaciones, o en los que pedía que a los que se hubieran incorporado entonces grabaran sus partes de horarios del mes para que él pudiera revisarlos. Los correos aparecen firmados por Pablo Boticario Galavis, jefe del Departamento Desarrollo Rural y Política Forestal de la Gerencia de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Grupo Tragsa-Sepi.

Entrevistas suspendidas

En uno de los documentos aportados, de 522 páginas, consta que en febrero de 2022 se establecieron "medidas excepcionales" por las que se suspendieron las entrevistas para cubrir las vacantes de carácter temporal. La empresa también ha incluido entre la documentación remitida al alto tribunal el código ético de la compañía y sus protocolos de protección de datos.

Entre los correos remitidos también figura los que se cruzaron dentro de la empresa una vez que ya había estallado el caso Koldo. En ellos, el superior de Jésica Rodríguez afirma que revisaba los partes de todas las personas que debía supervisar, incluida ella, pero dice ignorar "ni de ella ni de ningún otro", si "los grababa ella o le pasó su usuario y contraseña a otra persona de Adif o donde fuera para hacerlo".

Entre los mails también aparecen los que Jésica Rodríguez envió a la antecesora de Boticario, Virginia Barbancho, en el que le indica que no sabe rellenar los partes de horarios y esta le señala que "la fila para cargar horas ya está añadida" y que "se trata de ir poniendo 7.46 en cada celada hasta final de mes". Además, le añade un "vamos, que lo tienes casi hecho".

102 CV desde Adif

Durante la investigación, Tragsatec ha constatado que Adif remitió un total de 102 currículums para cubrir puestos específicos en dos proyectos sucesivos, desarrollados entre 2017 y 2024. Esta práctica, sostenida en el tiempo, sugiere según "un grado elevado de discrecionalidad en la propuesta de candidatos, lo que podría comprometer los principios de libre concurrencia y objetividad en los procesos de selección".

En todo caso, Adif nunca informó a Tragsa sobre un eventual incumplimiento en la ejecución de las funciones asignadas a la persona contratada para el proyecto en concreto. "Por el contrario, de las comunicaciones mantenidas entre la empresa y el responsable del proyecto por parte del cliente, se infiere de manera implícita que la persona trabajadora desempeñaba sus tareas con normalidad", agrega la documentación aportada al Supremo.

También se señala que las comunicaciones internas se mantuvieron en el nivel de gerencia, sin que las observaciones fueran trasladadas a instancias superiores dentro de la organización. "Esta falta de escalamiento impidió que la información llegara a la Presidencia, limitando la posibilidad de tomar decisiones estratégicas en tiempo y forma", agrega el documento.

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