El Senado aprueba la ley contra la multirreincidencia con una enmienda del PP para frenar la regularización de migrantes

El Senado ha dado este miércoles el visto bueno a la ley contra la multirreincidencia que acordaron PSOE, PP, Junts y PNV. Sin embargo, la norma incluye una enmienda impulsada por los populares, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, para intentar frenar la regularización de migrantes que anunció el Gobierno en enero. La modificación en cuestión, que aun deberá ser ratificada por el Congreso, obliga a los migrantes a entregar un certificado oficial de que no tienen antecedentes penales en ninguno de los países en los que hayan vivido y la ausencia de respuesta por parte de terceros países no se podrá suplir con una declaración responsable.

Tras varios meses de negociaciones, y en un gesto del Ejecutivo para atraer a Junts, la ley contra la multirreincidencia está ya a un paso de ser aprobada definitivamente. No obstante, el cambio impulsado por los populares complica el futuro de la norma, que la próxima semana volverá al Congreso. El Gobierno de coalición anunció en enero un pacto con Podemos para regularizar a cerca de 500.000 migrantes. Los requisitos principales son residir en España antes del 31 de diciembre y no tener antecedentes penales relevantes.

En este sentido, el reglamento que aprobará el Consejo de Ministros en las próximas semanas establece como requisito "carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España". Y, añade, que en el caso de que se haya solicitado esta información a las autoridades del país de origen y no habiendo respuesta en un plazo de un mes, será el Gobierno quien haga el trámite. Si persiste el silencio será suficiente que el interesado presente una "declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales".

Desde el principio, el PP se ha mostrado en contra de esta medida. "¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar papeles con su regulación masiva? Están convirtiendo esa regularización en un voladero para delincuentes. [...] La residencia en España se gana, no se regala", sentenció la diputada del PP, Cuca Gamarra, en el debate sobre la ley contra la multirreincidencia que tuvo lugar a mediados de febrero en el Congreso. En el Senado han introducido la modificación para que en cualquier futura regularización la carencia de antecedentes penales deba confirmarse "mediante certificación oficial" y que "en ningún caso" pueda sustituirse por "otros medios como declaraciones responsables".

Debate y modificación

"No podemos combatir eficazmente la multirreincidencia si nuestro ordenamiento permite que personas con antecedentes penales accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control riguroso", ha explicado el senador del PP Juan Bautista Milián. En este sentido, ha recalcado que exigir solo una declaración responsable es "convertir España en el mayor coladero de delincuentes de toda Europa" y por "puro sentido común" han cambiado el texto. Además, han introducido que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deban elaborar informes de todos los solicitantes para "evaluar si existe una amenaza real para el orden público".

El senador del PSOE José María Oleaga ha denunciado que la modificación impulsada por los populares y compartida también por Vox supone "la criminalización de la inmigración" al trasladar la idea de que miles de extranjeros que viven en España "son delincuentes". Así, ha recalcado que la población de personas migrantes ha crecido en España en los últimos 15 años, pero que "lo que no hay es una relación entre inmigración y delincuencia", ya que esta se ha reducido hasta tener un índice de delitos de 40,6 por cada 1.000 habitantes. Así, los socialistas tratarán de eliminar esta modificación cuando regrese al Congreso, algo para lo que necesitarán a todos sus socios.

El contenido de la norma

Lejos de esta polémica, el portavoz de Junts, Eduard Pujol, ha defendido el objetivo principal de la ley que impulsaron ellos en el Congreso, acabar con la multirreincidencia. "No es agradable denunciar un problema, como lo hemos hecho tantas veces, y tener que soportar, por un lado, el populismo estéril,el trumpismo de la extrema derecha y, por otro lado, un discurso infantil, negacionista y a veces absurdo de una buena parte de las izquierdas", ha dicho. Así, ante varios alcaldes posconvergentes que han acudido al Senado para el debate, ha recordado que "los robos continuos se han convertido en auténticas pesadillas que en muchos casos han roto la convivencia".

La norma cambia el paradigma de los delitos de hurto. Con el nuevo texto, aquellos que hayan sido condenados por tres delitos y al menos una de las veces por un delito leve, serán condenados a entre 6 y 18 meses. Se elimina el requisito actual de que el valor de lo hurtado sume 400 euros. Además, cuando "los objetos sustraídos fueran teléfonos móviles" la pena agravada de 1 a 3 años de cárcel, quedando excluidos los que estén expuestos para la venta en tiendas.

Por otro lado, el texto habilita a las entidades locales y los entes pertenecientes al sector público local ejercer la acción penal por los delitos de hurto. También se reforma el Código Penal para establecer que en los delitos recogidos en el artículo 57, entre los que están los de homicidio, aborto, lesiones o contra la libertad el juez podrá imponer medidas cautelares para residir o acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.

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