El Supremo revisará la decisión del Congreso de no indemnizar a Ábalos tras la pérdida de su escaño

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Narváez --quien formó parte del sector conservador del Tribunal Constitucional hasta 2022-- será el ponente de la respuesta que el Alto Tribunal dará al exministro José Luis Ábalos en el recurso que este presentó contra la decisión del Congreso de no indemnizarle tras la pérdida de su escaño.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dictó una resolución este martes admitiendo a trámite el recurso de Ábalos contra la decisión de la Mesa del Congreso de no pagarla la indemnización, que rondaría los 52.000 euros, dada su situación de prisión preventiva a las puertas del juicio que se celebrará contra él a partir del próximo 7 de abril por el 'pelotazo' en la compra de mascarillas para Transportes.

"En su consecuencia, requiérase al Congreso de los Diputados, a fin de que en el improrrogable plazo de veinte días, remita el expediente administrativo correspondiente, bajo los apercibimientos a que se refiere" la ley, señala la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Ábalos decidió acudir a un contencioso ante el Supremo después de que la Mesa del Congreso rechazara reconsiderar su decisión inicial de no indemnizarle, acordada por la Mesa el pasado 10 de febrero al considerar determinante su situación de suspensión de derechos y obligaciones parlamentarias tras renunciar al acta.

Según informó este periódico, el Parlamento se apoyó en un informe de sus servicios jurídicos que apuntaba a que Ábalos tenía suspendidos sus derechos desde que entró en la cárcel y se confirmó su procesamiento junto al que fuera su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Añadía que la indemnización solicitada es además incompatible con la pensión de jubilación que solicitó el exministro de Transportes.

A finales de enero, el exministro explicaba en la red social X que había optado por renunciar a su acta diputado para poder retirarse y cobrar la jubilación, ya que no le "ha quedado otra" si quiere poder "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa en el caso Koldo. "He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado", señalaba en el mensaje.

Los letrados del Congreso, en cuyo análisis se basó la Mesa para justificar su decisión, también explicaban indemnización por cese busca evitar las "dificultades" que puede conllevar la vuelta a la ocupación previa a la "dedicación a la actividad política" e insistían en que no tienen derecho al paro. Por ello la concesión de los 52.000 euros al ex diputado resultaría "contraria a la finalidad expresada" por el Reglamento de la Cámara para las pensiones parlamentarias.

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